LA HABANA, Cuba. – El pasado 24 de febrero, en una ceremonia anunciada con bombo y platillo, la jerarquía castrista, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó el “Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana”. Se trata de un documento en el que los firmantes se comprometen a actuar de una manera decorosa, libre de cualquier forma de corrupción.
Pero ese compromiso no se circunscribió a la cúpula del régimen, sino que se extendió también a todos los niveles de dirección y a las organizaciones de masas en los diversos territorios de la Isla. Entonces, si nos guiamos por todos los funcionarios que firmaron el Código de Ética, llegaríamos a la conclusión de que Cuba podría convertirse en un paradigma de honestidad administrativa.
Sin embargo, si volteamos nuestra mirada hacia un período tan cercano en el tiempo como el pasado año 2023, advertimos una gran cantidad de hechos que atentaron contra las normas vigentes en entidades económicas y de servicios en todo el país. Una información aparecida en el periódico Granma da cuenta de acciones de control llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la nación, o vinculados con políticas sociales que supuestamente favorecerían a las personas vulnerables.
Al final del control la Fiscalía exigió responsabilidad disciplinaria y penal contra más de 2.000 personas, muchas de las cuales se desempeñaban como directivos y funcionarios. Entre los delitos detectados estuvieron la malversación, la falsificación de documentos, el uso indebido de recursos financieros y materiales, el cohecho, la no utilización de las normas de protección de los consumidores, y no cumplir con el deber de preservar los bienes en las entidades económicas.
Acerca de la política de la vivienda, se presentaron casos de fraude por parte de directivos de las direcciones municipales de la Vivienda, que informaron de inmuebles terminados sin estarlos realmente. Además, hubo irregularidades en la entrega de materiales de la construcción a las personas que se beneficiarían con su uso.
Con respecto a la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, fueron descubiertos algunos funcionarios que cometieron ilegalidades en beneficio propio y de terceras personas. También hubo fallas en la ejecución de los contratos para la entrega de dichas tierras.
El peliagudo tema del combustible para garantizar la actividad de Servicios Comunales, en especial la recogida de los desechos sólidos en una ciudad que amenaza con ser tragada por los escombros y la basura en sus calles, estuvo igualmente presente entre las ilegalidades cometidas por funcionarios y directivos. Por ejemplo, se detectaron niveles de consumo que carecían de documentación que los justificaran; hubo irregularidades en las operaciones contables que los involucraban; así como el desvío de gasolina destinada a los servicios necrológicos para actividades administrativas y otras no autorizadas en el sistema de Comunales.
Y hasta las direcciones de inspección estatal en los Órganos de la Administración del Estado se vieron envueltos en acciones calificadas como delictivas. Aquí se señalaron a inspectores que elaboraban comprobantes de multas falsos; otros que anulaban las multas para favorecer a determinados infractores; y no faltaron los que nunca presentaban las multas de sus amistades a las oficinas correspondientes para su registro y gestión de cobro.
Evidentemente, no se necesita ser muy perspicaz para llegar a la conclusión de que difícilmente tamaño ambiente de corrupción, ilegalidad y fraude, consustanciales a una maquinaria gubernamental como la castrista, pueda ser eliminado ahora por la simple firma de un documento de ética. A todas luces, la ética castrista se queda en un papel.
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