MIAMI, Estados Unidos. – La ONG Justicia 11J informó este lunes sobre un aumento de la hostilidad contra activistas y opositores cubanos durante marzo y lo que va de abril, lo que incluye múltiples detenciones de corta duración y privaciones de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos a siete opositores al régimen.
Específicamente, la organización expresó preocupación por los eventos en los que la Seguridad del Estado y oficiales de prisiones han arremetido contra mujeres.
A principios de marzo, 10 manifestantes del 11J redactaron en la prisión Mujeres de Occidente una carta en la que pedían al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, que acatara la petición del papa Francisco de conceder la libertad a los manifestantes de julio de 2021. Como respuesta, se les prohibió temporalmente el uso del papel y la redacción de cartas a todas las mujeres de la prisión.
La opositora y presa política Lizandra Góngora, madre de cinco hijos, fue enviada a la cárcel de mujeres de Isla de la Juventud, separada por mar y a más de 160 kilómetros de su familia. Anteriormente, la dama de blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Aymara Nieto sufrió un castigo similar. Otros manifestantes, como George Ramírez Rodríguez, Daniel Moreno y Maikel Puig Bergolla, también han sido víctimas de este método.
Brenda Díaz, condenada por participar en las protestas de julio, fue castigada con la celebración de un nuevo juicio el pasado viernes 14 de abril, tras defender a uno de sus compañeros que “había sido ofendido por su orientación sexual”.
Tres nuevas presas políticas, Aniette González García, Ienelis Delgado Cué (Mambisa Agramontina) y Leidyana Cazañas Amador, se suman a la lista de al menos 71 mujeres detenidas en el país. Se les acusa de “ultraje a los símbolos de la Patria”, “desacato a la autoridad” y de provocar la supuesta quema de árboles frutales, respectivamente.
El informe de Justicia 11J también se refiere al caso de la joven Zulmira Martínez Pérez (Salem), quien fue detenida el pasado 10 de enero, tras publicar en Facebook su intención de manifestarse públicamente. La Seguridad del Estado la acusó de generar “contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales”.
Además, la ONG denunció el interrogatorio de una niña de siete años, hija de la opositora camagüeyana Marisol Peña Cobas, en un proceso que busca separar a madre e hija debido al rechazo de la activista al adoctrinamiento de su hija en la escuela.
Justicia 11J solicitó apoyo en la visibilización de estas y otras denuncias, así como en el reclamo al Estado cubano en relación con el cumplimiento a protocolos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, que garanticen la seguridad física, mental y emocional de las personas bajo su custodia y sus familiares.
En ese sentido, la ONG instó con urgencia a que organizaciones de derechos humanos y de asistencia humanitaria presten atención a las prisiones de Cuba (#MirenLasPrisionesDeCuba).
