MIAMI, Estados Unidos. – El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana informó que, de 808 personas arrestadas desde el pasado 11 de julio, al menos 531 permanecen en detención y, algunas de ellas, en paradero desconocido.
No obstante, las cifras podrían ser aún mayores debido al temor de los familiares u otras personas allegadas a los detenidos y/o desaparecidos a denunciar.
El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, es una de las personas que, desde esa fecha, permanece en manos de las autoridades santiagueras, totalmente incomunicado.
Según declaraciones de su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba rechazó el recurso de habeas corpus presentado en su favor, y aún no ha respondido a dos peticiones de cambio de medidas realizadas recientemente.
“Después que dictaron prisión provisional por la falsa acusación de desorden público, hemos ido en varias ocasiones al Tribunal de Santiago de Cuba, pero aún esperamos respuestas”, indicó el joven de 18 años.
“El día de la detención, mi papá se sentía mal, había tenido vómitos con sangre debido a patologías estomacales que presenta desde hace años y que han empeorado durante las prisiones que ha sufrido”, lamentó su hijo.
Por su parte, otra de sus hijas, Martha Beatriz Ferrer, aseguró durante un encuentro de líderes republicanos con exiliados en Miami, que toda su familia tiene gran preocupación e incertidumbre por el estado de Ferrer García.
Arrestados o en espera de juicio
Otro de los opositores que permanecen bajo arresto es el guantanamero Enrique Mustelier Sosa, integrante de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, a quien su madre, Deysi Sosa, reporta como “desaparecido”.
“Pido a las instituciones religiosas, a todo el mundo, que me ayuden. Estoy desesperada. Mi hijo fue detenido el 11 de julio y no lo he visto. Necesito verlo, aunque sea de lejos para saber si está vivo. Estoy desesperada”, aseguró.
Por su parte, el activista de 68 años Félix Navarro Rodríguez, líder del Partido Pedro Luis Boitel, presenta un “delicado estado de salud”. El opositor fue trasladado desde la prisión El Combinado del Sur, de Matanzas, al Hospital Militar “Mario Muñoz Monroy”, tras resultar positivo a la COVID-19.
De Navarro solo se obtiene información a través de los reportes médicos, a veces contradictorios, que por vía telefónica obtiene la familia. Otro de los arrestados en esta ciudad, Carlos Olivera, compañero de lucha de Navarro, falleció en manos de las autoridades por un supuesto paro cardíaco debido a complicaciones generadas por la COVID-19.
También en Matanzas, un grupo de miembros del movimiento liderado por Navarro, fueron trasladados a El Combinado del Sur. Después de varios días de incomunicación, la Fiscalía Provincial de ese territorio dictó prisión preventiva para Francisco Rangel, Leidián Fuentes y Armando Abascal.
“Rechazaron el habeas corpus y solo nos han dicho que se encuentran bajo investigación. No nos han dicho el delito del que se les acusa ni nos han entregado un documento legal”, dijo a CubaNet Sissi Abascal, hija de Armando.
Por su parte, el pastor Mario Félix Lleonart, coordinador del Instituto Patmos y promotor de Cuba Decide, denunció la situación de dos promotores de dicha iniciativa. Se trata de Javier Delgado, de 53 años de edad, quien vive con su hija y nieta en Caibarién, Villa Clara, y que fue detenido en su vivienda en la noche del 12 de julio por una supuesta acusación de desorden público.
Delgado, también integrante del Instituto Patmos, fue enviado a la prisión La Pendiente, de Santa Clara, a pesar de padecer diferentes enfermedades crónicas y depender de un balón de oxígeno permanente.
El otro promotor es Leonel Tristá García, quien habría realizado una huelga de hambre, según informaron varios reclusos. Las autoridades de La Pendiente aseguraron que había abandonado la huelga, pero la familia no ha logrado verlo ni comunicarse con él, ni siquiera por vía telefónica.
Desde la Isla de la Juventud, Dayanis Salazar denunció el estado de su padre, Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero.
“Fue detenido en la vía pública por sumarse a las protestas. Luego, lo enviaron a la prisión El Guayabo, acusado de un falso delito de desorden público”, dijo la joven de 20 años, que se ha convertido en la portavoz de la familia tras el arresto de su padre.
“Pude saber que está muy enfermo; no puede caminar siquiera, se aguanta de las paredes. Ni puede comer bien porque su salud no se lo permite. Temo que mi papá muera en la cárcel. No entiendo tanta severidad con un hombre que no le ha hecho daño a nadie”, cuestionó Dayanis, que también fue detenida junto a una decena de integrantes de su organización.
“Fui multada con 30 pesos y Yasmany Mosqueda (otro activista) con 2 000. Otros fueron liberados bajo fianza, como Martha Pérez, que tuvo que pagar 2 000 pesos. Durante la detención algunos fueron golpeados, entre ellos Juan Luis Sánchez y Loisel Castro, que permanecen bajo arresto”.
En condiciones similares estuvieron las opositoras Marieta Martínez Aguilera y Yolanda Carmenate, miembros de la UNPACU y Cuba Decide. Martínez Aguilera, quien además es miembro de las Damas de Blanco, fue liberada el 3 de agosto con una fianza de 2 000 pesos.
“Mi manifestación fue pacífica, desde el Malecón, San Lázaro, Galiano, Boulevard, Calle Amistad y hasta llegar al Parque de la Fraternidad fui exigiendo libertad junto a un grupo de personas. Agentes de la dictadura me sacaron de allí con mucha violencia, hasta me aplicaron una llave de estrangulación”, aseguró.
“Estuve en los calabozos de la Cuarta Unidad con muchísimas mujeres. Ese día en la madrugada nos condujeron prácticamente a ciegas, en un auto cerrado hasta (la estación de) 100 y Aldabó. Allí me obligaron a desnudarme y hacer cuclillas. Luego me dieron un número ―410105― y me dijeron que así me llamaría a partir de ese momento”.
La exprisionera política aseguró que las autoridades en ese centro de detención no respetaban las medidas para evitar la propagación de la COVID-19. También denunció que fue víctima de varios interrogatorios realizados durante la madrugada por el instructor de su caso.
“Querían que les dijera quién me había pagado para estar ese día en la calle, quién me había incitado a salir y quiénes me acompañaban”, señaló. “A mí me liberaron, aunque sigo pendiente a juicio, pero allí en esos calabozos quedaron muchos jóvenes”, agregó.
En tanto, Carmenate permaneció confinada en un calabozo de la prisión El Típico, en la provincia de Las Tunas.
“Me uní a las manifestaciones y protesté frente al Gobierno Municipal. Fui conducida arbitrariamente con violencia y ofensas como ‘vieja asquerosa’. De la tercera estación fui llevada al centro de torturas El Típico”.
Según su testimonio, junto a ella se encontraban otras cuatro manifestantes del 11 de julio, a las que las autoridades mantuvieron en condiciones de “hacinamiento, sin ventilación, durmiendo en el cemento y en colchonetas con bichos”.
“A esas condiciones deplorables hay que sumar los dolores producidos por la violencia con la que me arrestaron. Salí destruida física y emocionalmente por los dolores corporales y por la muerte de mi padre”, lamentó.
La opositora recibió la noticia de la muerte de su padre estando detenida, pero las autoridades del régimen se negaron a llevarla hasta el funeral. Luego de 24 días, Carmenate fue liberada bajo una fianza de 3 000 pesos.
“Me dijeron que seré enjuiciada en los próximos días por los falsos delitos de desacato, resistencia, propagación de epidemias y alteración del orden público”, aseguró.
En 2016, Carmenate fue condenada a dos años y seis meses por protestar frente a la sede del Partido Comunista de Cuba de su provincia. Más adelante, en 2018, por colgar letreros que decían “Vivan los Derechos Humanos” y “Abajo la dictadura” recibió una segunda sanción de un año y tres meses, acusada supuestamente de incitar a delinquir y desacato.
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