MIAMI, Estados Unidos. – El ciudadano estadounidense Robert M. Glen, heredero de dos propiedades en Varadero en cuyos terrenos ahora se erigen cuatro hoteles, pidió en diciembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que decidiera cómo interpretar la Ley Helms-Burton, según informó el periódico El Nuevo Herald.
Dicha petición podría determinar “la suerte de varias demandas de cubanoamericanos que buscan compensación por propiedades confiscadas en Cuba hace seis décadas”, precisa esa fuente.
Específicamente, la petición solicita a la Corte Suprema que determine el sentido del término “adquirir” usado en la ley, lo que permitiría o no que los herederos de las propiedades originales puedan demandar a las empresas que actualmente negocian con entidades cubanas vinculadas a las propiedades.
La demanda de Glen apunta a la compañía aérea American Airlines debido a que la compañía ofrecía reservar los hoteles embargados a través de su sitio web.
La Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de EE. UU. en 1996, permite que los ciudadanos estadounidenses (incluidos los cubanos naturalizados) puedan demandar a las empresas que participan en actividades comerciales con las propiedades confiscadas por el régimen de La Habana, tras enero de 1959.
Sin embargo, en la actualidad muchos de los propietarios originales ya fallecieron y los herederos como Glen no tienen claro si pueden llevar adelante su demanda. Según la ley, las personas que “adquirieron” el título de la reclamación después del 12 de marzo de 1996 no podrían demandar los bienes embargados por el régimen de la Isla.
En ese sentido, Glen también pidió a la Corte Suprema que determine si la herencia pasiva puede interpretarse como una adquisición. Con anterioridad, ya el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito había fallado que el denunciante tenía el derecho legítimo de demandar, pero que su demanda no tenía “mérito” porque había heredado la propiedad después de 1996.
Por su parte, los abogados del demandante arguyeron que se trataba de una interpretación “demasiado literal” y que dejaba “sin dientes al Título III” de la ley Helms-Burton, que fue activado por el expresidente Donald Trump en 2019 y el cual permite que los casos avancen en los tribunales.
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