MADRID, España.- Una investigación reciente publicada por El Diario Vasco ha sacado a la luz testimonios de cubanos que han sido víctimas de explotación en España, calificada por organizaciones como Prisoners Defenders como una forma de “esclavitud moderna”. El reportaje revela la realidad de cubanos que han sido sometidos a contratos laborales abusivos por parte de las autoridades de la Isla.
El artículo expone el caso de tres ciudadanos cubanos que han sido afectados por esta explotación: un especialista deportivo, un mecánico naval y un ingeniero electricista. Según los testimonios recogidos, estos trabajadores se vieron sometidos a jornadas laborales extenuantes que oscilaban entre las 54 y 77 horas semanales, con salarios ínfimos y condiciones de trabajo deplorables.
Lo más alarmante es que muchos de estos trabajadores ni siquiera tenían conocimiento completo de los términos de sus contratos, y algunos ni siquiera sabían cuál sería su destino laboral al aceptar el empleo. Además, se les prohibía tener vida privada o llevar a sus familias con ellos, convirtiendo su situación en un aislamiento forzado.
La investigación revela que los cubanos recibían menos de la mitad del salario que les correspondía, mientras que el resto iba a parar a manos del régimen cubano. Incluso, parte de lo prometido no se les entregaba hasta que regresaban a Cuba, privándolos aún más de recursos económicos necesarios.
Los testimonios también revelan la amenaza constante sobre la intimidad de los trabajadores. Uno de los casos mencionados expone cómo una trabajadora fue reprendida por mantener relaciones personales con una colega española, enfrentándose a la perspectiva de dos años de separación de su profesión una vez que regresara a Cuba.
El panorama se agrava con las sanciones impuestas por el Gobierno cubano a aquellos que deciden no regresar al país tras finalizar su contrato. Estas sanciones pueden implicar hasta siete años de prohibición de entrada a la Isla.
El pasado 2 de enero Naciones Unidas hizo pública la Carta Acusatoria que envió al régimen de Cuba acusándolo de trabajo forzoso, una de las formas de esclavitud moderna tal y como apuntaran las Relatoras Especiales de Trata de Personas y de Esclavitud el 6 de noviembre de 2019, en la primera de las tres acusaciones de esta naturaleza que recibió La Habana por parte de la ONU.
Poco después, el 24 de enero, Prisoners Defenders (PD) dijo haber tenido acceso a la respuesta del Gobierno cubano a las acusaciones de prácticas esclavistas presentadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata.
A pesar de haber demorado 20 días más del plazo establecido para responder, la misiva de Cuba llegó a la ONU sin abordar las acusaciones más graves. Según la ONG Prisoners Defenders, el régimen de Miguel Díaz-Canel le respondió fuera de plazo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las acusaciones de trabajo forzoso y no contestó a los señalamientos concretos de los relatores.
En su respuesta, el régimen afirmó que su actuar es legítimo según el “artículo 16 de la Constitución de la República [de Cuba]”. Sin embargo, no abordó directamente las acusaciones referentes a su legislación, descritas como esclavistas por los especialistas. Prisoners Defenders también informó que el 75% de 1.402 colaboradores cubanos en el exterior, según declaraciones juradas entregadas a la organización, afirmaron no haber sido voluntarios. A pesar de esto, la dictadura sostiene que la relación laboral se basa en la voluntariedad, sin presentar evidencia contractual que respalde tal afirmación.
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