MIAMI, Estados Unidos ― El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política para restringir visas y la entrada al país de extranjeros que financien, recluten, inciten o presten apoyo a grupos terroristas de extrema izquierda y otras organizaciones vinculadas con ellos.
La medida, presentada este 16 de julio por el secretario de Estado, Marco Rubio, no establece una prohibición general contra los ciudadanos de ningún país, pero podría aplicarse individualmente a cubanos si Washington determina que participaron en alguna de las conductas incluidas en la política.
El comunicado firmado por Rubio señala que la política restringirá la entrada de ciudadanos extranjeros que “financien, recluten, inciten o de otro modo faciliten redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda”. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, el objetivo es impedir que esas organizaciones utilicen las vías migratorias para amenazar vidas, afectar la estabilidad económica o coordinar acciones violentas dentro de Estados Unidos.
La disposición incluye a integrantes de esos grupos que hayan apoyado o incitado actos terroristas; respaldado actividades criminales violentas; participado en sabotajes económicos; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas; o facilitado la coordinación entre diferentes redes con el propósito de ejecutar actos de violencia.
El Departamento de Estado no identificó en el comunicado a personas concretas ni publicó una lista de organizaciones que quedarían comprendidas bajo la categoría de “otros grupos alineados”.
La base jurídica invocada es la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que declara inadmisible al extranjero cuya entrada o actividades previstas en Estados Unidos puedan tener, a juicio del secretario de Estado, consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense. Una persona considerada inadmisible bajo ese apartado queda impedida tanto de recibir una visa como de ser admitida en el país.
La misma ley establece, sin embargo, que una persona no debe ser excluida únicamente por sus creencias, declaraciones o asociaciones pasadas, actuales o previstas cuando estas sean lícitas en Estados Unidos. Para apartarse de esa protección, Rubio tendría que determinar personalmente que la admisión del extranjero comprometería un interés imperioso de política exterior estadounidense y notificar al Congreso la identidad de la persona y los motivos de la decisión. Por tanto, la norma no convierte por sí sola una ideología de izquierda o una expresión política legal en causa automática para negar una visa.
Para los cubanos, el efecto concreto dependerá de una evaluación individual. Un solicitante podría recibir una negativa si las autoridades estadounidenses consideran que financió, promovió, reclutó miembros o prestó apoyo material o logístico a las redes descritas.
La causal también se refiere a la admisión, por lo que un visado vigente no garantiza la entrada si las autoridades concluyen posteriormente que el viajero es inadmisible.
La nueva medida se suma a las severas restricciones migratorias que ya pesan sobre los nacionales cubanos. Desde el 1 de enero de este año, Estados Unidos mantiene parcialmente suspendida la expedición de visas B-1/B-2 de negocios y turismo, F y M para estudiantes, J para participantes en programas de intercambio y todas las visas de inmigrante para cubanos que estaban fuera del país y no poseían una visa válida cuando entró en vigor la Proclamación presidencial 10998. Los residentes permanentes, algunos diplomáticos, determinados participantes en grandes acontecimientos deportivos y los dobles nacionales que viajen con un pasaporte no restringido figuran entre las excepciones previstas.
El Departamento de Estado también mantiene desde el 21 de enero una pausa separada en la expedición de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Cuba, mientras revisa sus procedimientos relacionados con la autosuficiencia económica y el posible uso de beneficios públicos.
Los cubanos pueden presentar solicitudes y asistir a entrevistas, pero las visas permanecen sin emitirse salvo las excepciones anunciadas por Washington. La política contra las redes de extrema izquierda funcionaría como una causal adicional e independiente y podría tener especial relevancia para categorías de visas de no inmigrante que no están comprendidas en la suspensión parcial basada exclusivamente en la nacionalidad.
El Departamento de Estado no explicó qué pruebas utilizará para establecer que un extranjero pertenece a una red “alineada”, cómo distinguirá la actividad política protegida del apoyo material a la violencia ni qué procedimientos se emplearán para comunicar las decisiones.
