marzo 2, 2026

“Una detención no puede terminar en esto”: muere joven cubano bajo custodia del Estado

Al momento de su arresto, Yasmani Aranguren Caraballo, de 38 años, residía en el habanero municipio de Guanabacoa.
Yasmani Aranguren Caraballo
Yasmani Aranguren Caraballo (Foto: Nio reportando un crimen - Facebook)

LIMA, Perú – La muerte de Yasmani Aranguren Caraballo, de 38 años, ha sacudido a los vecinos de la calle Barreto entre San Antonio y Padilla, en el habanero municipio de Guanabacoa.

El joven fue detenido durante un registro vinculado a presuntas sustancias ilícitas y posteriormente perdió la vida mientras permanecía bajo custodia de las autoridades del régimen cubano.

Los familiares de Yasmani contaron a la página de noticias “Nio reportando un crimen” que el féretro fue entregado sellado para su velatorio, pero tras abrirlo encontraron el cuerpo con múltiples hematomas y marcas de maltrato físico.

Cubanet pudo confirmar la denuncia con los allegados del joven. Asimismo, esta redacción tuvo acceso a fotos del cadáver que exponen golpes visibles en la víctima.

Las autoridades cubanas no se han pronunciado hasta el momento sobre el caso de Yasmani Aranguren Caraballo ni han presentado un informe claro sobre las circunstancias o causas del deceso.

“Una detención no puede terminar en esto”, expresaron personas cercanas al caso.

Entre marzo de 2024 y marzo de 2025 unas 60 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado cubano, según el segundo informe anual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), programa de la asociación civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia.

El reporte, titulado Lo que cuentan los números, precisa que 47 de los decesos se vinculan con problemas de salud física o mental y falta de atención oportuna, y siete con violencia física directa. También subraya que no hay evidencias de pesquisas ni sanciones por estos hechos.

En el período examinado, el CDPC registró 1.858 eventos relacionados con personas encarceladas en Cuba; 1.330 de ellos fueron catalogados como violaciones de derechos humanos, lo que —a juicio de la organización— revela un patrón sostenido de violencia institucional y un deterioro crítico de las condiciones penitenciarias. 

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