LA HABANA, Cuba. — El tema de si los opositores deben o no presentarse como candidatos en las próximas elecciones municipales de Cuba sigue concitando el interés público. Esto incluye un artículo de opinión escrito por mí y publicado por este mismo diario digital el martes primero. Me parece oportuno escribir ahora una crónica para referirme al trabajo publicado en 14yMedio por Ariel Hidalgo; así como citar comentarios que me hicieron Hildebrando Chaviano y el líder opositor Guillermo (Coco) Fariñas.
El artículo de Hidalgo se intitula “La disidencia debe entrar al ruedo electoral”. En él, el autor no sólo abunda en los argumentos por los cuales, en su opinión, la oposición debe emprender esa vía; también recuerda a un defendido mío cuando, decenios atrás, el régimen comunista aún no me había prohibido ejercer mi profesión de abogado.
Ariel Hidalgo recuerda el caso de Javier Roberto Bahamonde Massot, primer cubano que trató de postularse como candidato independiente a concejal. Aclaro que el referido intento no alcanzó el éxito. Bahamonde nunca logró pasar de la asamblea de nominación de candidatos; pero más importante resulta —creo— la mezquina jugarreta escenificada contra él por los castristas. Fue por ella que el frustrado aspirante a concejal requirió de mis servicios profesionales.
Es el caso que, aunque Ariel Hidalgo describe a Javier Roberto como “ingeniero y doctor en Pedagogía”, su condición de disidente político le impedía ejercer esas profesiones. Para librar su sustento y el de su familia, el compatriota se veía obligado a trabajar como fotógrafo por cuenta propia, y esto, para colmo, en la época en que el régimen castrista no concedía licencias para ello.
La acusación de “actividades económicas ilícitas” no se hizo esperar. El Tribunal Municipal que lo juzgó, en lugar de la multa que bien pudo haberle impuesto por tratarse de una persona decente y sin antecedentes penales, lo condenó a prisión. Sin embargo, no hizo uso de una facultad arbitraria que la legislación procesal cubana le otorga: la de enviar al reo a la cárcel sin esperar a que la sentencia se haga firme.
Al llegar las actuaciones a la corte provincial, esta dispuso el encarcelamiento de Bahamonde. Esto dio lugar a que, aparte de representarlo en el recurso de apelación, yo iniciase un proceso de hábeas corpus. Mi argumento era sencillo: a diferencia del Tribunal Municipal, el Provincial no está facultado para enviar a prisión a un acusado cuya sentencia no esté firme por haber él apelado.
La vista de apelación ante el Tribunal Provincial se celebró un día por la mañana. El recurso fue declarado sin lugar, por lo que la severa sentencia municipal quedó firme en el acto. La vista del proceso de hábeas corpus, en el Tribunal Supremo, tuvo lugar en la misma fecha, pero en horas de la tarde. Esa otra moción fue declarada sin lugar.
En medio de todo esto, alcancé un triste consuelo. En el hábeas corpus obtuve una victoria que debo calificar como pírrica. La más alta corte del país reconoció que el Tribunal Provincial, al disponer el encarcelamiento de Bahamonde, violó la Ley. Sin embargo, como al momento de ventilarse ese segundo proceso ya la injusta sentencia dictada contra el acusado había ganado firmeza, el Supremo declaró sin lugar el recurso presentado.
El caso de mi colega y amigo personal Hildebrando Chaviano Montes tiene características diferentes. En pasadas elecciones municipales él sí logró ser postulado; pero durante un intercambio me comentó características de su experiencia que bien merecen conocer -creo- los lectores de CubaNet.
Lo primero a señalar, en ese contexto, es el surgimiento de una especie de “colegio electoral fantasma”. Me cuenta Hildebrando que en su circunscripción había dos que eran perfectamente conocidos. Después, al demorarse el anuncio de los resultados y preguntar él las razones de la tardanza, le dijeron que faltaban los resultados de un tercer colegio electoral. Nadie supo explicarle jamás dónde radicaba ni quiénes eran los ciudadanos que sufragaban en él.
Su tendenciosa “biografía”, redactada por algún burócrata del partido único, merece un párrafo aparte. Por ejemplo, no mencionaron los dos años que Chaviano trabajó como profesor de derecho. Por cierto, todas las mentiras que pusieron en ella resultaron contraproducentes. El mismo candidato fue testigo de un señor que, tras leerla, exclamó: “¡Al fin veo a alguien con vergüenza en esto!”.
En cuanto al programa que pretendía desarrollar en caso de ser electo, Hildebrando me dice que la única ocasión que tuvo para hablar públicamente de él fue al autoproponerse como candidato. Entonces expresó su idea de conseguir que los centros gastronómicos de la zona suministrasen algunos alimentos (no sobras) a los necesitados, contar con los recursos del municipio (que nadie sabe en qué se emplean) y preocuparse por los moradores de las cuarterías (algunas de ellas a punto del derrumbe).
Por último, me referiré al intercambio que sostuve con el licenciado Guillermo (Coco) Fariñas Hernández. El líder opositor villareño me explicó que, en su zona de residencia, las comisiones de candidatura suelen intervenir en el proceso de nominación de los candidatos a concejales; incluso vetan a personas que ya han sido escogidas por sus conciudadanos. Aclaro que la Ley Electoral no contempla esa facultad. O sea, que estamos hablando de una nueva arbitrariedad castrista.
En medio de trabas artificiales como las aquí expuestas, avanza el actual proceso de nominación de los candidatos a delegados municipales. Veremos en qué desemboca. Por el momento, la asistencia de los electores sigue siendo pobre. Era de esperar en medio de la miseria y el desencanto total que el inoperante socialismo burocrático ha implantado en nuestra desdichada Cuba.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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