MIAMI, Estados Unidos. – El pasado jueves 28 de septiembre entró en vigor en Cuba el Decreto 96, dictado por el Consejo de Ministros del régimen de la Isla y titulado “Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y situaciones de acoso en el ámbito laboral”. La nueva norma surge en un contexto donde las denuncias de prácticas laborales discriminatorias y despidos injustificados van en aumento, según publicaciones en redes sociales y medios independientes.
El propio Decreto 96 especifica que las leyes cubanas buscan con urgencia “garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y promover un ambiente laboral justo, inclusivo y respetuoso”. El texto prohíbe explícitamente “la discriminación, la violencia y el acoso, por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, situación de discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana”.
Esta nueva norma llega tras un informe publicado en marzo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que apuntaba directamente a “patrones sistemáticos de violación de los derechos laborales” y describía una “discriminación estructural que afecta a las personas afrocubanas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y a la población LGBTI“.
Este contexto más amplio revela situaciones de “precariedad laboral, empeoramiento de las condiciones de contratación, ausencia de medidas de protección de la salud y seguridad laboral y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo que da lugar a sanciones disciplinarias, expulsiones e incluso, despidos injustificados”, según el mencionado informe.
En este sentido el Decreto 96 establece que “la discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral constituyen una forma de violación de los derechos humanos, del principio de igualdad en el trabajo y una amenaza para la igualdad de oportunidades en el empleo”, afectando no solo la integridad física y psicológica del trabajador, sino también su entorno familiar y social.
Pese a este avance normativo, activistas y organizaciones globales de derechos humanos persisten en señalar notorias discriminaciones de índole política en los espacios laborales de Cuba, donde se han documentado situaciones de coacciones y despidos políticamente motivados.
Además, las mismas instancias han expresado una profunda preocupación por la falta de derechos sindicales, explotación de profesionales sanitarios en el extranjero, creciente informalidad laboral impulsada por la severa crisis económica, bajos salarios, y carencia de medios y condiciones laborales adecuadas.
