En julio de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, viajó a Venezuela, se reunió con Nicolás Maduro y Juan Guaidó y se entrevistó con víctimas, familiares, empresarios, académicos, periodistas y miembros de la Iglesia. El gobierno de Maduro aceptó la visita y facilitó el acceso a las fuentes de información, incluyendo detenidos. 

El «Informe Bachelet», como se conoció el documento final, produjo una conmoción en la izquierda latinoamericana, básicamente por dos motivos: porque, en un país en el que la polarización extrema y la baja credibilidad de todos los actores políticos impide muchas veces acceder a información objetiva, describía, en la prosa seca pero clara de los organismos internacionales, una larga serie de violaciones a los derechos humanos. Y porque la firma no correspondía a un personaje de la derecha regional ni a un enemigo jurado del chavismo, ni siquiera un burócrata internacional proveniente de un país lejano (el anterior comisionado, por ejemplo, era jordano), sino a una expresidenta socialista que formó parte del club de presidentes progresistas latinoamericanos y que mantuvo una relación amistosa con Hugo Chávez.

¿Qué dice el informe de Venezuela que no se pueda decir de otros países de América Latina —o incluso del primer mundo? ¿Cuál es la singularidad venezolana? El documento comienza describiendo el deterioro socioeconómico experimentado en los últimos años y las malas condiciones de vida de la población, los déficits de los servicios públicos, las muertes por enfermedades evitables, el alto número de embarazos adolescentes en los sectores populares, la reaparición de viejas enfermedades como el sarampión y la difteria. Todas cosas dramáticas, pero no muy diferentes a las que ocurren en otros países de la región, que en todo caso confirman el proceso de «centroamericanización» que atraviesa Venezuela, el paso de un país más parecido a, digamos, Argentina y Chile, a uno con índices sociales más cercanos a, digamos, los de Guatemala u Honduras. 

Lo mismo puede decirse de la emigración, que el informe sitúa en cuatro millones de personas, un número chocante por su magnitud absoluta, por el brevísimo tiempo —dos o tres años— en que se alcanzó, y por el hecho de que históricamente Venezuela había sido un país receptor de personas, sobre todo de Colombia, antes que uno emisor. Pero no es una rareza en América Latina, ni tampoco el caso más grave: en términos absolutos, el país latinoamericano con más ciudadanos viviendo fuera de sus fronteras es México (12 millones, casi todos en Estados Unidos); en términos relativos, el caso extremo es El Salvador, que ha expulsado a casi el 25 por ciento de su población (contra poco más del diez por ciento al que equivalen los cuatro millones de venezolanos).   

A continuación, el informe enumera la violación de los derechos humanos de grupos sociales vulnerables como indígenas, campesinos y mujeres pobres, y el aumento de la brutalidad policial, en particular con la modalidad de las FAES (las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía) de ingresar a domicilios particulares, asesinar y plantar pruebas, una práctica aterradora pero muy extendida en la región, en particular en contextos de aumento de inseguridad, enfrentamientos entre bandas delincuenciales o lucha armada, como demuestran los frecuentes episodios de «falsos positivos» en Colombia. 

En suma, Venezuela no es el país más pobre de América Latina, ni el que expulsa más personas, ni el más violento. Sin embargo, constituye un caso único —excluyendo la eterna excepción cubana— en materia de derechos políticos, libertades cívicas y democracia: desde hace al menos una década, sostiene el informe de Naciones Unidas, el gobierno y las instituciones que le responden «han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional».

Este deterioro se combina con la «persecución selectiva» de la oposición. Sin la necesidad de instalar formalmente un régimen de partido único ni ordenar arrestos masivos, «sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONG para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos». El documento menciona casos de quita de inmunidad, exilio o directamente detención de dirigentes opositores, a menudo por fuerzas militares o de los servicios de inteligencia, sin dar vista a la justicia y sin informar a los familiares. Venezuela es Milagro Sala por 135: 135 casos de personas privadas arbitrariamente de su libertad según el mismo organismo que denunció la situación de la líder jujeña. El panorama es claro: muchos de los principales dirigentes opositores, incluyendo los últimos candidatos presidenciales, están presos, exiliados o inhabilitados (si este no es el lawfare, el lawfare dónde está).

Pero el aspecto más terrible son las violaciones a los derechos más elementales. El informe denuncia que los detenidos han sido torturados mediante «la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas», en tanto que sus familiares suelen ser víctimas de amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento y, en el caso de las mujeres, violencia sexual.

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En los últimos años la democracia venezolana fue perdiendo su componente liberal-republicano primero y su componente electoral después, hasta conformar un caso típico de democradura. ¿Cuándo se produjo este quiebre, el paso de una democracia imperfecta a un régimen híbrido? ¿Cuándo Venezuela se convirtió en otra cosa? La respuesta es a partir de 2015, cuando la oposición triunfó en las elecciones legislativas y el gobierno inició una serie de maniobras que le impidieron a la Asamblea ejercer sus atribuciones constitucionales, incluyendo la declaración de «desacato» por parte del Tribunal Supremo y la anulación de todas las leyes aprobadas. A ello siguió un intento de autogolpe, la decisión de Maduro de evitar el referéndum revocatorio (que Chávez sí había aceptado, y ganado, diez años antes) y finalmente la instauración de una Asamblea Constituyente votada según un mecanismo electoral ad hoc, cuya convocatoria (otra vez, a diferencia de lo que había hecho Chávez) no fue sometida a un plebiscito, y que en lugar de escribir una nueva Constitución operó en los hechos como un poder suprainstitucional que terminó de absorber las funciones legislativas. Desde mi punto de vista -y el de muchos analistas que hasta el momento habían acompañado al gobierno-, la frontera ardiente que separa a la democracia de otra cosa se atravesó durante ese período.

El resultado es un híbrido, una deformidad singular. Por un lado, evidentes rasgos autoritarios: control total de los poderes públicos, tutela militar, achicamiento de los espacios de libertad de prensa y las violaciones a los derechos humanos denunciadas por Bachelet. Por otro lado, persisten, aunque cada vez más arrinconados, espacios democráticos: Venezuela no es la Unión Soviética de Stalin ni Corea del Norte; tampoco China o Arabia Saudita. Ni siquiera es Cuba, con su sistema de partido único y su Granma. El juego electoral se ha ido desvirtuando hasta desaparecer casi por completo, pero hay marchas opositoras (el derecho de manifestación no ha sido cancelado del todo) y libertad de asociación, absolutamente prohibidas en los países mencionados. No todos los dirigentes opositores van presos: el gobierno nunca se atrevió a detener a Guaidó, por ejemplo. Aunque menguada, la libertad de prensa sobrevive, sobre todo en las redes sociales.  

La particularidad de este sistema se explica porque no es resultado de un plan preconcebido sino de un proceso que se fue dando progresivamente a partir de una serie de decisiones tomadas en función de las circunstancias del momento, respuestas improvisadas a problemas que estallaban, pensadas como provisorias, y que se fueron haciendo permanentes. Porque además el sistema venezolano es un producto del XXI, lo que implica no solo una configuración geopolítica diferente sino también un tipo de sociedad totalmente distinta a las sociedades que se beneficiaron —o padecieron— las revoluciones del siglo pasado. Esto hace del régimen venezolano una criatura única, cuyas marcas más reconocibles son la ineficiencia de gestión, la corrupción rampante y, sobre todo, el caos.

Si en algún momento fue un activo, un caso que la izquierda latinoamericana podía exhibir como ejemplo de progreso e inclusión, Venezuela hoy es un lastre, plomo en la mochila, a punto tal que el fantasma de venezolanización se ha convertido en uno los argumentos favoritos de la derecha regional. Venezuela incomoda, tal como demostró la polémica generada en el Frente de Todos por la decisión del gobierno de Alberto Fernández de acompañar el Informe Bachelet en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, decisión que despertó las críticas de un sector de la coalición oficialista y de diferentes intelectuales, en todos los casos a partir de versiones más o menos sofisticadas, más o menos poéticas del viejo apotegma que dice que criticar a la izquierda supone «hacerle el juego a la derecha». De acuerdo a este enfoque, condenar las violaciones a los derechos humanos equivale a apoyar la injerencia extranjera, ignorar la «doctrina Drago» o directamente apoyar la invasión estadounidense. 

El problema de esta posición es que elude el detalle de que una invasión —e incluso su versión light de bombardeos aéreos— es hoy imposible, dadas las características de la geografía venezolana, el contexto regional y el poder que conserva el chavismo. Sería un Vietnam a la enésima, impensable bajo un gobierno como el de Trump, que más que avanzar repliega sus tropas dispersas por el mundo: si se retiró de Siria e incluso, contra la opinión de sus generales, de Afganistán, ¿para qué iría a meterse en Venezuela? Por supuesto que la oposición venezolana, cuyas credenciales democráticas no son mejores que las del gobierno, cuenta con el apoyo de Washington y se vale de él para sus campañas de desestabilización, pero esto no le ha alcanzado para llegar al poder. Sucede que el declive venezolano tiene causas internas y es anterior a las sanciones de Estados Unidos; a diferencia de Cuba, no puede ser atribuido a ellas. Las sanciones pueden haber agravado la crisis, pero no la crearon. 

Hay perspectivas tajantes que miran la situación venezolana actual con los ojos de los setenta, como si el planeta se dividiera entre Washington y Moscú y hubiera que elegir entre uno u otro bando (o como si la escena fuera la misma de hace quince años, cuando gobernaba Néstor Kirchner y el mundo, la región y la misma Venezuela, que aún no se había hundido en el pozo de su tragedia, eran otros).

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En realidad, las alternativas de Argentina en la ONU no eran dos sino tres. La primera es la posición cínica de Estados Unidos, que denuncia las violaciones a los derechos humanos en sus países enemigos, que acusa a Irán o Venezuela pero tolera que el gobierno de Arabia Saudita asesine, descuartice y diluya en ácido el cuerpo de un periodista opositor que había ido a hacer un trámite a un consulado. La segunda opción es la de China y Rusia (y Venezuela), que por su propia situación interna hacen de cuenta que el tema no existe. Y la tercera, la más compleja, es la que eligió: acompañar la denuncia y condenar al mismo tiempo cualquier intervención, tal como señala mismo texto aprobado en Naciones Unidas.

¿Podría haberse abstenido, como México? Sí, pero con un costo triple: por un lado, mostrarse neutral frente a un informe severo que además —detalle que increíblemente se pasa por alto— dice la verdad. Por otro, abandonar la línea histórica e internacionalmente reconocida de defensa de los derechos humanos de la diplomacia argentina, que viene votando de este modo en la Comisión desde hace más de una década (incluyendo, atención antiimperialistas, una condena a Israel por la situación de los palestinos). México no ha hecho de los derechos humanos un eje de su diplomacia y no percibe a Venezuela como un tema crucial, como sucede aquí. Acompañarlo en la abstención hubiera supuesto, por último, desmarcarse del Grupo de Contacto, que busca una salida negociada a la crisis venezolana y que integran, entre otros, los gobiernos socialistas de Portugal y España (que también votó a favor del informe). 

Sub-óptima por definición, la posición del gobierno argentino no es diferente a la que exploran las democracias europeas frente a los sistemas iliberales que prosperan en la europeriferia, como Polonia o Hungría, o la que deben tantear cada vez que tienen que enfrentarse con países a los que por uno u otro motivo están atados, como Turquía, que integra la OTAN, o Rusia, que les provee energía. ¿Qué deben hacer las democracias consolidadas frente a las derivas autoritarias de sus socios? La pregunta común no tiene una respuesta fácil. Por eso, aunque hecha de grises y medios tonos y aunque obliga a explicaciones («Votamos pero…», «Condenamos aunque…»), esta postura incómoda es la más adecuada si lo que se busca no es hablarle al público local sino intentar una salida democrática, electoral y pacífica al laberinto venezolano. 

*Este texto de José Natanson fue originalmente publicado en la Revista Anfibia.

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