LA HABANA.- El desmontaje del aparato represivo y la transición hacia la democracia en Cuba no ocurrirán de manera espontánea, sino que requerirán un proceso gradual cuyo punto de partida ineludible es la liberación total y sin destierro de los presos políticos.
No obstante, ¿cómo transitar de la arbitrariedad judicial a la construcción de una nueva Constitución y de instituciones verdaderamente democráticas? Para analizar los desafíos de este complejo escenario, conversamos con Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex.
Diversent examina el diseño de una ley de amnistía que no herede los vicios del pasado ni garantice impunidad para quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. En esta entrevista, la jurista traza las claves para arrebatarle el control de la justicia a los tribunales dependientes del régimen, reparar integralmente a las víctimas y sentar las bases institucionales de una Cuba libre fundada en el Estado de derecho.
La liberación de los presos políticos es un punto esencial en Cuba y un elemento clave en cualquier negociación con el régimen o proceso de desmontaje del aparato represivo. Desde una perspectiva jurídica estricta, ¿cómo debería articularse esta excarcelación? ¿Mediante un proceso de amnistía o anulación de sentencias arbitrarias?
Lo primero es que tiene que haber una liberación y el exilio no puede ser condición para esa liberación, porque ha sucedido varias veces que el régimen excarcela a los presos políticos solo para desterrarlos; los saca de la cárcel directo al aeropuerto.
En segundo lugar, tiene que ser una liberación completa, a través de la figura de la amnistía internacional. Aunque también debemos aprender de la experiencia de otros países como Venezuela, por eso es importante establecer quién va a hacer la ley de amnistía y quién la va a aplicar.
Lo más adecuado es una ley de amnistía, pero no cualquier ley de amnistía. Hay que mirar la experiencia, por ejemplo, de la ley de amnistía de Venezuela que ordenó la destrucción de expedientes. En el caso de Cuba, los expedientes tienen que preservarse, tiene que prohibirse el destierro y evitar que esa ley de amnistía se utilice para garantizar impunidad a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos.
La aplicación de esa ley tampoco podría quedar en manos de los tribunales cubanos, que hoy son totalmente dependientes del poder político.
También tiene que haber medidas de reparación para las personas que son liberadas. Muchas de estas personas han sufrido torturas dentro de prisión y tiene que haber reparación y, si es posible, indemnización, pero sobre todo rehabilitación; son personas necesitadas de atención psicológica.
La reparación incluye cinco medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción (juzgar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos) y garantías de no repetición.
También considero que se debe dar participación a las familias en ese proceso, porque ellas también han sido víctimas.
Cuba tiene décadas de violaciones de derechos humanos documentadas. ¿Qué modelo de justicia transicional considera el más viable en el contexto?
Yo insisto en que hay que mirar lo que se ha vivido y las experiencias de otros países. No hay un modelo único; por ejemplo, lo que pasaron los países de la antigua ex Unión Soviética no es lo mismo que se vivió en Yugoslavia o en Sudáfrica, pero hay elementos que permiten orientarnos.
La justicia transicional parte de una Comisión de la Verdad que establezca los hechos y que va a satisfacer el derecho de toda la sociedad a saber qué pasó. Es a partir de esa comisión que uno puede establecer determinados elementos que van a activar el sistema de justicia.
Un factor clave para que haya justicia y reconciliación es la prohibición de que se dicte amnistía a personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos. Hemos vivido en un contexto dictatorial durante más de seis décadas, pero en el derecho internacional las graves violaciones no prescriben y, si no prescriben, las que se cometieron en 1959 todavía se podrían juzgar.
La población cubana en general ha sido víctima de graves violaciones de derechos humanos y es imposible crear todo un sistema de reparación para todas las personas, aunque, si hay gente que tiene sus casos documentados, puede hacerlo. También se podrían tomar medidas simbólicas, como pedir una disculpa pública, porque la situación económica del país no permite indemnizar a toda la población.
Ahora, si las violaciones no fueron graves —y eso habría que definirlo bien—, podría haber un acuerdo social para la reconciliación. En este caso, se podría tomar la experiencia de Colombia, donde se crearon comisiones de paz. Por ejemplo, una persona que no cometió graves violaciones de derechos humanos y, además, aporta información al proceso, dice quién le dio la orden y coopera con las investigaciones, puede que vea cambiada su sanción de privación de libertad por la de trabajo comunitario.
No hay reconciliación posible si no hay justicia. Y en un proceso de justicia transicional las víctimas tienen que participar.
Pero, en casos de graves violaciones de derechos humanos, no valen ni la amnistía ni el indulto. Esa persona tiene que ser juzgada, posiblemente por un tribunal internacional. Yo creo que, en el caso de Cuba, las cortes nacionales son las que deberían juzgar esos casos.
También sería necesario, para que haya una justicia real, hacer una depuración, y esa es una de las garantías de no repetición. Hay que depurar las instituciones; por ejemplo, aquellos jueces que participaron o dictaron sentencia contra una persona por motivos políticos o por el ejercicio de sus derechos fundamentales no podrían participar en un proceso de justicia transicional, porque esa persona también es un perpetrador de violaciones de derechos humanos.
Otro ejemplo: el mismo policía que está siendo acusado de haber cometido una grave violación no va a ser al que le vas a ordenar arrestar a otro.
El Código Penal actual y las recientes leyes —como las migratorias o de control territorial— actúan como camisas de fuerza para la ciudadanía. ¿Cuáles son las primeras leyes o decretos-leyes que deben ser derogados de inmediato para garantizar las libertades fundamentales? ¿Cómo se transforman jurídicamente los cuerpos policiales y el orden público?
Esa es una de las medidas de reparación que requiere cualquier víctima de violación de derechos humanos. Hay que depurar las instituciones y para eso es también el proceso de justicia transicional y la Comisión de la Verdad, porque vas a depurar solo a aquellos que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos.
La sociedad civil ya ha empezado a prepararse para eso, creando, por ejemplo, listados de represores.
Por supuesto, hay que disminuir el poder militar. Prácticamente, el Ministerio del Interior hay que desestructurarlo, al igual que las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), que son las que hoy tienen el control social. Yo eliminaría el ejército, lo licenciaría por completo; somos una islita chiquita. Mira Costa Rica: no tiene ejército y le va muy bien.
Para iniciar el cambio, ¿es preferible reformar la Constitución vigente eliminando los artículos que blindan el unipartidismo, restablecer con modificaciones la Constitución de 1940 o convocar directamente a una Asamblea Constituyente para redactar una carta magna completamente nueva?
Para dar lugar a la transición, no puedes quitarlo todo porque el caos va a ser inmediato. Un proceso de transición es un tiempo donde se hacen cuestiones muy puntuales para facilitar el camino hacia la democracia.
Primero, por jerarquía normativa, tienes que ir primero por la Constitución y luego por las leyes.
Lo primero es identificar cuáles son los temas primarios, cuáles serían esas leyes, y remover los obstáculos; ir a aquellos artículos, normas y preceptos que son un obstáculo para la transición democrática.
Por ejemplo, en la Constitución, todos aquellos artículos que les dan privilegio a las organizaciones sociales y de masas, que reconocen al partido como único, donde se declara el sistema socialista como irreversible y otros similares, se tienen que eliminar.
Entonces, hay que revisar la Constitución, la Ley Electoral, el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal porque hay que dar garantías del debido proceso.
Se trata de revisar las leyes actuales y eliminar aquellas normativas que representen un obstáculo hasta que se forme un nuevo gobierno y ya ahí, con más tiempo, determinar las normas que hay que reformar o cambiar.
Yo empezaría por identificar los obstáculos hasta llegar a la necesidad de una Asamblea Constituyente. La Constitución de 1940 fue una Constitución bastante progresista para su tiempo, en 1940. Pero estamos en 2026; han pasado más de 80 años. Por ejemplo, la tecnología ha avanzado muchísimo y la Constitución de 1940 no contempla derechos como la privacidad en un contexto digital o de inteligencia artificial.
Por lo que creo que, llegado el momento, convocar una Asamblea Constituyente sería lo más justo para los cubanos.
¿Cuáles deberían ser los pilares jurídicos para restituir plenamente los derechos políticos y civiles de los cubanos, incluidos los residentes en el exterior?
La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí tenemos los pilares fundamentales: el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la existencia de un marco constitucional que impida que el Estado esté por fuera o por encima de ese marco constitucional, por ejemplo.
Tras décadas de indefensión y desconocimiento de los derechos individuales, ¿cómo se construye una cultura legal en la ciudadanía para que entienda la ley como un escudo de protección y no como un instrumento de castigo?
El gobierno de transición tiene que invertir en campañas educativas en los medios de comunicación. Es la única forma en que se lograría que la ciudadanía recupere la confianza en la ley y en la protección que esta les brinda.
Además, hay que contar con el daño antropológico: la gente ha naturalizado muchas formas de violencia.
Nota: Esta entrevista se realizó como parte de una colaboración con el proyecto de Cuba Siglo 21 «Cuba:
reconstruir y reinventar».
