MADRID, España.- Prisoners Defenders (PD) presentó este lunes un informe que documenta la imposición sistemática de trabajo forzoso en el sistema penitenciario cubano con fines económicos y punitivos. Según la organización, al menos 60.000 personas entre los 90.300 internos y 37.458 sancionados en régimen sin internamiento son obligadas a trabajar en condiciones “inhumanas y explotadoras”, en desconexión con la legislación internacional y sin garantías laborales. A partir de fuentes oficiales y recolección propia, PD estima un promedio de 61.920 penados sometidos a trabajo forzoso.
El estudio se apoya en 53 declaraciones individuales de personas privadas de libertad que realizaron “trabajo correccional” durante su condena. Los cuestionarios —61 preguntas— se aplicaron entre abril y agosto de 2025. La organización afirma que la coacción es estructural: el 100% de los declarantes reportó amenazas personales o a su familia, represalias penales o violencia física para forzarlos a continuar trabajando. Asimismo, el 94,34% dijo haber sido obligado a trabajar con enfermedades o lesiones incompatibles; el 98,11% refirió ausencia de medicamentos, tratamientos o seguimiento médico adecuado. La carga laboral promedio alcanzó 63,06 horas semanales, en jornadas de 6 a 7 días y unas 10 horas diarias.
Carbón y tabaco: producción desde las prisiones
Los “testimonios tipo” recogidos describen labores de elaboración de carbón vegetal, agricultura, tabaco y corte de caña bajo condiciones extremas. Uno de ellos señala: “Había que cortar el marabú, realizar el fuego para generar el carbón, y empaquetar 50 sacos de carbón vegetal al día”. Otro afirma: “Para producir el carbón, dormimos en el campo, sin camas, sin techo… Sólo podemos beber el agua sucia de un abrevadero”. PD también consigna secuelas físicas y psicológicas —desde lesiones y problemas de columna hasta trastornos de ansiedad e insomnio— en 43 de los 53 casos analizados.
El informe sostiene que estos trabajos nutren cadenas de exportación, en particular de carbón vegetal de marabú (HS 4402). Con datos del OEC y WITS, PD señala que Cuba exportó 61,8 millones de dólares en 2023, ubicándose noveno exportador mundial; los principales destinos fueron España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía. La organización advierte además que parte del carbón que España reexporta a otros mercados europeos podría incluir partidas de origen cubano adquiridas a bajo costo.
PD documenta igualmente trabajo forzoso en la producción de tabaco dentro de prisiones. En la cárcel de Quivicán, describe una fábrica de puros de Tabacuba con 40 presos y 2 civiles. Los civiles, con jornada de lunes a viernes y salario aproximado de 40.000 CUP (≈97 USD al mes), contrastan con los presos, que serían llevados a trabajar entre 06:30 y 21:00–22:00 casi todos los días y recibirían 3.000 CUP (≈7,32 USD al mes), sujetos además a objetivos de 50 a 130 puros diarios y descuentos arbitrarios. PD calcula que, con una producción conservadora de 75 puros al día, la retribución media por puro para el preso sería de 0,00325 USD, frente a un precio medio de importación a la UE de 3,05 USD y un PVP estimado de 21 USD.
En el plano jurídico, el documento alega violaciones a los Convenios 29 y 105 de la OIT, al PIDCP, a las Reglas Mandela y a normativa europea como la EU Forced Labour Regulation y la CSDDD, llamando a autoridades y empresas en la UE a investigar, ejercer debida diligencia y prohibir la comercialización de bienes asociados al trabajo forzoso. PD concluye que las prácticas descritas configuran “formas contemporáneas de esclavitud” y demanda medidas inmediatas para proteger a las personas privadas de libertad en Cuba.
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