CARACAS, Venezuela.- El régimen ha avanzado de manera significativa hacia la toma definitiva de la Universidad venezolana a través de lo que hemos denominado la destrucción institucional de la Universidad por diseño. Con ello estamos hablando de una cadena de sucesos agresivos y sumamente negativos, continuados en las últimas dos décadas, para la sobrevivencia de la Universidad como una institución occidental, donde se conjugan tres elementos fundamentales que son la investigación científica-humanística, la docencia y la extensión fundamentada en el pensamiento libre y la asociación productiva con la sociedad civil democrática.
Hemos visto al régimen ejercer la violencia pura y dura, la estrangulación presupuestaria a través de los presupuestos reconducidos desde 2007; el pase de las nóminas de profesores al sistema patria, con el cual se les confisca el último resto de la ficción de ser profesores de una determinada universidad; la contratación colectiva única, que nos despoja de nuestra condición de profesores para convertirnos en trabajadores docentes; el encuadramiento como activos de las milicias, siendo el remate de la eliminación de toda dignidad existente como profesores investigadores y/o docentes; los salarios de hambre, ahora férreamente controlados por actores sindicales no elegidos por nadie, que además son de nuestro completo desconocimiento; el control político de profesores a través de la suspensión de dudosa legalidad de las elecciones de autoridades mediante sentencias del TSJ, condenándonos a un congelamiento de las relaciones institucionales con unas autoridades que ya pasan de dos lustros en el ejercicio de sus funciones, en un clima académico en fase de terminal.
Todo esto quedará consagrado legalmente cuando el régimen con su Asamblea Nacional termine de aprobar el actual proyecto de “Ley de educación universitaria”, que tiene el fin preciso de concretar su proyecto: adecuación del sistema de educación superior a toda la legislación existentes y por existir con el estado comunal y las nuevas estructuras regionales y estatales de las REDIS y las ZODIS; la consagración de la intervención política por organismos para-universitarios como los propuestos “consejo nacional de transformación universitaria” y los respectivos “consejos regionales de transformación”; la posibilidad de otorgar títulos de acuerdo a criterios de conveniencia -léase política- de los consejos comunales; eliminar el lazo entre profesores y estudiantes y la universidad, para establecerlo de manera centralizada con el Ministerio de Educación Superior, con esta dependencia se evapora toda posibilidad de defensa frente a arbitrariedades cometidas contra la carrera de los profesores y estudiantes; eliminar el sistema de educación superior como un mecanismo de movilidad social, para hacerlo un mecanismo de control político ideológico que convertirá a los profesionales, muy al estilo cubano, a ser mano de obra servil a los propósitos del régimen.
Todo lo anterior consagra un cuadro de intervención ya ejecutada, con el agravante de la toma de control de la Universidad Simón Bolívar y el nombramiento por el CNU de un Rector escogido a dedo, saltándose nada menos que el requisito de convocar como corresponde a la ley las elecciones para que fuera la comunidad USBista la que escogiera sus autoridades. Sigue el turno a la UCV, para ser directamente controlada por el régimen, ya se ejecutó una parte importante de este plan con el nombramiento de Jaqueline Farias como “protectora”, y con la ejecución de un programa de “rescate” de la infraestructura física, que no pasa de ser un costoso programa de jardinería.
Mientras todo esto viene ocurriendo la UCV está paralizada, con casi nula capacidad de reacción, ni siquiera por parte de las autoridades rectorales o gremiales, salvo honrosas excepciones. Esto último explica en gran medida la falta de movilización y de protestas de profesores y estudiantes hasta ahora esporádicas y/o simplemente mediáticas. Otro factor es la falta de un factor movilizante y aglutinante, una propuesta que permita unificar y poner en movimiento de rebelión a profesores y estudiantes.
Creemos que esta propuesta contra el régimen que puede despertar junto a otras la voluntad de protesta, el espíritu autonomista, aprovechando además la apertura de la investigación del régimen por delitos de lesa humanidad, sería la enérgica solicitud de las elecciones de autoridades de acuerdo a lo previsto por la Constitución de 1999 y la Ley de Universidades vigentes de 1971. Podría ser un fuerte factor de movilización, aun considerando los extremos factores de dificultad para el logro de tal objetivo, pero debemos movilizarnos y dejar constancia de que quien viola la ley e impide las elecciones es el régimen castro-chavista-madurista.
Con lo anterior, creemos igualmente en volver a ocupar los espacios universitarios no para dar o recibir clase, cosa de muy dudosa posibilidad por las condiciones adversas físicas y de trabajo al interior de la geografía ucvista, esto también debe ser un objeto de la lucha, lograr condiciones para la presencialidad que sean razonablemente aceptables para estudiantes y profesores, sometidos a condiciones de vida y de trabajo francamente inhumanas.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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