LA HABANA, Cuba. — “No puedo hablar, no puedo escribir, no puedo pensar… ¡no puedo respirar!”, fue una de las miles de reacciones que aparecieron en redes sociales luego de que el régimen cubano anunciara la Resolución 105 y el Decreto Ley 35, normativas que buscan “actualizar el marco jurídico en materia de telecomunicaciones” y “tipificar incidentes de ciberseguridad”.
Se trata de medidas que, al igual que el Decreto Ley 370, ya son vistas como mecanismos de control para coartar la libre expresión en el ciberespacio.
Los hashtag #NoAlDecreto35 y #NoAlDecretoLey35 se han vuelto virales en Twitter, plataforma que han aprovechado los cubanos para expresar su rechazo y pedir la eliminación de las normativas.
“El pueblo quiere libertad en las calles, y en las redes, y el régimen censura más, no aprenden. Están dándole más presión a la olla”, escribió el tuitero David González.
“Un gobierno que se dedique a jugar lo que sus ciudadanos expresen en redes sociales bajo el nombre de ‘noticias falsas’ e ‘interés del estado’ léase lo que le convenga al PCC y su ideología, es un gobierno que sabe que le queda poco, nadie podrá contra los deseos de libertad de todo un pueblo”, sostuvo en la red social Facebook el usuario Yunior Batista Mayo.
Las nuevas medidas tipifican como delito la “difusión de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a las movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”.
En el caso específico del Decreto Ley 35, considera ciberterrorismo “acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas. Pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social”.
El régimen cubano dejó claro además que es titular de los servicios públicos de telecomunicaciones y que, por ende, tiene la facultad de regular, ordenar, controlar y fiscalizar los diferentes servicios y redes de telecomunicaciones/TIC.
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