LA HABANA, Cuba. — A lo largo del vía crucis que ha sufrido el pueblo cubano durante los últimos 64 años, hemos visto arbitrariedades de todo tipo perpetradas por el gobierno castrista. Entre esos atropellos descuellan los que de un modo u otro se relacionan con la administración de justicia (y conste que le doy ese nombre sólo porque es el mundialmente aceptado, y debido a que de algún modo hay que llamarla).
Desde el comienzo mismo del mes de enero de 1959, que presenció la trepa al poder de los barbudos, dieron inicio los llamados “juicios revolucionarios”. En ellos, guerrilleros huérfanos de cualquier conocimiento jurídico, designados al efecto por los autoproclamados nuevos jefes, se constituían en tribunal para enjuiciar a personeros del régimen caído, quienes eran procesados sin garantías de ningún tipo.
Se trató de un feroz ajuste de cuentas en el cual, so pretexto de “hacer justicia”, lo que primó fue la persecución, la venganza y el propósito (que se cumplió con tremenda efectividad) de instilar en el pueblo una idea que, pese a su crueldad, a su carácter despiadado, resultaba sencilla y clara: que los enfrentados al “Gobierno Revolucionario” podían contar con ir a parar al fatídico paredón de fusilamientos o, si tenían suerte, a una prisión inmunda en la que pasarían sus decenios de juventud.
Y conste que sé y reconozco que, entre los que fueron juzgados en aquellos meses iniciales, no faltaron algunos que habían perpetrado asesinatos u otros crímenes horribles al servicio del batistato. Lo que sucede es que los principales responsables de aquellos atropellos del régimen depuesto habían logrado huir con éxito al extranjero. Quedaron solo algunos subordinados a los que les tocó pagar por los desaguisados de los fugitivos.
Con el paso del tiempo, la represión (y su rostro más horrendo: el paredón) fueron destinados a todo el que se enfrentara al nuevo régimen. Esto último fue catalogado como el peor de los crímenes, ¡y ello bajo un gobierno que llegó al poder con promesas de libertad, democracia y restablecimiento de los derechos fundamentales proclamados en la Constitución de 1940!, pero que en realidad cerró todo cauce legal para cualquiera que se opusiese a las políticas oficialistas.
En un momento determinado, se extinguieron los terribles “tribunales revolucionarios”, pero sus funciones fueron asumidas por las llamadas salas de delitos contra la Seguridad del Estado que se constituyeron en el seno de algunos de los tribunales provinciales. Se trataba de “el mismo perro con diferente collar”; aunque hay que decir que en esas salas políticas, los jueces (no los legos, pero sí los profesionales) son graduados en derecho. ¡Pero para lo que les sirve!…
Estas amargas reflexiones vienen al caso ahora cuando el régimen castrocomunista ha inaugurado una nueva modalidad represiva: Este jueves 7 entró en vigor la Resolución número 19 de 2023, dictada por la Jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del MININT (Ministerio del Interior). La nueva disposición contiene una arbitraria lista de personas y organizaciones que, de hecho (y como si estuviésemos en tiempos de la fatídica Revolución Francesa), han sido colocadas “fuera de la ley”.
Y es por esta última razón que afirmo que el castrismo ha inaugurado una nueva modalidad represiva: hasta ahora, los instructores e investigadores del mismo MININT urdían los expedientes contra los acusados de turno; los fiscales de la Seguridad del Estado formulaban la acusación; y después los jueces (en ocasiones sobre la base de las declaraciones de un solo testigo: el instructor del caso) dictaban la sentencia condenatoria. Pero ahora, los casos de los compatriotas que aparecen en la “lista negra” elaborada por la primera coronel Moraima Bravet Garófalo (que así se llama la directora general del MININT), ese orden (no importa cuán ficticio y arbitrario él sea) ha sido subvertido. Los “agraciados”, sin haber sido sometidos a juicio ni haber contado con la menor posibilidad de defensa, han sido incluidos en la “Lista Nacional de Terroristas”.
En las líneas finales de la citada ordenanza se asegura que existen “elementos probatorios debidamente documentados, que satisfacen los criterios de designación definidos en las normas internacionales y nacionales mencionadas en esta Resolución” (y entre estas últimas aparecen no sólo disposiciones cubanas como el Código Penal, el Decreto-Ley 317 o la Resolución 16 del Ministro del Interior, sino también la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU).
Es decir: ¡que se invocan no solo normas redactadas a su entero gusto por los burócratas comunistas, sino que se pretende convertir en cómplice del nuevo atropello a la Organización de las Naciones Unidas! Sí, porque eso (y no otra cosa) es lo que significa invocar la referida Resolución 1373 (que versa sobre “la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento”), pero interpretándola, ¡claro!, “a la castrocomunista”.
Porque es el caso que, de manera absolutamente arbitraria, en la espuria “Lista Nacional de Terroristas”, en virtud de la Resolución 19, han sido incluidos blogueros, influencers, periodistas y líderes de movimientos políticos pacíficos. Se trata de personas que proclaman, sí, su enfrentamiento al comunismo antillano, pero que lo hacen en el terreno de las ideas y la no violencia.
Creo que la respuesta mejor a esta nueva arbitrariedad castrocomunista la dio uno de los incluidos en la “lista negra”, quien, refiriéndose al nuevo ucase, profirió con ese fin una expresión que resulta francamente lapidaria: “Me lo pongo de medalla”.
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