CIUDAD DE MÉXICO.- En la última semana, activistas y organizaciones de Derechos Humanos han compartido en sus perfiles una treintena de nombres y algunas fotos de fiscales y jueces cubanos involucrados en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. Lo anterior ha provocado que se juzgue si es legítimo o no exponer la identidad de las autoridades implicadas, porque esto supuestamente podría significar una violación de su privacidad.
Desde la oficialidad respondieron, con tono amenazante, a quienes han mostrado la información. La Unión de Juristas de Cuba (UNJC) y hasta el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, advirtieron que “contra todo aquel que intente subvertir” la justicia con “amenazas”, “descrédito” o “facilitando la información”, “caerá todo el peso de la ley”.
El detonante de esta situación fue el anuncio el 16 de marzo de las condenas a 127 personas a un total de 1 916 años de cárcel, por los delitos de hurto y sedición principalmente. Todos se manifestaron el 11 de julio en Toyo y La Güinera, dos barrios pobres y marginalizados de La Habana. Entre los condenados había seis menores de edad.
CubaNet te explica cuatro razones por las que sí es legítimo exponer las identidades de los funcionarios implicados.
- Son funcionarios públicos
Los fiscales y jueces son funcionarios públicos y por tanto están sometidos al escrutinio como parte del principio de transparencia que debe regir su actuar. Conocer datos como su nombre y apariencia es un derecho básico a la información. Además, a la ciudadanía le corresponde fiscalizar su trabajo y valorar si lo ejercen o no con apego a la ley y no de manera arbitraria. Los estándares internacionales dictan que sí debe ser público, no hacerlo es una manera de garantizarles impunidad.
Dicho escrutinio representa también una forma de medir los niveles de aprobación o no de su gestión, y de ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Giselle Morfi, abogada de Cubalex, agrega que esta información no solo debe ser pública, sino también de fácil acceso para la ciudadanía, y que debería estar disponible en Internet.
“Los jueces deben hacer públicos sus perfiles o páginas en redes, sus nombres completos, edades, teléfonos de trabajo, correo electrónico, apariencia, ideología”, detalla Morfi. Generalmente, la información que no esté relacionada con el ejercicio de sus funciones no tiene por que publicitarse. Por ejemplo, todo aquello que corresponda a su vida privada y familiar. No deberían ser expuestos su dirección, lugares que frecuente, número de teléfono privado, expediente médico, orientación sexual. Aunque algunos de estos datos pueden ser requeridos según el caso.
- Han violado el debido proceso
Aun cuando sea bajo “orientaciones” del gobierno, los jueces y fiscales son responsables de las condenas impuestas a los manifestantes del 11J y también de las infracciones previas durante los procesos penales. Entra ellas, la organización Cubalex ha denunciado: desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, se han constatado violaciones al debido proceso como la incomunicación, forzar a dar testimonios falsos, las amenazas y la violación al derecho a la defensa.
Los jueces han permitido procesos donde falta primeramente la presunción de inocencia, imparcialidad, sana crítica y libre apreciación de la prueba. Se ha limitado el acceso a los familiares, permitiendo la presencia de uno solo, mientras que para los agentes de la policía y la seguridad del estado dicho acceso es abierto. Es imposible que se lleven a cabo semejantes violaciones, sin la complicidad de los fiscales y los jueces.
“Ellos son autores por cooperación necesaria y tienen una responsabilidad individual. Aun cuando fuesen forzados a dictar tan injustas condenas, siempre tienen la opción de decir que no, de renunciar”, concluye Morfi. En cambio, la treintena de funcionarios expuestos optaron por quedarse en sus cargos y arruinar la vida de los presos y sus familias.
- Han cometido el delito de prevaricación
Según explica el abogado Alain Espinosa, miembro de Cubalex, este es un delito que “tiene como elemento central la violación de la ley por acción u omisión. Es decir, utilizar la ley de manera maliciosa para favorecer o para perjudicar. Básicamente lo que han estado realizando los jueces y fiscales en cuestión”.
El experto agrega que los funcionarios expuestos están garantizando la impunidad de los agentes de la policía y la Seguridad del Estado involucrados en las violaciones de Derechos Humanos, y/o criminalizando el ejercicio de la protesta. Las condenas desmedidas no responden a la legalidad, sino al escarmiento.
- No es la primera vez
En 2003, setenta y cinco opositores pacíficos, periodistas y bibliotecarios independientes fueron juzgados en Cuba sin garantías procesales a penas de entre 13 y 27 años de privación de libertad. Si bien este episodio es uno de los más visibles ejemplos de cómo jueces y fiscales actúan en contubernio con el gobierno para castigar el disenso, esta ha sido una actitud sistemática en los juzgados de la isla.
Solo que ahora, la visibilidad y amplitud de todos estos procesos ha sacado a la luz la complicidad. Los juicios contra los manifestantes del 11J, opina el abogado Alain Espinosa, “los ha colocado en el mismo nivel de descrédito que a la Seguridad del Estado, la policía o el propio gobierno”.
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