MIAMI, Estados Unidos. — El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de la activista cubana Aniette González García, en prisión preventiva por publicar fotos con la bandera nacional en Facebook.
La ONG, con sede en Madrid (España), sostuvo que la medida de privación de libertad contra González García se produjo luego de “una detención arbitraria que califica como acto ilegal y denunciable”.
El reporte presentado por el OCDH ante esas organizaciones da cuenta de “un enfrentamiento severo entre derechos humanos irrenunciables, como el de libertad de expresión, libre creación y pensamiento, y la respuesta coercitiva del Estado cubano”.
En ese sentido, exigió el sobreseimiento libre, total y definitivo del proceso penal del proceso penal contra Aniette González García, quien reside en la provincia de Camagüey.
“Es concluyente que no puede haber detención donde no hay delito, no hay certeza de pruebas concretas, no hay evidencia de evasión de la justicia y no hay repercusión ni lesión social”, señala el dictamen del OCDH, que también fue enviado al Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Aniette González García fue detenida y recluida en prisión por sumarse a la iniciativa “La bandera es de todos”, que busca visibilizar la prisión arbitraria que sufre Luis Manuel Otero Alcántara, por el uso artístico de la bandera nacional.
Al igual que lo ocurrido al líder del Movimiento San Isidro (MSI), a la activista se le imputa un delito de “ultraje a los símbolos nacionales”.
“Ello significa que el uso patriótico libre de la bandera, entre cubanos, empleada fuera de los espacios oficiales/culturales institucionales y del canon ideológico que impone el Partido Comunista, es causa probable para la imputación de delitos”, afirma el OCDH.
Aniette González García, quien en su momento fue promotora cultural en la Isla, podría ser condenada a cinco años de prisión, en virtud de lo establecido en el nuevo Código Penal aprobado el pasado año por el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
