LAS TUNAS, Cuba. ─ “¡Por fin tendremos carne de res!”, escuché exclamar a alguien el pasado jueves en Puerto Padre, ciudad del oriente cubano donde desde la época del colonialismo español y hasta marzo de 1962 nunca faltaron las carnicerías bien abastecidas hasta que, parafraseando una canción castrista, “llegó el comandante y mandó a parar”.
Ahora sobresalta y entristece, por lo que al futuro de Cuba concierne, cómo medios de prensa, académicos, políticos y personas interesadas en asuntos cubanos han calificado de “importantes cambios” el más reciente paquete de medidas anunciadas por el régimen castrocomunista para, supuestamente, incrementar la producción agropecuaria y con ella la alimentación del pueblo.
Las medidas anunciadas en vísperas del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) son “importantes” ─sí─ para quienes las dictan, no para quienes están dirigidas. En realidad, se trata del mismo discurso, manido por reiteración en más de medio siglo de gatopardismo. Se trata de cambiar para que nada cambie, para mantener en el poder a un clan en apuros que ahora con la llamada Tarea Ordenamiento incumple el contrato social establecido con los cubanos.
“La carne de res es para nosotros los cubanos el pan nuestro de cada día”, dice Oscar Pino Santos, un comunista convencido, en un reportaje de 1954 sobre la ganadería en Cuba. Si ─como nos sugirió Platón en La república─ la justicia es un pacto entre egoístas racionales, entonces entenderemos el papel que jugó y que ahora juega la carne de res en el contrato social establecido por el castrocomunismo con los cubanos.
A cambio del sometimiento de la mayoría, el castrocomunismo prometió y ofertó derechos, bienes y servicios expropiando a la minoría. Pero en más de medio siglo de pésima administración, en lugar de reproducir los bienes confiscados, el régimen empobreció la economía rural al punto en que hoy se encuentra: en la ruina, que va más allá de no poder pagar el sometimiento de los cubanos con bienes y servicios subsidiados por el erario público.
Hoy, con precios abusivos, de monopolio, el castrocomunismo expropia los recursos personales de la mayoría de los cubanos como un día confiscó las propiedades de la minoría. Y productores y clientes de bienes agropecuarios no escapan a esa usura: al ganadero le pagan sus animales con pesos cubanos devaluados, mientras la carne de ese mismo ganado es vendida a los cubanos cobrándoles dólares estadounidenses.
Si entre 1959 y 1963 el régimen expropió toda la propiedad rural en Cuba, exceptuando las pequeñas fincas campesinas, hoy los intervenidos son los precios de venta de los productores agropecuarios y los de compra del cliente, valga decir, de la población cubana toda.
Cuba poseía en 1958 un rebaño nacional estimado en seis millones de cabezas de ganado, algo así como una res por habitante. Pero en 1961 ya el hato había descendido a 5 776 333 cabezas, 223 667 reses menos que en 1958.
Con el propósito de “proteger el rebaño”, la matanza de ganado vacuno y la venta de sus carnes fuera de las regulaciones estatales pasaron a ser delito con la aplicación de la Ley No. 1018 del 20 de marzo de 1962.
Posteriormente, mediante la Ley No. 1 249 de 1973, se establecieron sanciones más severas, de dos a cinco años de privación de libertad, para los que “sin autorización previa del órgano estatal específicamente autorizado para ello, o fuera de los mataderos legalmente establecidos o de los lugares autorizados para la matanza, sacrifiquen ganado vacuno, tanto si es para la venta como para el consumo propio”.
Mientras la población cubana prácticamente se duplicó entre 1958 y 1989, la masa ganadera en Cuba disminuyó en algo así como 1 080 334 cabezas, reduciéndose el per cápita de 0,92 a 0,46 cabeza por habitante. Según fuentes oficiales, en 1989, la existencia de ganado vacuno en Cuba era de 4 919 000 reses.
Con tal disminución de la masa ganadera, en lugar de dar facilidades a los campesinos para incentivar la cría de ganado vacuno y la comercialización de sus carnes ─comercio monopolizado por el Estado y sólo disputado por el abigeato, entonces, mediante la Ley No. 87 de 1999─, el régimen optó por imponer multas a los campesinos que perdieran ganado en los robos ─con lo que desestimuló el oficio de vaquero─ y sanciones mayores a los cuatreros.
“El que, sin autorización previa del órgano estatal específicamente facultado para ello, sacrifique ganado mayor (reses, caballos, búfalos, asnos, mulos), es sancionado con privación de libertad de cuatro a diez años”, señala el artículo 240.1 del Código Penal.
Pero al adecuar la sanción, atendiendo a las circunstancias agravantes concurrentes, el tribunal puede aumentar hasta la mitad la sanción máxima, por lo que no resulta raro que en Cuba, por el sacrificio de reses, un acusado reciba 15 años de cárcel, mucho más, o igual, que por matar a una persona. “El que mate a otro, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años”, conceptúa el delito de homicidio.
En la Isla, la cartilla de racionamiento fue establecida por la Ley No. 1 015 de 12 de marzo de 1962. Ocho días después, mediante la citada Ley No. 1 018, con la prohibición del sacrificio de reses, el comercio de carne vacuna pasó a integrar el monopolio del Estado.
Esas leyes, aunque bajo otras denominaciones, están vigentes desde hace 59 años. Y, por supuesto, lo que los juristas llamamos “la cosa sobre la que recae la acción criminosa”, que es el objeto material, en este caso el ganado sacrificado sin “autorización previa del órgano estatal”, permanecerá ahí, protegido por el legislador; si desapareciera, iría contra el derecho constitucional comunista.
Ahora, incumpliendo una importante cláusula del contrato social que hicieron con los cubanos ─la de igualdad de clases─, sin carne de res para vender por la cartilla de racionamiento, pero vendiendo carne de res en las tiendas que operan con dólares estadounidenses, el Buró Político del Partido Comunista (PCC) autorizó la “comercialización de carne bovina y el autoconsumo a los productores”, después de cumplir “el compromiso con el encargo estatal” y siempre que garanticen “que no haya decrecimiento” de la masa ganadera.
Si el régimen no consiguió detener el “decrecimiento” de la masa ganadera y debió suspender la venta de carne de res racionada, sustituyéndola por picadillo mezclado con harina de soya u otros subproductos… ¿cómo los campesinos administrados por el Estado podrán ahora podrán vender carne de res liberada a los cubanos después de cumplir “con el encargo estatal” y no antes, si después de confiscadas las fincas ganaderas y desaparecidas las subvenciones de la extinta Unión Soviética (URSS) en Cuba no hay ganado ni infraestructura para su manejo?
A los excesivamente optimistas les recuerdo que para tener carne de res en Cuba primero debemos tener ganado de carne; y, antes del ganado, pastos, heno, ensilaje, forrajes de corte, piensos, agua, insecticidas, medicinas, árboles en los potreros, cobertizos en los corrales, tractores, implementos agropecuarios y sobre todo… ganaderos bien retribuidos.
Ganaderos y ganado tuvimos en Cuba y fueron destruidos, precisamente, por quienes ahora pretenden rehabitar la carnicería cubana. ¿Renacerá el ganado y el ganadero en Cuba? Por decreto, nunca; por vocación, sin capital de inversión está por ver.
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