CDMX, México. – El 6 de junio pasado, el ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera Martínez, aseguró en el programa oficial Mesa Redonda que las leyes y normas jurídicas aprobadas recientemente por el Parlamento cubano ―y aquellas otras incluidas en el actual cronograma legislativo― “forman parte del proceso de actualización y modernización del marco jurídico cubano, con el objetivo de garantizar una gestión más eficiente y transparente de la economía y el Estado, así como la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.
Sin embargo, las normas aprobadas hasta el momento violan cada uno de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. El lenguaje burocrático del ministro oculta el contexto político y económico impuesto por la dictadura cubana.
De las 36 leyes y 87 decretos-leyes aprobados entre el 2018 y el 2023, solo tres normas regulan los derechos humanos universales, en dirección contraria a su respeto.
La Constitución de la República establece derechos que son, inconcebiblemente, anulados en el propio texto. La Carta Magna cubana coloca por encima de la ley el papel del único partido político permitido en el país, es decir, una organización no sometida a la ley dicta la interpretación y la aplicación de las leyes nacionales.
La Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo, deja que sean las autoridades las que determinen cuándo respetar la privacidad de los ciudadanos y cuándo no, lo cual ha mantenido los asesinatos de reputación en los medios de difusión oficiales contra disidentes, periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Esto incluye la autoinculpación de personas bajo privación de libertad, jóvenes, adolescentes y opositores, entre otros, en los programas televisivos del Gobierno mediante videos producidos por el Ministerio del Interior (MININT).
La Ley de Amparo Constitucional no garantiza ninguno de los derechos plasmados en la Constitución; de hecho, deja sin amparo a los sancionados en los tribunales y delega en los jueces la aceptación o no de las demandas ciudadanas por el abuso de poder de las autoridades.
El resto de las leyes y decretos-leyes fortalece el control totalitario de la dictadura sobre los ciudadanos, y cercena sus derechos humanos económicos, sociales, culturales, cívicos, políticos y jurídicos.
En su intervención en la Mesa Redonda, el ministro cubano de Justicia se refirió a la implementación del Código de las Familias pero no reconoció que los derechos de los niños siguen vulnerados, que 39 adolescentes han sido condenados por manifestarse el 11 de julio del 2021, ni que miles más se encuentran en las 12 “escuelas integrales” dirigidas por el MININT con disciplina carcelaria y sin libertad.
Es bueno señalar que los funcionarios del MININT deciden el internamiento en estas “escuelas” sin apelaciones posibles de otras instituciones o de los familiares de los niños y adolescentes en régimen de confinamiento. Las edades que predominan en estas “escuelas” son de entre 14 y 16 años.
Por otro lado, las leyes penales y procesales refuerzan la criminalización de los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación, movilidad, reunión, asociación, prensa e imprenta libre.
Las leyes que se refieren a la economía mutilan los derechos económicos de los ciudadanos, al trabajo libre, la empresa libre, el sindicalismo libre, el derecho a la propiedad de la tierra de quien la trabaja, el control gubernamental sobre la producción de alimentos, incluida la pesca y el ganado. En ellas se puede leer la intención de proteger la inocuidad de los alimentos, pero nada se puede encontrar sobre el secuestro del aparato productivo del país por parte del régimen.
Las leyes que vendrán no corrigen lo anterior
El ministro de Justicia anunció 52 nuevas leyes y 29 nuevos decretos-leyes que deberán aprobarse en la nueva legislatura del Parlamento. Pero estas no amplían los derechos humanos de los cubanos.
Silvera Martínez dijo: “Cabe destacar que la ley de empresa busca actualizar el marco jurídico para el desarrollo de la economía cubana, estableciendo las bases para una gestión empresarial más eficiente y transparente”.
En el contexto cubano, hasta ahora, el Gobierno subsidia las empresas en bancarrota y mantiene secuestrados los mecanismos de producción y comercialización de las mipymes. Además, conserva el monopolio de importación y exportación con algunas excepciones al margen de la ley.
“La Ley de Extranjería y la Ley de Ciudadanía, por otro lado, regulan los derechos y deberes de los extranjeros y de los ciudadanos cubanos, estableciendo las normas para el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia en el país”, dijo el ministro. ¿Pondrán en blanco y negro las restricciones políticas para residir en Cuba? No, pero es una violación que ejercita la dictadura desde hace seis décadas.
“La Ley de Identidad, por su parte, establece las normas para la identificación y registro de las personas, garantizando el derecho a la identidad y la protección de los datos personales”. El ministro no reconoció que esta norma duplica la Ley de Protección de Datos Personales.
“La Ley de Atención de Quejas y Peticiones tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana en el control y fiscalización de los organismos, entidades y empresas estatales, a través de la presentación de quejas y peticiones”, dijo Silvera Martínez, aunque las leyes que regulan las funciones y atribuciones de las instituciones gubernamentales cubanas tienen anuladas las posibilidades de la ciudadanía de incidir en el control del Gobierno. Mientras, el Código Penal y la Ley de Comunicación Social penalizan las críticas y demandas al Gobierno.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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