MADRID, España.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, acusó al régimen cubano de utilizar la votación anual sobre el embargo estadounidense en Naciones Unidas para proyectar una imagen de respaldo internacional, mientras evita introducir reformas políticas y económicas y favorece el enriquecimiento de sus dirigentes.
«El régimen está intentando desesperadamente aferrarse al poder, en lugar de llevar a cabo reformas políticas y económicas inmediatas, significativas e irreversibles que ayuden al pueblo cubano», afirmó el funcionario estadounidense en una publicación en X este jueves 22 de octubre.
Segura sostuvo que las autoridades de La Habana aprovechan el apoyo que recibe cada año la resolución contra el embargo para presentarlo como una muestra de legitimidad política ante la comunidad internacional.
«Aprovecha su votación anual sobre el embargo en la ONU para afirmar que la comunidad internacional está de su parte, con el fin de seguir enriqueciendo a quienes ostentan el poder mientras explota a su propio pueblo», denunció en ese sentido.
Las declaraciones forman parte de los cuestionamientos de Washington a la campaña diplomática del Gobierno cubano, al que acusa de responsabilizar al embargo estadounidense de la crisis económica de la Isla mientras evita asumir su responsabilidad por las políticas internas y las condiciones de vida de la población.
El pronunciamiento de Segura se produce a pocos días de que la Asamblea General de Naciones Unidas debata, los próximos 27 y 28 de octubre, el proyecto de resolución presentado por Cuba bajo el título «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba». La votación está prevista para el miércoles 28.
El texto, presentado anualmente por La Habana desde 1992, ha recibido tradicionalmente el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, ese apoyo se redujo significativamente en la última votación.
El 29 de octubre de 2025, la resolución obtuvo 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones, frente a los 187 apoyos registrados en 2024. La disminución de 22 votos favorables constituyó uno de los principales reveses diplomáticos recientes para el Gobierno cubano en este foro.
Entre los países que votaron en contra en 2025 estuvieron Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Paraguay, Macedonia del Norte y Ucrania.
La nueva votación se desarrolla en medio de un enfrentamiento entre ambos gobiernos por el posicionamiento de los Estados miembros.
El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció este miércoles 21 de octubre que algunos países podrían modificar su voto, aunque atribuyó ese eventual cambio a las presiones estadounidenses.
«Sabemos que hay gente que va a cambiar el voto, porque se acobardan ante las presiones de Estados Unidos», afirmó durante una emisión de su programa Criterio Compartido.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó a Washington de ejercer presiones diplomáticas para reducir el apoyo a la resolución, mediante supuestas amenazas de aranceles, restricciones de visados y suspensión de programas de cooperación.
En paralelo, organizaciones opositoras y activistas cubanos han promovido una campaña dirigida a gobiernos democráticos para que voten contra la resolución o se abstengan. La iniciativa, encabezada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), reunió inicialmente más de 550 firmas y superó posteriormente las 1.000 adhesiones, según sus promotores.
Los impulsores de la campaña consideran que el respaldo diplomático al texto es utilizado por las autoridades cubanas para reforzar su posición internacional, pese a la represión política y la crisis económica que atraviesa el país.
La incertidumbre también alcanza a países que tradicionalmente han apoyado la resolución, como Alemania, cuyo Gobierno indicó este mes que todavía no había concluido el proceso para definir el sentido de su voto.
La ofensiva diplomática estadounidense busca reducir nuevamente los apoyos a La Habana y colocar en el centro del debate la situación política, la represión y la responsabilidad de las autoridades cubanas en la crisis que atraviesa el país.
