MADRID, España.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un llamado al Estado cubano “para que se asegure la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 11 de julio en Cuba”.
A través de un comunicado de prensa publicado este 29 de noviembre, recordaron al régimen dictatorial de la Isla “su deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a reunión pacífica”.
Así como manifestaron su preocupación por las continuas “estrategias represivas e intimidatorias por parte del Gobierno cubano para intentar impedir la Marcha Cívica por el Cambio.
CIDH y RELE informaron estar al tanto de la solicitud de autorización presentada por los miembros del Grupo Archipiélago para poder marchar y de las advertencias de la Fiscalía General de la República “a las personas organizadoras que de insistir en la protesta, serían acusadas de varios delitos, entre ellos desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir”.
Se recibió información también sobre actos represivos e intimidatorios entre el 12 y 15 noviembre, sobre retenciones domiciliarias con vigilancia policial, actos de repudio y hostigamiento, citaciones a interrogatorios en estaciones policiales, cortes deliberados en el servicio de internet y asedio a periodistas de diversos medios de comunicación independientes, incluida la retirada de credenciales a cinco corresponsales de la Agencia EFE en La Habana, precisó el comunicado.
Con respecto a la salida de Cuba del activista y dramaturgo Yunior García, indicaron que “habría sido motivada por las amenazas, la retención domiciliaria, y los actos de hostigamiento en su contra y de su familia”.
Las entidades defensoras de los derechos humanos finalizaron su comunicado recordando el deber de los Estados “de actuar sobre la base de que las protestas sociales son lícitas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público” y que la labor de la policía es proteger los derechos de las personas que participan en las manifestaciones, no la de “confrontación y limitación de derechos”.
“La protesta social y la libertad de expresión constituyen herramientas que contribuyen a explorar mecanismos de diálogo e intercambio entre las autoridades y la ciudadanía”, insistieron.
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