LA HABANA, Cuba.- De los 591 prisioneros de conciencia verificados por Prisoners Defenders (PD) en octubre, 370 “pertenecen a la represión relacionada con el 11J (11 de julio de 2021) en Cuba, cifra aún inferior al 25% respecto al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población”, detalló la organización en su último informe.
La media de edad de los presos políticos del 11J es de 34 años, y el 60% tiene 35 años o menos, entre ellos 15 eran menores de edad en el momento del arresto, “lo que indica la gran participación de la juventud”. De acuerdo al documento, del total de casos estudiados más del 85% de los que enfrentan condenas superiores a los cinco años no presentan antecedentes penales.
“Todo lo mostrado evidencia que estamos ante un crimen contra la población civil, en particular contra la juventud que, si antes no creía en el sistema impuesto, ahora le tiene pánico al sistema como se le tiene a un criminal sin escrúpulos. Les acompaña la razón y la evidencia ante esta conclusión”, refiere PD.
La organización llama la atención sobre los casos de presos de la localidad de La Güinera, en La Habana, a quienes les imputan el delito de “sedición”, con penas entre los 10 y más de 20 años de prisión, las penas más altas de toda Cuba. Para PD, esta “barbarie judicial” se debe al encubrimiento que intentan hacer las autoridades cubanas del asesinato, por la espalda, de Diubis Laurencio Tejeda.
“Muchas decenas de personas vieron el asesinato, saben quién disparó, y serían testigos clave en caso de que Cuba fuera un Estado de Derecho para juzgar el asesinato. Pero sucede todo lo contrario. Al igual que la mafia manda asesinar a un testigo protegido, aquí el que ordena proteger la impunidad del asesinato cometido es el Estado. (…) Muchos de los acusados en La Güinera por “sedición” con penas superiores a los 10 años, y hasta superiores a los 20 años, fueron testigos del asesinato. No es una casualidad”.
Entre las condiciones que enfrentan los presos de conciencia, PD cita: celdas de castigo, impedimentos para realizar llamadas telefónicas a sus familiares, alejamiento de los familiares y allegados, golpizas y otras formas de tortura, negación de la asistencia médica médica, muertes en prisión y campos de trabajo trabajo.
En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de PD 683 presos y condenados políticos en Cuba; el mes de noviembre de 2020 inició con 137 presos y condenados. Desde entonces, han ingresado a la lista 544 nuevos casos. Del total, 78 han salido de la lista en igual período, más de la mitad por cumplimiento íntegro de las condenas, “el resto por ‘ajustes’ del régimen a su atroz represión desde el 11J”.
PD reconoce además a otros 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito.
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