Denuncian «opacidad y arbitrariedad» en proceso de excarcelaciones anunciado por La Habana

MIAMI, Estados Unidos ― El Centro de Información Legal Cubalex denunció este lunes la falta de transparencia y las condiciones restrictivas asociadas al proceso de excarcelación anunciado días antes por el Gobierno cubano, que informó sobre la liberación de 51 personas privadas de libertad como un gesto de “buena voluntad” previo a la Semana Santa y “en el espíritu de estrechas y fluidas relaciones” con el Vaticano.

En una declaración pública, la organización señaló que el anuncio oficial —realizado el 12 de marzo— repite patrones observados en procesos similares anteriores y mantiene importantes zonas de opacidad sobre quiénes serán beneficiados y bajo qué condiciones jurídicas se producirá su salida de prisión.

Según el Gobierno cubano, “todas las personas sancionadas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”. Sin embargo, Cubalex subrayó que las autoridades no han divulgado los nombres de los beneficiados ni han aclarado si se trata de personas condenadas por delitos comunes o por motivos políticos.

Tampoco se ha informado el tipo de medida aplicada en cada caso, lo que impide determinar si se trata de libertad condicional, sustitución de la sanción de privación de libertad por medidas alternativas o licencias extrapenales.

Cubalex recordó que una situación similar ocurrió en enero de 2025, cuando el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 553 personas sancionadas por “delitos diversos”, sin ofrecer información detallada sobre las identidades de los beneficiados ni sobre las condiciones jurídicas de su liberación.

Un año después de aquel anuncio, la organización sostiene que el proceso continúa caracterizándose por la “opacidad y la arbitrariedad”. De acuerdo con su monitoreo, de las 205 personas excarceladas que han podido verificar desde entonces, al menos siete han sido devueltas a prisión.

Según la declaración de Cubalex, ese hecho “confirma que estas medidas son reversibles y punitivas”. La organización añadió que muchas de las personas excarceladas continúan sometidas a restricciones que limitan el ejercicio de sus derechos y las mantienen bajo la amenaza de regresar a prisión.

En relación con el anuncio realizado este mes, la organización ha confirmado hasta ahora la excarcelación de al menos 14 personas, todas sancionadas por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021.

El análisis de los casos verificados también contradice, según Cubalex, parte del discurso oficial. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) indicó que serían liberadas personas próximas a concluir sus condenas, algunos de los casos documentados muestran que varios de los excarcelados aún tenían pendiente “una parte significativa de su sanción”.

La organización también señaló que hasta el momento no se ha reportado la excarcelación de mujeres dentro del proceso anunciado, lo que —según su evaluación— refuerza las preocupaciones sobre la falta de transparencia y la posible selectividad en los criterios aplicados por las autoridades.

Otro elemento identificado por Cubalex es la exigencia de firmar un acta de compromiso como condición para la salida de prisión de algunos excarcelados. Este documento establece restricciones específicas, entre ellas la prohibición de publicar contenidos en redes sociales y de relacionarse con personas consideradas “delincuentes” por las autoridades.

De acuerdo con la organización, esas condiciones implican la imposición de limitaciones adicionales a las personas liberadas, que continúan bajo control estatal incluso después de abandonar la prisión.

La ONG también criticó el uso del término “liberar” por parte del Gobierno cubano para referirse al proceso. Según Cubalex, en la mayoría de los casos no se trata de liberaciones definitivas, sino de excarcelaciones anticipadas sujetas a condiciones.

“El uso de este término genera falsas expectativas en las personas excarceladas y sus familias, y oculta que muchas de estas medidas son condicionadas y reversibles”, señaló la entidad.

En ese contexto, Cubalex afirmó que estas decisiones no pueden presentarse como un acto discrecional del Estado mientras cientos de personas continúan encarceladas por razones políticas tras procesos que, según la organización, han estado marcados por violaciones al debido proceso y por la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales.

La organización también interpretó el anuncio dentro de un patrón más amplio en el que, a su juicio, las excarcelaciones se utilizan como herramienta política.

“En este escenario, la excarcelación de personas privadas de libertad vuelve a insertarse en un patrón en el que la libertad se utiliza como una concesión política y se convierte en una moneda de cambio diplomática”, indicó.

La organización subrayó además que el anuncio ocurre en un contexto de presiones por parte de la actual administración de Estados Unidos y de negociaciones entre ambos gobiernos.

En su declaración, Cubalex exhortó al Estado cubano a “garantizar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos” y a “poner fin a la persecución y criminalización de quienes ejercen pacíficamente sus derechos y libertades fundamentales”.

Asimismo, pidió “transparentar de manera inmediata y completa la información sobre las 51 personas incluidas en este anuncio, incluyendo sus nombres, situación jurídica, condiciones de excarcelación y los criterios aplicados para su selección”.

La organización también solicitó a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos —en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— establecer un mecanismo específico de monitoreo sobre la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos en Cuba, con especial atención a la situación en las prisiones.

Finalmente, Cubalex sostuvo que “la verdadera señal de voluntad hacia la comunidad internacional y hacia la ciudadanía cubana no radica en excarcelaciones selectivas, sino en el fin de la persecución penal contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos”.

La organización indicó que continuará documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos en el sistema de justicia penal cubano y acompañando a las víctimas y a sus familias en la búsqueda de “verdad, justicia y reparación”. Según precisó, su monitoreo sobre este nuevo proceso de excarcelaciones continúa en curso.