LA HABANA, Cuba. – A punto de cumplir 62 años, Boris Agustín Osorio Ramos ha dedicado las últimas dos décadas de su vida al activismo político y a la defensoría de los derechos humanos, aceptando un desigual desafío que lo ha llevado a sufrir acoso y golpizas, más el rechazo y la traición de familiares, amigos y vecinos, según contó a CubaNet.
En los últimos 20 años el régimen no ha respetado su derecho a ejercer el trabajo, o a practicar cualquier gestión económica legal, una violación a la que están expuestos todos los opositores de la Isla.
“Nadie sabe lo que mi familia y yo hemos pasado, las necesidades con las que crecieron mis hijas. Ahora es mi nieta, que es pequeña y ni culeros que ponerle tenemos. El Gobierno paga muy poco, es cierto, pero algo hubiéramos resuelto son eso”, explicó Osorio.
Privados de poder trabajar (sus hijas también), argumenta que sobreviven gracias a las ayudas ocasionales que recibe de “hermanos de lucha” que residen en el exterior, quienes en algún momento también le han prometido extenderle la mano para que mejore las pésimas condiciones constructivas de su vivienda.
La casa del opositor está ubicada en el municipio Habana Vieja, a un costado de la Dirección Provincial de Patrulla. Es de madera, tejas de fibrocemento y zinc, cartones, planchas de metal y otros retazos de materiales que cubren los hoyos del techo, el piso y las paredes. La mayoría de las tablas, al apretarlas con los dedos, ceden y se quiebran como galletas.
“Aquí no tenemos ni taza de baño, todo es improvisado y bastante insalubre. Esta es nuestra realidad, una bastante difícil, pero en estas condiciones lo sigo dando todo por la libertad de Cuba”, señala el entrevistado, sentado a la entrada del domicilio.
Trampas, palizas y maltratos, el premio de un opositor cubano
Osorio es miembro del Partido Republicano, el cual es dirigido por Ibrahím Bosh y Magdalena Hidalgo. Al mismo tiempo milita en el Movimiento Escudo Cubano, organizado por Maritza Lugo y otros cubanos desde el exilio.
Sus actividades como opositor, asegura, lo han envuelto en una oleada represiva en la que, además del hostigamiento y las golpizas, la Seguridad del Estado le ha abierto un expediente por delitos como “terrorismo” y le ha exigido que abandone el país si no quiere afrontar una condena de 10 a 30 años de cárcel.
“Están tan agresivos por la cantidad de denuncias que hago en las redes sociales”, estima Osorio, que en 2019 sufrió un arresto domiciliario de seis meses.
El 26 de mayo de 2020 fue citado por el primer teniente Yoel Rubio Collazo, instructor judicial de la Dirección General de Inteligencia (DGI), para notificarle el sobreseimiento provisional de las actuaciones en su contra y la revocación de la medida cautelar de reclusión domiciliaria que le había sido aplicada.
No obstante, “el expediente sigue abierto”, denuncia el opositor.
Hace un par de semanas el opositor comprobó que lo mantienen estrictamente vigilado. En compañía de una de sus hijas y con la presión arterial alta, se dirigía al Hospital “Miguel Enríquez” cuando fue interceptado por una patrulla policial y un oficial de la Seguridad del Estado, contó.
“Vinieron específicamente sobre mí, a pedirme el carnet de identidad. Les expliqué que estaba apurado, que no estaba para debates porque la cabeza me quería explotar y necesitaba bajarme la presión”, el opositor explicó a los agentes, pero el represor de la Seguridad del Estado le arrebató su celular de forma violenta y lo lanzó contra una pared.
El técnico que revisó el móvil asegura que tenía roto el display y la cinta, amplía Osorio. El arreglo costaba unos 15 000 pesos, por lo que no tuvo más opciones que vender al mismo técnico el resto de las piezas y al menos sacar algún provecho. “Este es el sexto teléfono que me rompe la Seguridad del Estado”, lamentó.
No soy un hombre sano
Además de hipertenso, Osorio tiene cálculos renales y padece de hemorroides. Habitualmente requiere atención médica, pero teme asistir a los centros hospitalarios donde una mala atención intencionada podría costarle la vida, teme. Si necesita inyectarse pide la ampolleta y lo hace en casa, por desconfianza.
“No es paranoia si tomas en cuenta la muerte en condiciones sospechosas de varios opositores, como fueron los casos de Laura Pollán, Ada María López Canino y Julia Estrella Aramburo, entre otros”, ejemplificó.
Por sus padecimientos, debe tomar una serie de medicamentos que son prácticamente imposibles de encontrar en la red de farmacias nacionales y que, por sus nulos ingresos, para él tienen un precio prohibitivo en el mercado negro.
Entre ellos, para controlar la presión arterial necesita consumir Captopril, Hidroclorotiazida, Diazepam y Difenhidramina; mientras que para las Hemorroides requiere Proctocaína y Venaton, ambas en crema.
“La entrada a mi casa es un callejón oscuro y desolado. Entre la represión y los problemas de salud que no puedo resolver por falta de medicamentos… si amanezco tirado en un rincón que luego nadie diga que fue muerte natural”, terminó.
