MIAMI, Estados Unidos. – La Corte Suprema de Estados Unidos invitó formalmente a la Administración Trump-Vance a presentar su postura sobre la demanda de la empresa Havana Docks Corporation contra la compañía Royal Caribbean Cruises y otras líneas de cruceros, según informó oficialmente el alto tribunal este lunes.
Este es el segundo caso relacionado con la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, conocida comúnmente como “Ley Libertad” o “Libertad Act”, en el que la Corte Suprema solicita una opinión a la actual administración estadounidense. Anteriormente, la Corte ya había solicitado la opinión de la administración Trump-Vance sobre un caso similar que involucra a Exxon Mobil Corporation contra compañías cubanas.
La Ley Libertad, cuya sección clave, el Título III, fue activada por la Administración Trump-Pence en mayo de 2019, autoriza a ciudadanos estadounidenses a presentar demandas ante tribunales federales contra empresas e individuos que “trafiquen” o se beneficien económicamente de propiedades confiscadas por el régimen cubano, siempre que los propietarios originales no hayan recibido compensación.
El caso específico contra Royal Caribbean Cruises lleva por título oficial “24-983 HAVANA DOCKS CORP. V. ROYAL CARIBBEAN CRUISES, ET AL.”. Según un comunicado oficial de la Corte Suprema, “se invita al procurador general a presentar un escrito en este caso expresando las opiniones de Estados Unidos”.
La empresa Havana Docks Corporation había solicitado formalmente el 14 de marzo de 2025 que la Corte Suprema de EE.UU. revisara su demanda contra las líneas de cruceros bajo el amparo del Título III de la Ley Libertad.
La implementación del Título III de la Ley Libertad ha dado lugar a múltiples demandas. Según datos del Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, desde la activación del título en 2019 se han presentado 45 demandas ante tribunales estadounidenses, las cuales involucran a 121 demandantes y 83 acusados, incluidos 31 acusados no estadounidenses.
De estas demandas, se han producido seis acuerdos extrajudiciales y una sentencia en primera instancia contra cuatro líneas de cruceros. Actualmente, 10 demandas permanecen activas en tribunales de apelación. Las demandas han afectado a empresas de 16 países diferentes y han generado costos legales estimados en más de 37,5 millones de dólares.
La mayoría de estos casos han sido interpuestos en tribunales del sur de Florida, aunque también se han registrado acciones en tribunales de Nueva York, Washington D.C., Texas y otros estados.
El Título III permaneció suspendido desde la promulgación de la Ley Libertad en 1996, hasta que la Administración Trump-Pence levantó la suspensión en 2019 y, de esta forma, permitió la presentación de demandas por propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959.
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