LA HABANA, Cuba. – El manifestante del 11J Harlen Oropesa Carrero denunció vía telefónica desde el centro penitenciario El Pitirre que se encuentra padeciendo de una infección persistente en una muela, para lo cual las autoridades del penal le niegan el correspondiente tratamiento médico, incluso como última opción la extracción de la pieza afectada.
Oropesa Carrero amplió que cada vez que se dirige a las autoridades en reclamo de asistencia médica los militares aducen que no hay medicamentos, no hay anestesia o no hay guantes.
El prisionero político afirmó que los militares justifican las carencias con el “bloqueo” dirigido por el Gobierno de Estados Unidos contra el régimen cubano; sin embargo, de acuerdo con su opinión en este caso el bloqueo es interno, pues, según asegura, en el centro carcelario sí entran medicamentos, lo que sucede es que las autoridades no los ponen a disposición de los reclusos.
El manifestante indicó de igual modo que una prima le hizo las gestiones en un policlínico para extraerle la muela infectada, pero las autoridades penitenciarias también se negaron a esa posibilidad.
El prisionero político declaró además que en los ocho meses que lleva recluido en la 15-80 (como también se conoce a esa instalación carcelaria de máxima seguridad ubicada en la carretera Santa María del Rosario, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón) ha perdido varias piezas dentales a causa de prolongadas infecciones para las que tampoco ha recibido tratamiento estomatológico.
Con sus palabras, el manifestante del 11J señaló que el hecho de haber participado en las protestas populares ocurridas en la Isla en julio de 2021 no significa que puedan privarlo de derechos inalienables como el de recibir tratamiento médico ni justifica que se le propinen tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El prisionero político enfatizó que el resto de los manifestantes cautivos reciben los mismos maltratos, y añadió que a los que protestan se los amenaza con retirarles otros derechos, como la promoción a régimen de mínima severidad, la libertad condicional, con suspenderles las visitas o con añadirles otro año más de condena.
Oropesa Carrero añadió que hace alrededor de tres meses fue conducido a consulta externa en el hospital Miguel Enríquez para atenderse un problema renal, y en ese centro de salud le indicaron un ultrasonido. Sin embargo, desde entonces nunca más lo han llevado a hacerse la prueba con la justificación de que no hay petróleo.
El preso político se refirió igualmente a la ausencia en el centro penitenciario de una autoridad dedicada a defender los derechos de los reclusos, lo cual, opinó, sin dudas incide en la cantidad de maltratos recibidos.
