LA HABANA, Cuba.- Los impagos de las empresas estatales a los productores, especialmente a aquellos del sector agropecuario, se ha convertido en uno de los problemas más graves que afronta la economía cubana. En ese sentido, en una Mesa Redonda de la televisión nacional, celebrada el pasado mes de abril, directivos del Ministerio de Finanzas y Precios declararon que la empresa que le deba a un productor tendrá que parar sus operaciones, y cada ingreso que genere será para pagarles a los productores.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que tal aseveración quedó solo en el discurso, pues en la práctica continúan los impagos a los productores. La situación se torna tan alarmante que la propia prensa oficialista ha publicado sendos reportajes (ediciones del periódico Granma correspondientes a los días 12 y 25 de octubre) referidos a los impagos -y también a los atrasos en las remuneraciones- que han afectado a los productores de leche en varias provincias del país.
Como parte de las cacareadas 63 medidas adoptadas por las autoridades para estimular la producción agropecuaria, se decidió centralizar los precios a pagar a los ganaderos por la leche entregada a la industria. El esquema quedó de la siguiente manera: a aquellos productores que incumplan los planes de entrega se les pagará a 7 pesos y 59 centavos el litro de leche; los que cumplan los planes de entrega recibirán 9 pesos por litro; y a los sobrecumplidores se les abonarán 13 pesos por cada litro de leche entregado.
Semejante normativa no satisface a buena parte de los ganaderos, quienes aducen que esos precios calculados burocráticamente no toman en cuenta los elevados gastos en que incurren los productores, además de los medicamentos que deben adquirir -casi siempre en la economía informal- para mantener la buena salud del rebaño.
Evidentemente, y debido a lo demandado del producto por la población, el gobierno debió permitir que fuese el mecanismo de mercado el que fijara los precios a los ganaderos. Solo así se estaría estimulando verdaderamente a los productores. El resultado de la injerencia gubernamental en la fijación de dichos precios resulta elocuente: solo en la provincia de Villa Clara se han dejado de entregar a la industria más de 8 millones de litros de leche en lo que va de año.
Por otra parte, el citado engranaje de establecer tres tipos de precios a los productores ha devenido en una maraña burocrática que complica y ralentiza las operaciones de pago en las que intervienen las empresas que procesan la leche y los bancos. Algunos productores se quejan de que han debido esperar, en el mejor de los casos, 40 días para que se les pague por la leche entregada a la industria.
El déficit de leche que recibe la industria ha provocado que el Estado deba importar una cantidad adicional de leche en polvo para cubrir las necesidades de la población. Una situación que pone en aprietos a las finanzas gubernamentales si tenemos en cuenta que la tonelada de leche en polvo en el mercado internacional ya ronda los 4 mil dólares.
Y vale aclarar que la leche en Cuba únicamente se distribuye por el gobierno a los niños hasta los siete años, y a determinadas personas que poseen dietas médicas. En las tiendas en divisas la leche está perdida, y ni pensar en adquirirla en la economía sumergida o bolsa negra. De encontrarla, el precio sería inimaginable. En fin, que para el cubano de a pie, tomarse un vaso de leche es un lujo casi inalcanzable.
Bueno, ¿y qué hace la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) con vistas a defender los intereses de los productores de leche? Pues, al parecer, muy poco. Eso sí, se ha reunido últimamente con sus miembros para que rechacen la marcha pacífica programada para el 15 de noviembre.
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