MADRID, España.- El exministro de Justicia Óscar Manuel Silvera Martínez asumió esta semana la presidencia del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, en sustitución de Rubén Remigio Ferro, quien estuvo al frente del máximo órgano judicial del país durante casi tres décadas. El nombramiento, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre y formalizado durante la apertura del año judicial, confirma la continuidad política e institucional del sistema judicial cubano.
Silvera Martínez no es una figura ajena a los tribunales ni al poder estatal. Licenciado en Derecho, inició su carrera en la judicatura en tribunales municipales y provinciales de Granma, hasta escalar a cargos de mayor responsabilidad dentro del aparato judicial. Antes de llegar al Consejo de Ministros, fue vicepresidente del propio Tribunal Supremo Popular, un puesto clave dentro de la estructura judicial del país.
En julio de 2018, con la llegada de Miguel Díaz-Canel al poder, Silvera fue designado ministro de Justicia, cargo que ocupó durante más de siete años. Desde esa posición, estuvo vinculado a la aplicación y supervisión del entramado legal que ha acompañado el endurecimiento represivo de los últimos años, incluyendo reformas normativas y el funcionamiento de un sistema judicial señalado de carecer de independencia frente al poder político.
Uno de los episodios más controvertidos de la gestión de Óscar Manuel Silvera Martínez como ministro de Justicia fue su papel en la intervención del Estado en la masonería cubana, un conflicto que evidenció el alcance del control gubernamental sobre asociaciones civiles. Desde el Ministerio de Justicia, Silvera defendió el llamado “papel rector” del organismo sobre las asociaciones, amparándose en la Ley 54 de 1985, y negó públicamente cualquier injerencia estatal. Sin embargo, durante su mandato, el MINJUS avaló la imposición de Mayker Filema Duarte como autoridad masónica, una figura rechazada por amplios sectores de la Gran Logia de Cuba, que lo calificaron de usurpador.
Esa actuación fue interpretada por masones y juristas independientes como una intervención política directa en los asuntos internos de una organización históricamente autónoma, al desconocer procesos electorales propios y profundizar la crisis interna de la masonería. Bajo la dirección de Silvera, el Ministerio utilizó mecanismos legales y administrativos para subordinar a la masonería al control del Estado, sentando un precedente preocupante para el resto de las asociaciones civiles en la isla.
Durante su etapa al frente del MINJUS, especialmente en 2021 y 2022, Silvera fue uno de los principales defensores del Código de las Familias, sometido a referendo popular en septiembre de 2022. El entonces ministro presentó la norma como un avance jurídico, mientras sectores independientes cuestionaron que el proceso legislativo se desarrollara en un contexto sin garantías de pluralismo político ni libertades cívicas, y advirtieron que el nuevo marco legal no ofrecía protección efectiva a quienes disienten del sistema.
Su regreso al Tribunal Supremo no supone una ruptura, sino un retorno a la cúpula judicial desde una posición reforzada por su paso por el Ejecutivo. Silvera ha sido históricamente considerado un funcionario leal al aparato de poder, con estrechos vínculos con estructuras de control político y de seguridad del Estado.
Durante su discurso de toma de posesión, Silvera dejó clara esa alineación al afirmar que los jueces defenderán la Revolución y el sistema político vigente, un mensaje que vuelve a poner en cuestión el principio de separación de poderes en Cuba. Lejos de aludir a garantías de independencia judicial o a reformas estructurales profundas, su intervención estuvo marcada por referencias ideológicas y por la reafirmación del rol de los tribunales como sostén del proyecto político del régimen.
El relevo de Rubén Remigio Ferro —responsable de sentencias emblemáticas en procesos de alto perfil político— por Silvera Martínez no ha sido interpretado como una señal de cambio, sino como una continuidad generacional dentro del mismo modelo de control.
Con este nombramiento, el régimen cubano cierra el círculo entre Gobierno y justicia, colocando al frente del máximo órgano judicial a un dirigente formado, promovido y probado dentro del propio aparato político del Estado.
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