LIMA, Perú — Un jubilado de 81 años residente en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, denunció públicamente al Gobierno cubano tras recibir una multa de 21.000 pesos por vender fosforeras y tubos de pegamento en un pequeño punto de cafetería que instaló para complementar su pensión.
El anciano, identificado como Manuel Herrera Acosta, hizo pública su denuncia a través de Facebook, donde aseguró que no pagará la sanción y desafió abiertamente a las autoridades.
“Que vengan a meterme preso con 81 años”, escribió en su publicación, en la que relató las dificultades económicas que lo obligaron a emprender el pequeño negocio.
Según explicó, tras 48 años de trabajo ininterrumpido, la pensión que recibe no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
“Tengo 81 años y tuve que montar un punto de venta pequeño, de cafetería, porque no puedo mantenerme con la miseria de chequera que me pagan”, expresó.
Herrera Acosta señaló que inspectores estatales acudieron hace varios días a su local y le impusieron la multa por comercializar fosforeras y pegamento sin la autorización correspondiente.
Sin embargo, afirmó que el permiso fue solicitado hace aproximadamente un año y que hasta la fecha no ha recibido respuesta, en medio de trabas burocráticas.
Antes de hacer pública la denuncia, aseguró haber intentado resolver la situación por vías institucionales.
“Ya me quejé con el tal Melliso que atiende eso en el Poder Popular y fue completamente irracional, solo desea multar y multar”, denunció.
En su mensaje, el jubilado cuestionó las prioridades de las autoridades en un contexto marcado por la crisis nacional.
“Este país se ha vuelto una vergüenza, un castigo para los que trabajamos”, escribió, al tiempo que enumeró problemas como la acumulación de basura, los baches en las calles, la escasez de combustible, los apagones prolongados y las dificultades para acceder al dinero depositado en las tarjetas bancarias.
Para justificar su decisión de denunciar públicamente, citó una frase de José Martí: “ver un crimen en calma es lo mismo que cometerlo”.
El hecho se produce en medio de un mayor control sobre el sector privado y los pequeños negocios en Cuba. Desde 2024, el Gobierno ha reforzado el despliegue de inspectores para fiscalizar la actividad económica no estatal, en momentos en que miles de ciudadanos recurren al trabajo por cuenta propia como vía de supervivencia ante la insuficiencia de salarios y pensiones.
La denuncia de Manuel Herrera Acosta ha generado reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado solidaridad y han criticado la imposición de sanciones a personas mayores obligadas a seguir trabajando para subsistir.
Además, el caso del anciano es un reflejo de la crisis generalizada que atraviesa el pueblo en la Isla. Los cubanos siguen enfrentando los desafíos de un sistema cada vez más dolarizado, en el que la moneda nacional pierde su capacidad de compra y el acceso a bienes esenciales depende del acceso a divisas extranjeras.
