LA HABANA, Cuba. – “Me arrestaron de forma violenta cuando protestábamos pacíficamente”, declaró a CubaNet el pedagogo Pedro Albert Sánchez, de 62 años, quien fue detenido el pasado 11 de julio por sumarse a las protestas que sacudieron a la Isla ese día.
El profesor preuniversitario de Matemáticas y Física ya había sido detenido por la Seguridad del Estado el pasado mes de diciembre, después de convocar a una protesta pública en el parque John Lennon, en el Vedado, mediante un video publicado en redes sociales.
Este 11 de julio, sobre las 5:00 de la tarde, Albert Sánchez se dirigió a la intercepción de las vías que comunican los municipios de Regla y Guanabacoa. Le habían informado que después de una aparente calma, la protesta había resurgido en el encuentro de las céntricas avenidas.
A esa hora el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ya había convocado a sus seguidores a desatar la violencia contra los manifestantes en las calles.
“Vi de una parte todo el poder acumulado, con palos en las manos (…). En la otra parte vi unos infelices gritando cosas (…). No dudé en ponerme de parte de ellos”, cuenta Albert Sánchez.
“Primero llega a donde estoy un civil, pero después fue un policía que me gritaba que nosotros no íbamos a tumbar el comunismo en Cuba”, también relata. “Me esposaron de forma violenta y me condujeron a la estación policial de Guanabacoa (…). Allí fue que conocí lo que en verdad sucedía en todo el país; nos actualizábamos con los que iban siendo arrestados en los posteriores días”.
El primero de los cuatro días en la estación policial de Guanabacoa, Albert Sánchez no comió nada y durmió en el suelo del pasillo hasta ser interrogado por un instructor policial en horas de la madrugada. El segundo día le permitieron dormir en el clóset donde se guardan los colchones de los detenidos.
El profesor narra que durante su arresto siempre existió el riesgo latente de contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2.
“Estábamos aglomerados en el pasillo estrecho; no existían condiciones para protegernos del virus. La mayoría (de los oficiales) fumaba, incluso con los nasobucos puestos el riesgo de contagio era alto (…). Los calaboceros, que eran los mismos que nos servían la comida, la servían con el nasobuco quitado y un cigarro encendido en la boca”.
Sin garantías procesales
El 15 de julio, pasadas las 10:00 de la noche, el grupo de manifestantes detenidos fue trasladado a la Unidad de Instrucción Penal de Alamar, donde las autoridades continuaron violando el debido proceso penal iniciado contra Albert Sánchez y el resto de las personas arrestadas.
Durante los 13 días en el centro de interrogatorio conocido como Técnico de Alamar, Albert Sánchez se mantuvo incomunicado con el mundo exterior. No tuvo ningún tipo de contacto con sus familiares ni asistencia jurídica, a la que debió tener derecho desde el momento de su arresto.
De hecho, el aislamiento carcelario al que fue sometido clasifica como una forma de tortura que produce daños psicológicos en el detenido y lo fuerza a la autoincriminación.
Albert Sánchez compartió la celda con otros ocho detenidos durante las protestas, de los cuales varios resultaron positivos a la COVID-19. “El primero en dar positivo se estaba sintiendo mal desde que estábamos en la unidad policial de Guanabacoa; a ese no lo vimos más. (Luego) nos hicieron el PCR a todos y de los ocho, cuatro dieron positivos”.
Tras 17 días de aislamiento en centros de interrogatorio policial, el profesor fue llevado a la prisión de Valle Grande, lo que califica como un alivio por la presión psicológica a la que estuvo expuesto durante el proceso de instrucción penal, en celdas insalubres, bajo el riesgo de contagiarse de COVID-19 y sin asesoría jurídica o contacto familiar.
De la falta de garantías a la manipulación oficial
La falta de garantías procesales en Cuba está sustentada por las propias leyes, que dejan a expensas de la Policía y no de un juez la prisión cautelar del detenido. En la Isla, además, las leyes responden al poder político gobernante.
Finalmente, Albert Sánchez fue puesto en libertad provisional mientras espera un juicio por el supuesto delito de alteración del orden público. Cuando su hijo procedía a pagar su fianza, la Policía lo citó para la Unidad de Instrucción Penal de Alamar.
En el centro de interrogatorio, agentes de la PNR y la Seguridad del Estado prepararon y grabaron la entrega del padre al hijo, realizada en un salón climatizado.
“Filmaron la conversación con una oficial y otro [agente] que había atendido mi caso. Lo primero que pregunté es qué iban a hacer conmigo (…). La idea era que hablara de cómo se me había tratado, si no había recibido maltrato, y que si había aprendido que esa [la protesta pública] no era la forma de conquistar libertad de expresión”.
Aun violando la legalidad, el régimen cubano acostumbra a grabar a los detenidos y manipular las imágenes, que luego transmite en televisión nacional u otros medios para “lavar” las torturas y actos represivos contra los detenidos.
Recientemente, Joselin Sánchez, director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo Popular, declaró a la prensa oficial que en la mayoría de los casos, los sancionados por manifestarse el 11 de julio estaban acusados por el delito de alteración del orden público, el mismo que fue imputado a Albert Sánchez.
Esa figura penal es habitualmente utilizada por el régimen para castigar el derecho a la protesta pública, y de manera específica a quienes salieron a las calles el 11 julio para exigir el fin de la dictadura en Cuba, entre otras demandas.
Sujeto a la libertad provisional, aún el profesor Albert Sánchez no conoce el alcance del delito por el que irá a juicio. Titubea cuando intenta definir la relación existente entre sus actos y la figura penal que se le imputa. En todo el proceso solo logró cerciorarse de una idea que repite con resolución: el Gobierno no tiene “voluntad política” para aceptar la protesta pacífica como un derecho del pueblo cubano.
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