MADRID, España.- A dos años de las históricas protestas populares ocurridas el 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba, el régimen de la Isla mantiene encarceladas a 661 personas por su participación en estas, de acuerdo al informe de Prisioners Defenders publicado este 10 de julio.
“Esas personas sufren el peor calvario, pues todos son torturados, como demostró nuestro Primer Estudio Integral de la Tortura en Cuba. Por medio de la monitorización de 181 casos, entre los que 168 se tomaron aleatoriamente, se demostró que en Cuba todos los presos de conciencia y/o políticos son torturados inmisericordemente, cada día”, denunció la organización.
Asimismo, señala que los menores, los jóvenes, las mujeres y el colectivo LGTBI son algunos de los grupos más torturados en prisión, donde el 80 % de los presos sufren al menos cinco tipos de tortura y no pocos hasta 15 tipologías de tortura.
Actualmente los menores que siguen estando en la lista de presos y prisioneros políticos en Cuba son 31 niños y cuatro niñas, en total 35 menores, los que aún cumplen sentencia (32 de ellos) o están siendo procesados penalmente (tres de ellos).
“De nuestra lista actual, 211 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 209 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 116 mujeres (incluyendo varias de género trans), las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia”, indicó la organización con sede en Madrid.
Aún siguen saliendo casos que estaban presos desde el 11J, precisa el documento.
Además, indica que el total de presos políticos en Cuba este 30 de junio ascendía a 1.047, con 16 que se sumaron en el mes de junio, sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva.
Prisoners Defenders entregó sus informes a diversos mecanismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en forma de denuncia.
