MIAMI, Estados Unidos. — A escasos días del aniversario 73 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el opositor José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció la situación en que se encuentra en la prisión penal de Mar Verde, en la provincia de Santiago de Cuba.
En comunicación telefónica con su esposa, Nelva Ortega Tamayo, Ferrer dijo encontrarse en un delicado estado de salud.
“Por defender precisamente los derechos humanos mi situación sigue siendo terrible. Mi salud sigue muy deteriorada, mis dolores de cabeza por desgracia continúan con mayor o menor intensidad. Sigo, más que preso, sepultado vivo y muriendo lentamente”, expresó el disidente cubano.
Ferrer aseguró que, pese al momento que atraviesa, se mantendrá firme en la lucha por los derechos humanos en la Isla.
“Los invito a que realicemos, dentro y fuera de Cuba, todas las acciones posibles, de orden cívico y no violento a favor de los derechos humanos”.
El líder de la UNPACU sostuvo que, pese a que la isla caribeña fue uno de los firmantes de la Carta de los Derechos Humanos, los cubanos carecen hoy de libertades y de otros muchos derechos fundamentales.
“Cuando Cuba era democrática, en 1948, una delegación de nuestro país participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Setenta y tres años después, en nuestra patria se violan en mayor o menor medida todos los derechos humanos”.
José Daniel Ferrer fue detenido arbitrariamente el 11 de julio de 2021 junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, cuando se disponía a participar en una de las decenas de protestas antigubernamentales que se extendieron por numerosos territorios del país.
A lo largo del último año, la situación de los derechos humanos en Cuba se ha deteriorado, con un aumento significativo del número de presos políticos.
La organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) notificó que desde noviembre de 2020 a octubre de 2021 el número de presos y condenados políticos en Cuba ascendió a 683.
La ONG, con sede en Madrid, registró durante ese período más de 1 500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias, aplicados en su mayoría a los manifestantes detenidos a millares desde el 11J.
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