LA HABANA, Cuba. – Evidentemente hay insatisfacción en la cúpula castrista del poder debido a que no avanzan con la velocidad deseada las que ellos denominan “proyecciones gubernamentales para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”. Un proceso que en el lenguaje coloquial se conoce como el paquetazo económico del castrismo. Eso se evidenció durante una reciente reunión del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, con los gobernadores provinciales y el intendente de la Isla de la Juventud.
El señor Marrero dio a entender que no marchan bien procesos como la descentralización de competencias a los municipios, la reducción del déficit fiscal, el desarrollo del sistema empresarial y la integración entre todos los actores económicos (los estatales y los no estatales). Además, el alto funcionario destacó que “han faltado mano dura y medidas ejemplarizantes” en muchos lugares.
Por supuesto que el castrismo esperaba una activa participación de los cuadros intermedios (provinciales y municipales), y hasta de una parte de la población para llevar adelante su nueva estrategia. Máxime teniendo en cuenta el eslogan del oficialismo, en el sentido de que este proceso a nadie le es ajeno. Sin embargo, y de acuerdo con las propias palabras del primer ministro, las cosas no están sucediendo así. Esto fue lo que expresó Marrero al respecto: “Existen estructuras a nivel de provincia y de base que no se están metiendo en las comunidades, no se reúnen con el pueblo, hay desatención a las comunidades en muchos lugares”.
No debemos contemplar esta especie de apatía hacia las directivas provenientes de “arriba” como un suceso aislado. Se unen a otras actitudes evasivas, como el no completamiento de la plantilla de auditores, ni en la Contraloría ni en las empresas, así como las inspecciones de precios ―tan exigidas por las altas instancias del poder― que no se realizan con la rudeza que piden las autoridades.
Todo indica que muchos cuadros intermedios ―y quizás también algún que otro miembro de la nomenclatura superior― ya se hayan dado cuenta de que este régimen no tiene remedio, y por tanto opten por no comprometerse demasiado con el Gobierno. Aunque, claro, el que disfrute de alguna prebenda ―como, por ejemplo, un automóvil asignado por el tipo de trabajo que realice―, la defenderá por todos los medios.
En la propia reunión se habló sobre la contratación gubernamental a las producciones agropecuarias de los distintos productores, en especial a las formas no estatales de gestión de las tierras. El Gobierno aspira a que los productores contraten y después le vendan al Estado la mayoría de sus producciones, no obstante la ineficiencia de la estatal Empresa de Acopio, que muchas veces no recoge todas las producciones, y hasta no les paga puntualmente a los hombres que trabajan la tierra.
Pero en este asunto se manifiesta también esa especie de “desobediencia” hacia las directivas del poder, que consiste en resistirse a la contratación masiva con las empresas comercializadoras estatales. Trascendió en la reunión que no sobrepasa del 60% las contrataciones del Gobierno con los distintos tenedores de tierras.
El vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, presente en la cita, lamentó: “La gente se ha ido acostumbrando a que no se le contrate, y entonces llevan los productos al mejor postor, al que más le pague”.
Al parecer, le va a costar mucho trabajo a la maquinaria del poder llevar adelante su “corrección de distorsiones y reimpulso de la economía”.
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