MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes su determinación a “asegurar que el mundo no se olvide de ninguno de los manifestantes del 11J y condenar las sentencias injustas anunciadas esta semana” por el régimen cubano.
Estas declaraciones, publicadas en Twitter por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se deben a los juicios militares contra 33 participantes en las protestas populares de Güira de Melena, Artemisa, el pasado 11 de julio, y que tienen lugar desde este lunes y hasta el próximo 11 de marzo en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del tribunal del municipio 10 de Octubre.
“Nadie debería ir a la cárcel por cantar, preguntar por los detenidos y animar a otros a marchar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”, destacó la sede consular.
La entidad compartió además un informe del Centro para una Cuba Libre, donde se detallan las más recientes violaciones de los Derechos Humanos por parte del Gobierno cubano.
El documento denuncia las penas de prisión contra los opositores Félix Navarro Rodríguez y su hija Sayli Navarro, confirmadas este 2 de marzo; la agresión a la defensora de Derechos Humanos, Keilylli de la Mora; y el acoso a familiares de los manifestantes del 11J, como es el caso de Yudinela Castro Pérez, madre del preso político de 18 años, Rowland Jesús Castillo Castro, encarcelada en Villa Marista desde el pasado 24 de febrero.
Algunos de los manifestantes juzgados esta semana en Güira de Melena son procesados por tribunales militares, especialmente los que tuvieron relación con los hechos acontecidos en las Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD).
De acuerdo a explicaciones del abogado Julio Ferrer, las TRD son consideradas instalaciones militares, porque pertenecen o están subordinadas o patrocinadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y, según la ley, los tribunales militares son competentes para conocer de los procesos penales por hechos cometidos en zonas militares, previamente establecidas por las autoridades facultadas para determinar y calificar qué zonas pueden ser consideradas como militares, con independencia de la condición de civiles de los que hayan participado en esos hechos”.
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