MIAMI, Estados Unidos ― La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público este jueves su informe anual correspondiente a 2025, en el que volvió a incluir a Cuba en el capítulo reservado para situaciones especialmente graves, al concluir que en la Isla persisten “violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos” y una afectación severa de los elementos esenciales de la democracia representativa.
La Comisión sostuvo que el caso cubano encuadra tanto por el ejercicio abusivo del poder y la falta de independencia institucional como por la magnitud y continuidad de las violaciones documentadas.
En el capítulo dedicado a Cuba, la CIDH afirmó que siguió recibiendo información sobre violaciones a derechos fundamentales y que fue alertada sobre hechos que comprometen seriamente la libertad, la seguridad personal y la integridad física de la población. Según el organismo, esas afectaciones golpean especialmente a líderes sociales, opositores políticos, activistas, periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos, mujeres, afrodescendientes y personas LGBTIQ.
En la introducción general del informe, además, la Comisión advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia contra la disidencia en contextos autoritarios, y en el caso cubano sostuvo que la represión contra quienes disienten se ha agudizado desde las protestas de julio de 2021.
La CIDH describió para 2025 un patrón de represión sostenida por agentes estatales y grupos afines al Gobierno orientado a impedir reuniones pacíficas y protestas. Entre las prácticas consignadas figuran detenciones arbitrarias, criminalización, arrestos domiciliarios, vigilancia, interrogatorios, amenazas, multas y cortes de internet. Todo ello, agregó la Comisión, ocurre en medio de una crisis social y económica profunda, atravesada por prolongados apagones y por la escasez de alimentos, agua y medicamentos.
El informe señala además que las personas defensoras de derechos humanos continuaron trabajando en un ambiente hostil y represivo y habla de un “cierre total del espacio cívico”. La CIDH sostuvo que en 2025 se intensificaron los patrones de criminalización, persecución y hostigamiento contra quienes documentan abusos o ejercen labores de defensa, y urgió al Estado cubano a cesar cualquier interferencia arbitraria en el ejercicio de esos derechos.
En materia penitenciaria, la Comisión valoró la excarcelación de 553 personas privadas de libertad, pero dejó constancia de cuestionamientos a esa medida y de que, según la información recogida, 230 de esas personas estaban encarceladas por razones políticas. También advirtió que muchas de las personas liberadas quedaron sometidas a condiciones que incluyen vigilancia, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones de movimiento, bajo amenaza de volver a prisión si incumplen esas reglas.
La CIDH lamentó, además, que Cuba siga sin publicar datos oficiales actualizados sobre su población penal desde 2012 y recogió estimaciones de sociedad civil según las cuales el país podría rondar las 100.000 personas presas, una tasa de 910 por cada 100.000 habitantes.
El panorama carcelario que describe el organismo es especialmente severo. Entre enero y junio de 2025, según el informe, murieron al menos 24 personas bajo custodia estatal, principalmente por desnutrición y falta de atención médica oportuna. En ese mismo período se habrían registrado al menos 160 denuncias de malos tratos en 43 prisiones, incluidas denuncias de tortura física y psicoemocional, mientras que casi 60.000 personas privadas de libertad o sometidas a regímenes alternativos habrían sido forzadas a trabajar en la producción de carbón vegetal y cigarros en condiciones coercitivas, de acuerdo con la información compilada por la CIDH.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia CIDH documentó en 2025 represión sistemática contra periodistas y trabajadores de la prensa, con detenciones arbitrarias, citaciones ilegales, amenazas, interrogatorios y restricciones a la circulación.
En paralelo, el informe recoge que entre julio de 2024 y junio de 2025 se documentaron unas 290 protestas en Cuba, impulsadas sobre todo por el colapso eléctrico y el alza de las tarifas de internet. Al menos 543 personas seguían detenidas por participar en manifestaciones, de las cuales 101 habían sido condenadas a penas de entre 10 y 22 años de prisión o trabajo correccional.
La Comisión también registró protestas estudiantiles en junio de 2025 en al menos diez facultades de cinco universidades, detonadas por el tarifazo de ETECSA y agravadas por reclamos acumulados por falta de electricidad, agua, transporte y alimentos.
En el terreno económico y social, la CIDH afirmó que la crisis siguió deteriorando derechos básicos. El informe cita a la CEPAL, que estimó una contracción del PIB cubano de 1,5% en 2025 y clasificó al país dentro de la “inflación crónica”, mientras que los datos del primer semestre mostraron aumentos de precios de 41%.
La Comisión añadió que la carencia de medicamentos esenciales y la inseguridad alimentaria continuaron afectando a la población, y recogió datos según los cuales 89% de los hogares estarían en pobreza extrema y 78% de la población tendría intención de migrar. También alertó sobre un déficit habitacional de 805.583 viviendas.
El reporte extiende sus advertencias a otros grupos vulnerables. Sobre las mujeres, señala que Cuba sigue sin contar con un marco jurídico especializado que tipifique el feminicidio y establezca refugios temporales para víctimas de violencia de género; hasta el 1 de septiembre de 2025, añade, se habían registrado 30 muertes violentas de mujeres.
Sobre la población LGBTIQ, la CIDH indicó que el Estado no genera datos oficiales sobre violencia y discriminación por prejuicio, aunque sí reconoció avances normativos, como la posibilidad de modificar el marcador de género en documentos oficiales. A la vez, resaltó el caso de Brenda Díaz, presa política trans liberada en enero tras denunciar años de maltratos en un módulo masculino.
En el ámbito migratorio, la Comisión cuestionó medidas que restringen el ingreso y la salida de cubanos, incluido el fin de la excepción que permitía entrar al país con pasaporte vencido. Y sobre los adultos mayores, advirtió que más del 39% de los jubilados recibirían pensiones mensuales de apenas 13 dólares, insuficientes incluso para cubrir una canasta básica.
En sus conclusiones, la CIDH afirmó que “no observa una mejoría en aspectos estructurales” de la situación cubana y lamentó la escasa información oficial disponible y el histórico distanciamiento del Estado frente al sistema interamericano. El organismo reiteró su interés en realizar su primera visita in loco a la Isla y formuló una batería de recomendaciones que van desde garantizar libertades políticas y electorales, cesar el hostigamiento contra activistas, periodistas y opositores, y asegurar acceso libre a internet, hasta eliminar obstáculos al reingreso de nacionales al país y atender con urgencia la crisis que golpea a los adultos mayores.
La Comisión también reiteró su llamado a levantar el embargo estadounidense, aunque subrayó que esa política no exime al Estado cubano de cumplir sus obligaciones internacionales ni lo justifica por las violaciones recogidas en el informe. El capítulo sobre Cuba, según la propia CIDH, que fue aprobado el 2 de diciembre de 2025 y remitido al Estado cubano el 23 de enero pasado, no recibió observaciones oficiales de La Habana.
