LA HABANA, Cuba. – Habrá más control sobre los nuevos actores económicos y más papeleo para tratar de contrarrestar el robo en las entidades estatales.
En la reunión del Consejo de Ministros en que el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez solicitó un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó un plan que contiene más de 40 medidas encaminadas igualmente a tratar de contrarrestar a tales figuras sociales.
Una de las medidas anunciadas por Marrero Cruz se refiere a la adopción de un sistema de control para los nuevos actores económicos. En esta clasificación entran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.
El señor Marrero no aclara si este control tendrá que ver con el tope de los precios de los bienes y servicios que oferten estas formas de gestión no estatal; con el origen de las materias primas e insumos que utilizan; o si en lo adelante las autoridades determinarán el objeto social de esas entidades. Mas, sea de una u otra manera, lo cierto es que este control adicional sobre los nuevos actores económicos ―ya de por sí sujetos a una buena dosis de supervisión― va en contra de la autonomía que ellos necesitan para funcionar adecuadamente, al tiempo que se acrecienta el perjudicial centralismo gubernamental en la conducción de la economía. Una tendencia que se aleja del espíritu con que se inició la denominada actualización del modelo económico.
Otra de las disposiciones expuestas por el primer ministro apunta a la obligatoriedad de que cada municipio, provincia, organismo de la Administración Central de Estado y empresa confeccione un plan, con medidas concretas, en función de enfrentar las ilegalidades, el delito y el robo en cualquiera de sus manifestaciones. Un plan que se prevé sea verificado en cada una de las visitas que los jerarcas del poder realicen a territorios y entidades.
De todos es conocido que las empresas y entidades están obligadas a implementar un sistema de control interno que les permita ―antes de que actúen los controladores externos― detectar las anomalías, principalmente las relacionadas con el delito económico, que se presenten en sus distintas áreas. Precisamente, en estos días debe culminar la verificación nacional del control interno, que se lleva a cabo bajo la égida de la Contraloría General de la República.
Y ahora, además de ese engranaje de control interno, las entidades deberán cargar también con el mecanismo de control contenido en las medidas planteadas por el señor Marrero Cruz. Evidentemente, asistimos a un incremento de la burocracia, con un papeleo mayor, y a la postre con la probable desatención de los cuadros en territorios y municipios de su tarea básica en la producción y los servicios.
En otra parte de su intervención en la reunión del Consejo de Ministros, el alto funcionario castrista instó a “la rendición de cuentas ante los colectivos laborales de los cuadros, dirigentes, funcionarios y empleados sobre el uso de los recursos”.
Por supuesto que cuando Marrero habla de cuadros, dirigentes y funcionarios que deben rendir cuenta sobre el uso de los recursos se está refiriendo al personal de nivel intermedio, a lo sumo en empresas y provincias. El primer ministro nada dice acerca de la jerarquía del poder que anida en las altas esferas del Gobierno, el Estado y el Partido Comunista. Porque esos no le rinden cuentas a nadie de las prebendas que disfrutan ni de los recursos que dilapidan.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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