CIUDAD DE MÉXICO. – Las estructuras del sistema político y electoral de Cuba anulan la voluntad popular. Nadie puede estar seguro de que el Consejo Electoral Nacional (CEN), órgano encargado de conducir la celebración de referendos y elecciones, no fabrique o altere los resultados de las votaciones a puertas cerradas, sin auditoría de ciudadanos u organizaciones independientes al Partido Comunista de Cuba (PCC). Son los funcionarios designados por el PCC a nivel nacional, provincial y municipal, quienes se encargan del conteo de votos a puertas cerradas y de reportar los resultados al CEN.
Mecanismos espurios para el fraude
En elecciones anteriores y a propósito del referendo para votar la Constitución de 2019, activistas de la sociedad civil intentaron observar en las circunscripciones el conteo de votos, algo previsto en la ley electoral. Sin embargo, fueron expulsados de los colegios, arrestados con fuerza como en el caso del opositor José Díaz Silva, hoy preso político; o recibieron un “acto de repudio” en el colegio electoral, como ocurrió a la periodista Yoani Sánchez, directora del periódico 14ymedio. Es decir, observar el conteo de votos en la circunscripción ―unidad de base de los colegios electorales― es un derecho refrendado en la ley y violado por las propias autoridades.
La ley electoral cubana no permite la observación independiente del conteo de votos, de activistas o de organizaciones independientes al partido único en ninguno de los niveles, donde los representantes del régimen tienen las manos libres para producir el fraude en el conteo de los votos.
Es decir, si se permitiera la observación ciudadana durante el conteo de votos a nivel local, de todos modos, quedarían los niveles superiores y más importantes para fabricar cifras a puertas cerradas y sin control público.
Otro mecanismo espurio de la dictadura es la presión y represalias contra los ciudadanos que deciden no ir a votar. El voto no es obligatorio en Cuba; sin embargo, las organizaciones de masas creadas por el partido único, como los CDR, se permiten tocar a la puerta de los ciudadanos para pedirles que vayan a votar e informan a los centros de trabajo y estudiantiles la identidad de quienes no acudieron a las urnas. El control y el miedo intimidatorio que infunde este mecanismo ilegal se ha practicado a lo largo de los últimos 63 años.
Este sistema sin control público independiente produce fraudes en referendos y elecciones en Cuba.
No se puede descartar que en los dos referendos anteriores ―para votar la Constitución de 1976 y la de 2019― se hayan alterado las cifras de aprobación a puertas cerradas, para mostrar un supuesto respaldo popular no verificable.
Según el Parlamento cubano, el referendo de la Constitución de 1976 tuvo la participación del 98% de los electores y una aprobación del 97,7% de los votantes. El referendo de la Constitución de 2019, según el mismo Parlamento, tuvo los siguientes resultados:
“De 8 705 723 ciudadanos con derecho electoral ejercieron el voto 7 848 343, para un 90,15% de participación. Votaron afirmativamente 6 816 169 ciudadanos, que representan el 78,30% del total de personas con derecho a ejercer el voto, y el 86,85% de los que lo ejercieron. Estuvieron en contra 706 400 ciudadanos, que representan el 8,11% de los que debían ejercer su derecho al voto, y el 9% de los que votaron”.
Ambos referendos son ilegítimos de acuerdo a los estándares internacionales y consensuados de verificación por parte de observadores u organizaciones independientes de la sociedad civil, y/o por organismos internacionales invitados,.
Con las elecciones ocurre el mismo fraude
Además de no contar con verificación independiente al PCC, la ley electoral cubana de 2019 clausura la posibilidad de elegir a los representantes políticos en todos los niveles de elección. Como dice el investigador Leandro Querido en su libro Así se vota en Cuba, en la Isla “se vota, pero no se elige”.
En la historia de las elecciones cubanas solo dos candidatos independientes al PCC lograron postularse, en dos circunscripciones de La Habana, en 2015. No obstante, las Comisiones de Candidaturas del PCC, mecanismo copiado de las elecciones soviéticas, escribió en sus respectivas biografías ―único modo de los candidatos de darse a conocer― que ambos eran “contrarrevolucionarios”. Ninguno fue electo.
Por ley electoral y de facto, los cubanos no eligen a sus representantes, están prohibidos los candidatos independientes, el conteo de votos se realiza a puertas cerradas y no existe auditoría a ningún nivel. Los referendos y las elecciones en Cuba, en los últimos 63 años, han sido la historia del fraude institucionalizado por la dictadura totalitaria.
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