LA HABANA, Cuba.- El 16 de febrero del presente año ocho organizaciones internacionales de derechos humanos remitieron una carta a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que exponían las graves violaciones de derechos humanos en Cuba y, por tanto, la instaban a informar y denunciar sobre esta situación en la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que inició el 28 de febrero último y se extenderá hasta el 1 de abril próximo.
“Los cubanos están viviendo una de las peores situaciones de derechos humanos en el país en muchos años. El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública mientras los cubanos atraviesan una grave crisis económica que afecta sus derechos sociales y económicos”, señalan en la misiva.
Amnistía Internacional, Article 19 Oficina para México y América Central, el Comité para la Protección de Periodistas, Cubalex, Human Rights Watch (HRW), Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders (PD), las ocho organizaciones firmantes, expusieron además la ejecución de juicios sumarios y ordinarios a cientos de manifestantes, la mayoría de los acusados (790 según reconocieron las autoridades cubanas a fines de enero, aunque PD ya registra 869) se encuentran en prisión preventiva. Los que han sido juzgados, en su mayoría, fueron sentenciados a penas excesivas de hasta 20 años de privación de libertad.
“Muchas de las personas detenidas durante las manifestaciones del 11 de julio estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante días o incluso semanas, fueron objeto de violencia injustificada durante los arrestos y, en algunos casos, fueron maltratadas durante la detención. A algunos los obligaron a permanecer desnudos en cuclillas, los privaron del sueño, los golpearon brutalmente y los mantuvieron en celdas sin luz natural donde dicen que perdieron la noción del tiempo. Otros fueron amenazados con represalias contra ellos o sus familias por protestar. Otros fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario o sometidos a intensa vigilancia física y detención si intentaban salir de sus hogares, una práctica previamente documentada en Cuba”, explican en la carta.
Aunque a cuatro días de las masivas protestas gubernamentales del 11 de julio (11J) de 2021 Bachelet se pronunció exigiendo la liberación de los detenidos arbitrariamente, desde entonces, “lamentablemente, la represión en Cuba contra manifestantes, activistas y periodistas solo se ha profundizado (…). Cientos siguen en detención arbitraria o arresto domiciliario y varios activistas y periodistas independientes se han visto obligados a exiliarse”.
Además de estas “medidas drásticas para castigar a las personas que participaron en las manifestaciones”, el régimen cubano ha tomado otras disposiciones con el objetivo de “desmantelar el limitado espacio de libertad que permitió que se llevaran a cabo estas protestas”. Apenas un mes después del 11J, se aprobó el Decreto Ley 35 y varias normas complementarias “que restringen severamente la libertad de expresión en línea”. De igual forma, a fines de enero del presente año las autoridades hicieron público el anteproyecto de Código Penal, el cual incluye una disposición que podría castigar a entre 4 y 10 años de prisión a quien proporcione, reciba o tenga fondos “con el propósito de pagar actividades contrarias al Estado y su orden constitucional”. Esta norma, según las organizaciones firmantes, “podría usarse fácilmente para atacar a activistas y periodistas independientes”.A casi un mes del envío de esta misiva, Bachelet ni siquiera ha dado acuse de recibo.
La decisión de las organizaciones de hacer pública la carta hoy responde a que justo este 8 de marzo la Alta Comisionada emitirá su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, “donde debería denunciar la situación en Cuba”, alega Juan Pappier, Investigador Sénior, División de las Américas de HRW.“Señora Alta Comisionada -sentencian las organizaciones en la carta-, su condena pública sigue siendo de vital importancia para proteger los derechos de los cubanos y aumentar la atención internacional sobre la inaceptable represión en el país. Instamos a su oficina a hablar más abiertamente sobre la situación en Cuba y permanecemos a su disposición para discutir las condiciones del país”.
No es esta la primera vez que Bachelet desdeña la situación en Cuba; en septiembre del pasado año no incluyó a la isla en la actualización global sobre los países que violan los derechos humanos alrededor del mundo, ingorando así las peticiones de organizaciones como HRW y Prisoners Defenders.
En declaraciones a CubaNet, Pappier consideró que “hasta ahora, la Alta Comisionada ha optado por mantener un silencio público sobre la situación en Cuba y, al parecer, se ha comunicado con el régimen de forma mayormente privada. Esta estrategia no está dando resultados y debe ser modificada. Hoy Cuba vive una de las peores situaciones de DD.HH. en lo que va del siglo”.
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