LA HABANA, Cuba.- Todo indica que este 2023 será un año difícil para los actores no estatales que se desenvuelven en la economía cubana. Los trabajadores por cuenta propia, cooperativitas e integrantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afrontarán problemas con la producción y comercialización de sus bienes y servicios, deberán enfrentar una política tributaria más exigente, y también tendrán que sortear las maniobras del régimen tendientes a controlarlos cada vez más.
En medio de un desabastecimiento generalizado, sin un mercado mayorista estable que les permita adquirir sus insumos y materas primas, estos actores no estatales deben hacerse con frecuencia de esos insumos mediante el desembolso por la izquierda —en la economía sumergida— de Moneda Libremente Convertible (MLC). Y después, contradictoriamente, las autoridades no les permiten que comercialicen sus producciones y servicios en esa moneda.
Por otra parte, si llevan a sus precios en moneda nacional el costo de esos insumos al tipo de cambio vigente, ese precio se considerará elevado —o abusivo, según la terminología oficial—, con el consiguiente riesgo de recibir multas y sanciones gubernamentales.
Como parte de semejante faena represiva, este año se anuncian muchos topes de precios, así como una activa labor de los inspectores estatales. En ese contexto, a los actores no estatales les costará trabajo evitar las pérdidas económicas que este acoso gubernamental pudiera provocarles.
En lo concerniente a la política tributaria, este 2023 se inicia sombríamente a raíz de las palabras de la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, en la última sesión de 2022 de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En dicha cita, la funcionaria abogó por un incremento en la recaudación de impuestos, así como por minimizar las brechas que, según ella, han posibilitado en los últimos tiempos la evasión fiscal por parte de cuentapropistas y otros contribuyentes.
Así las cosas, el diario Granma, en su edición del 9 de enero, anunció el inicio de la campaña de declaración jurada de ingresos personales correspondiente al 2022. Se aclara que a los integrantes de las miymes no se les considerarán los gastos que hayan tenido en su gestión, lo que sin dudas repercutirá en un mayor impuesto a pagar. Y en esta ocasión, por vez primera, todos los cuentapropistas, incluyendo los que tributan por el régimen simplificado, deberán presentar las referidas declaraciones juradas. Aquellos que declaren ingresos inferiores a los 200 mil pesos, no pagarán impuestos adicionales. Pero, para el año próximo, ya las autoridades han anunciado que exigirán la declaración de un ingreso mínimo, lo que pudiera provocar que todos tengan que pagar esos impuestos al final del periodo fiscal.
Y no menos agobiante para cuentapropistas, cooperativistas e integrantes de las mipymes resulta el afán de la maquinaria del poder por atraerlos hacia sí y ejercer un control más absoluto sobre ellos.
En los últimos tiempos ese accionar gubernamental se ha venido ejerciendo, entre otros mecanismos, a través del sindicalismo oficialista, con gran protagonismo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Ese gremio castrista libra una gran ofensiva por sindicalizar a esos actores no estatales, y se lamenta de que, no obstante a su tesonera labor, menos de la mitad de esos actores se han sindicalizado. Por supuesto, sindicalizarlos bajo el manto de la CTC. Así se logra transmitir el mensaje político-ideológico de la cúpula del poder.
En recientes declaraciones al periódico Trabajadores de un miembro del Secretariado Nacional de la CTC se resumen las intenciones de ese gremio hacia estos actores económicos no estatales: “Sin duda, para el movimiento sindical la atención a los nuevos actores económicos, su sindicalización, representación y movilización en la construcción de un mejor país constituye el principal desafío de la organización”.
Todas estas acciones del aparato de poder han ocasionado que un número nada despreciable de estos actores, sobre todo de cuentapropistas, hayan renunciado a sus licencias para seguir trabajando. El castrismo no acostumbra publicar el número de bajas que se van produciendo entre estos trabajadores privados; pero es fácil recorrer las calles y comprobar el cierre de muchos establecimientos privados que antaño prestaban servicios a la población.
Una realidad que desbarata sueños y aspiraciones a quienes lo apostaron todo por sus negocios, pero que también decepciona a los consumidores, que cada día cuentan con menos opciones con que eludir los insuficientes servicios estatales.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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