MIAMI, Estados Unidos ― La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este viernes apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a empresarios mexicanos que quieran invertir en Cuba, un día después de que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales con las que el régimen busca abrir más espacio al capital privado, extranjero y de cubanos residentes dentro y fuera de la Isla.
“Es un cambio importante en una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía y ahí pues están haciéndolo para la inversión incluso, llamando a cubanos que dejaron la Isla hace tiempo a que inviertan en Cuba. Es importante reconocer esto que está haciendo el Gobierno de Cuba junto con su pueblo”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La mandataria mexicana aclaró que una eventual participación de México en las nuevas oportunidades abiertas por La Habana dependería del sector privado, no de una inversión directa de su gobierno. “Tendrían que ser empresarios y empresarias mexicanas”, afirmó al ser cuestionada sobre la posibilidad de que empresas del país inviertan en la Isla.
Sheinbaum indicó que esos empresarios podrían recurrir a la Cancillería mexicana para facilitar contactos institucionales. “Y pues ya empresarias, empresarios mexicanos que deciden invertir en Cuba. Igual se pueden acercar a la Cancillería, a Relaciones Exteriores si es que quieren tener algún contacto especial”, señaló.
Este jueves, la Asamblea Nacional Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de 176 medidas vinculadas con la vida económica y social del país. Entre los sectores incluidos figuran agricultura, energía, transporte, comercio exterior y turismo. También se contemplan cambios en el sistema bancario y financiero, eliminación de trabas para la aprobación de nuevos actores económicos, mayor autonomía municipal e incentivos para la inversión extranjera directa y las exportaciones.
El propio Parlamento cubano sostuvo que las medidas fueron aprobadas “sin que implique renunciar al proceso de construcción del socialismo”. Manuel Marrero Cruz, primer ministro del régimen, afirmó que las transformaciones “no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista, por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo”.
Las medidas detalladas por la prensa oficial cubana incluyen ampliar las facultades de las empresas estatales, descentralizar la aprobación de precios mayoristas y minoristas, flexibilizar el uso de utilidades después de impuestos y permitir que las empresas estatales puedan transformarse en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. Según el reporte de Granma, el Estado definiría su participación accionaria en los sectores de la economía y garantizaría una presencia mayoritaria en los considerados estratégicos.
El plan también prevé que las formas de gestión no estatal y personas naturales puedan comprar acciones “en la gradualidad que se defina”, así como permitir que empresas privadas y cooperativas realicen directamente actividades de comercio exterior, previa autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. En materia turística, se proponen nuevas modalidades como arrendamientos, derechos reales de usufructo, concesiones de áreas con activos o en desarrollo y venta de inmuebles con aprobación caso a caso, tanto para inversionistas extranjeros como para cubanos residentes en el exterior y en el territorio nacional.
En el sistema financiero, Díaz-Canel defendió la necesidad de bancos “más ágiles, más digitales” y dijo que el régimen abrirá espacio, “bajo regulación estricta”, a instituciones financieras “estatales, privadas, y extranjeras”. También afirmó que cualquier cubano residente dentro o fuera de la Isla que quiera invertir, donar, aportar tecnología, abrir mercados o levantar proyectos contará con “un marco claro, estable y respetuoso”, al igual que los inversionistas extranjeros.
El paquete incorpora además la transformación de subsidios universales en subsidios dirigidos a personas vulnerables. Según la exposición oficial, se eliminarán subsidios a productos como combustibles, electricidad, transporte de cargas y pasajeros, y tarifa de agua, con el propósito de trasladar costos reales a precios mayoristas y minoristas, mientras se crea un Fondo de Protección Social con parte del ahorro obtenido.
Díaz-Canel presentó las reformas como una respuesta a la crisis, pero insistió en que no implican una apertura política ni una renuncia al modelo socialista. “Cuba diseña y propone soberanamente los cambios que urge aplicar para remontar la crisis impuesta por la agresividad externa y las insuficiencias internas, sin más permiso que el de su pueblo”, declaró ante el Parlamento.
El gobernante cubano también vinculó las medidas con la emigración y la necesidad de captar recursos de cubanos fuera de la Isla. “En el empeño de corregir errores e insuficiencias, a la par que enfrentamos el cerco externo, hemos acordado emprender la siempre delicada misión de abrir aún más la economía, con prioridad para los cubanos residentes o no en el país”, dijo.
Reuters calificó el paquete como uno de los mayores cambios al modelo económico cubano desde 1959, al señalar que las reformas abren la puerta a bancos privados, desarrollo inmobiliario privado, transformación de empresas estatales en sociedades con acciones y mayor margen para empresarios privados. La agencia también apuntó que todavía no está claro con qué rapidez ni mediante qué mecanismos serán implementadas las medidas aprobadas.
La propia prensa oficial cubana ha reconocido la gravedad del escenario en que se anuncian los cambios. Granma reportó esta semana que Cuba atraviesa “la crisis multidimensional más grave desde el Periodo Especial” y mencionó una contracción aguda de la economía en el primer semestre de 2026, con un promedio diario de 20 horas de afectación eléctrica y 1.955 megavatios (MW) de déficit.
