LA HABANA, Cuba.- El mes de julio de 2021 inició con 152 presos políticos en Cuba, según el listado que elabora regularmente la organización Prisoners Defenders. En la actualidad, un año después, la cifra casi se ha multiplicado por diez.
Lo que sucedió en ese periodo fue un ciclo de históricas protestas, seguido de una represión estatal igualmente histórica. Las masivas manifestaciones del 11 y 12 de julio —conocidas como 11J— fueron el punto más álgido de un año en el que los actos de protesta fueron frecuentes, y ocurrieron tanto antes como después de julio, desde la manifestación de la calle Obispo en abril a la fallida marcha pacífica convocada para el 15 de noviembre de 2021.
Y cada vez que se produjeron actos de protesta, el Estado respondió con hostigamiento, criminalización, detenciones y encarcelamientos. Solo las protestas del 11J añadieron 880 personas nuevas al listado de presos políticos de Prisoners Defenders, muchos de ellos condenados a largas penas ejemplarizantes de prisión. Pero los actos de represión también incluyeron cortes de Internet, procesos judiciales arbitrarios o el encarcelamiento de menores.
El año transcurrido desde el 11J fue uno convulso, marcado por “protestas históricas” y un aumento “desproporcionado de la represión en la Isla”, como señala la abogada y directora de la organización Cubalex, Laritza Diversent.
A un año de las manifestaciones, varias organizaciones de la sociedad civil cubana e internacional, encabezadas por Cubalex y el grupo Justicia 11J, se dedicaron a analizar lo ocurrido desde entonces.
El recuento de lo sucedido se encuentra en el informe “Un año sin justicia: Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”, elaborado durante los últimos 11 meses, gracias a un trabajo sin precedentes de la sociedad civil, que pese a la ausencia de datos oficiales, ha logrado arrojar luz sobre uno de los periodos más represivos de la historia reciente del país.
En este texto se resumen algunos de los hallazgos principales de la investigación realizada.
Meses de descontento que desembocan en un estallido
El 11 de julio de 2021, Cuba vivía varios meses de escalada de tensiones políticas. El conflicto principal se producía entre el régimen y sectores de oposición, fundamentalmente reunidos en torno al Movimiento San Isidro (MSI) y la plataforma 27N, integrados principalmente por artistas e intelectuales que reclamaban libertad ideológica, creativa y libertad para algunos artistas presos.
En noviembre de 2020 ocurrió la huelga y acuartelamiento del MSI en su sede de La Habana Vieja. El 26 de ese mes fueron desalojados a la fuerza, lo que provocó al día siguiente, el 27 de noviembre, una protesta frente a la sede del Ministerio de Cultura. De esta fecha tomó su nombre la plataforma 27N, la cual pretendió —en vano— iniciar un diálogo con el Estado.
El gobierno no solo no quiso escucharlos, si no que desató una campaña en su contra que incluyó agresiones, como las sucedidas el 27 de enero de 2021 en los alrededores del Ministerio de Cultura.
El 4 de abril de 2021, en la sede del MSI, se desarrolló una nueva protesta pública y poco después uno de los integrantes del movimiento, el artista Luis Manuel Manuel Otero Alcántara, comenzó una huelga de hambre y sed. La protesta finalizó cuando la Seguridad del Estado irrumpió en su vivienda y lo trasladó a la fuerza a un hospital, donde estuvo incomunicado semanas.
El 30 de abril, en apoyo a Otero Alcántara, varios activistas realizaron una manifestación en la calle Obispo, en La Habana, que resultó en represión y arrestos.
A este ambiente de enfrentamiento entre artistas y régimen, en las semanas previas al 11J, se sumó el agravamiento de la situación económica y sanitaria.
En junio comenzó una ola de nuevos casos de la COVID-19 que no se detendría en los siguientes dos meses. Fueron los meses de más contagios durante la pandemia en Cuba.
La situación económica era también pésima. Sin apenas turismo el país carecía de uno de sus ingresos externos principales. Y la población estaba sufriendo las consecuencias de la llamada Tarea Ordenamiento, una reforma monetaria y económica iniciada en enero de 2021 que disparó la inflación y colocó fuera del alcance de amplios sectores de la población muchos productos de primera necesidad.
Este malestar se expresó en la redes sociales con la proliferación de iniciativas como el hashtag #SOSCuba, que se convirtió en tendencia en redes sociales y que recogía los llamados desesperados de la población por el aumento de contagios y muertes por la COVID-19, el colapso de los hospitales o la escasez de medicamentos básicos y oxígeno.
Este panorama de represión, carencias y miedo a la pandemia, favoreció que una pequeña chispa desencadenara las mayores protestas ocurridas en Cuba en décadas.
Las jornadas históricas del 11 y 12 de julio
El mediodía del domingo 11 de julio cientos de ciudadanos se lanzaron a las calles de San Antonio de los Baños, Artemisa, a protestar por los cortes de electricidad que estaban sufriendo. La manifestación fue retransmitida en redes sociales y el ejemplo se extendió por todo el país.
El gobierno reaccionó provocando un apagón de Internet generalizado que se extendió por varios días, pero eso no impidió que entre el 11 y el 12 de julio, en unas 60 localidades de todas las provincias del país miles de personas salieran a marchar.
Los manifestantes provenían de diversos sectores sociales y grupos etarios. “Comida y medicinas”, “Patria y Vida”, “Abajo el comunismo”, “Abajo la dictadura”, “Libertad”, “No los queremos, no los necesitamos” y “Díaz-Canel Singao”, fueron algunas de las consignas que más se entonaron.
La respuesta de las autoridades fue la represión policial: cientos de personas fueron detenidas tras la “orden de combate” dada por el presidente Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional. Al menos un ciudadano murió como consecuencia de los disparos de los policías: Diubis Laurencio Tejeda, un vecino de La Güinera, La Habana, asesinado el 12 de julio mientras se manifestaba.
Christian Barrera Díaz, de Cárdenas, Matanzas, también falleció, según informaron las autoridades, ahogado en el mar, cuando huía de la persecución policial, tras participar en las manifestaciones del 11J .
Durante las semanas siguientes, las detenciones continuaron. Cientos de quienes se manifestaron fueron arrestados en sus viviendas o centros de trabajo.
Aunque el régimen se ha negado a informar de la cifra oficial de detenidos y procesados judicialmente, el grupo de trabajo Justicia 11J registra casi 1.500 detenciones vinculadas al 11J. De estas personas, unas 725 continúan en prisión un año después.
Los patrones de la represión
Las personas detenidas por su relación con las protestas sufrieron todo tipo de violaciones a sus derechos: desapariciones forzadas, detenciones violentas, cortes de Internet, violencia en centros de reclusión, torturas, condenas excesivas como efecto ejemplarizante, acoso a familiares, violaciones de las garantías procesales…
De igual forma, varios activistas, religiosos, opositores o líderes opositores fueron privados de su libertad de forma arbitraria, sin que algunos de ellos participaran siquiera en las protestas, y hoy permanecen en prisión. Son los casos del artista Luis Manuel Otero Alcántara (condenado a 5 años de privación de libertad); el líder de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer (4 años); el líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Félix Navarro (9 años) y su hija, la Dama de Blanco, Sayli Navarro (8 años), así como la también Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora (6 años).
Menores de edad en prisión
El encarcelamiento de menores de 18 años ha sido uno de los aspectos más sensibles de la represión posterior a las protestas.
Justicia 11J ha registrado la detención de 57 personas menores de edad por su participación en los eventos de julio. De ellas, cinco continúan hoy privadas de libertad. Varias fueron excarceladas recientemente, en parte gracias a la presión de sus familias, para seguir cumpliendo sus penas en prisión domiciliar o con trabajo correccional.
La mayoría de los menores detenidos tenían 16 o 17 años en el momento de las protestas y fueron sancionados a penas de entre uno y nueve años de privación de libertad o hasta cinco años de trabajo correccional con o sin internamiento. Cinco personas que eran menores al momento de las protestas aún permanecen en espera de juicio con medidas cautelares de fianza o reclusión domiciliaria.
También fueron detenidos niños de hasta 12 años. Al menos ocho menores de 16 fueron arrestados en las protestas. Estos, en su mayoría, han sido sancionados por la vía administrativa, sin derecho a representación legal, con hasta un año de internamiento bajo la custodia del Ministerio del Interior (MININT) en las Escuelas de Formación Integral.
“En esos centros se enfrentan a una educación aún más adoctrinada y bajo regímenes de vida que impiden su sano desarrollo físico, emocional e intelectual. La experiencia de la detención a tan corta edad pudiese hacerlos víctimas del estigma y la humillación”, afirma el informe de Justicia 11J.
Durante las detenciones de estos jóvenes no se tuvieron en cuenta los estándares internacionales de protección de menores y se han registrado maltratos físicos y psicológicos tanto en centros de reeducación como en prisiones. Una menor, de 17 años, declaró haber sido víctima de amenazas de carácter sexual y otro, de 16, fue herido de bala por la policía durante una de las protestas.
Convertir la protesta en un crimen
La mayor parte de la población detenida y procesada pertenece a las capas más humildes de la sociedad: personas con menor capacidad para defenderse, menos visibilidad y que al estar en prisión, con frecuencia, han privado a sus familias de ingresos que necesitaban.
Ha sido en barrios populares como La Güinera o Toyo, en La Habana, donde se han concentrado algunos de los procesos judiciales más multitudinarios contra manifestantes.
Estos comenzaron a ocurrir poco después de las protestas. Entre julio y agosto de 2021 iniciaron los juicios sumarios, y entre septiembre de 2021 y marzo de 2022 se desarrollaron la mayoría de los procesos ordinarios.
El grupo Justicia 11J ha documentado la celebración de juicios sumarios a 47 personas y ordinarios de primera instancia a 588 personas. Al menos 89 personas aún están pendientes a juicio y otras 317 siguen a la espera de que la fiscalía presente cargos en su contra a un juez.
Con el objetivo de criminalizar la protesta y estigmatizar a los manifestantes, los implicados han sido calificados como delincuentes comunes por la prensa oficial y los funcionarios gubernamentales. El presidente Díaz-Canel Bermúdez ha insistido en que los manifestantes fueron manipulados por Estados Unidos.
Para justificar las penas contra personas que básicamente se manifestaron en las calles o que, en los casos más graves lanzaron piedras a los policías o se enfrentaron a contramanifestantes, la Fiscalía ha recurrido a la utilización de delitos comunes. Entre los utilizados se encuentra el de desórdenes públicos (617 acusaciones), desacato (358), atentado (337) o instigación a delinquir (118). Con frecuencia, la Fiscalía ha presentado acusaciones por varios de estos delitos en combinación, buscando sanciones más elevadas.
También se ha recurrido a delitos de mayor rigor, como los delitos contra la Seguridad del Estado, que tienen un carácter eminentemente político y penas de hasta 20 años de prisión. Los más utilizados son los de sabotaje o sedición. Por ellos, han sido procesadas unas 238 personas.
Solamente se han documentado cinco casos de personas que resultaron absueltas en juicios de primera instancia. No obstante, a tres de ellas, luego de la apelación de la Fiscalía, les fue impuesta una sanción de un año de limitación de libertad.
Además de las sanciones penales, también se han producido otras formas de castigo, como expulsiones de centros laborales o suspensiones temporales o definitivas de centros de estudio.
Para el grupo Justicia 11J, ha existido una complicidad total del sistema de justicia en la criminalización de la protesta en todo el país.
“Los jueces y fiscales son responsables porque realizaron acciones sin las cuales no habría sido posible garantizar la impunidad de los militares que organizaron y ejecutaron actos de agresión, violencia e intimidación contra los manifestantes, provocándoles dolores y sufrimiento graves, físicos y mentales durante su detención arbitraria y posterior prisión de la libertad en condiciones infrahumanas, donde también han sido víctimas de tortura y tratos humillantes”, asegura el informe.
Endurecer el Código Penal y controlar la web
Como parte de la respuesta represiva tras el 11J, el régimen cubano ha puesto en vigor un paquete de normas que buscan limitar la expresión y disuadir a los ciudadanos de que se expresen en redes sociales.
Este paquete se conforma de una serie de decretos y resoluciones ministeriales que regulan el uso del espectro radioeléctrico y tratan de evitar incidentes de “ciberseguridad”.
“Bajo estas normativas, la trasmisión en vivo de manifestaciones como las protestas masivas del 11 de julio o las convocatorias online de protestas, pueden ser calificados como incidentes de ciberseguridad, bajo varias categorías según el nivel de peligrosidad que interpreten los encargados de realizar el monitoreo de los contenidos en Internet”, asegura el informe.
De igual forma, y como parte de una reforma penal anunciada en 2019, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en abril de 2022 un nuevo Código Penal.
Para Justicia 11J, “resulta sintomático cómo, apenas seis meses después de la protesta, la nueva normativa jurídica anunciada incorpora nuevas herramientas legales/represivas en un intento por frenar el espíritu de disenso dentro de Cuba”.
La nueva legislación mantiene la cadena perpetua y la pena de muerte en los delitos contra la Seguridad del Estado.
11J: Un día trascendental cuyo impacto sigue vigente
Las protestas de julio de 2021 han sido únicas en Cuba en más de medio siglo, tanto por su magnitud, como por la respuesta estatal que suscitaron.
Del 11J salió la convocatoria de marcha pacífica del 15 de noviembre de 2021, el 15N que, asimismo, terminó con un centenar de detenciones y nuevos procesos judiciales.
También suscitó la creación de grupos de madres y familiares de presos. Y multitud de iniciativas, tanto dentro como fuera del país, para apoyar a quienes permanecen en prisión. Del 11J emergieron decenas de nuevos activistas que o permanecen en el país o siguen denunciando la situación de Cuba desde el exilio.
El impacto de la represión se ha evidenciado igualmente en el éxodo de cubanos, algunos de ellos manifestantes del 11J y sus familiares, quienes han huido por temor a ser procesados. Hasta el momento, Justicia 11J ha documentado una treintena de casos de emigración/exilio a raíz de los sucesos de julio.
El 11J no solo ha tenido consecuencias para la población. También ha afectado al régimen y, en especial, a su imagen internacional, que se ha visto dañada desde julio pasado. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios gobiernos del mundo han criticado a Cuba por la represión desencadenada contra manifestantes o han pedido la libertad de los presos políticos.
Ante los ojos del mundo, Cuba quedó retratada como una dictadura o un régimen autoritario. Aún así, el grupo Justicia 11J considera que la denuncia internacional contra el régimen debe seguir por todas las vías posibles y que gobiernos e instituciones internacionales deben cesar “toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura militar cubana, sus instituciones, organizaciones de masa, y aparatos represivos”.
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