LA HABANA, Cuba. – Solo la participación pacífica e independiente de todos los cubanos podrá revivir la Patria, sumida en la mayor crisis de su historia. “La libertad oprimida cautiva a todo pecho generoso”, decía José Martí.
La represión del Gobierno se ensaña contra los cubanos 19 años después de la Primavera Negra de 2003. Las súbitas y multitudinarias manifestaciones pacíficas del pasado año reventaron las burbujas idílicas de los altos dirigentes cubanos. A la reacción inicial de convocar a los “revolucionarios” a enfrentar agresivamente al pueblo se ha sumado la estrategia del garrote con la zanahoria: condenas de hasta 30 años para los manifestantes y muchos recorridos por barrios desfavorecidos donde las protestas se encendieron.
Hace casi 20 años, en marzo de 2003, fueron apresados 74 hombres y una mujer. Su verdadero crímen era procurar la participación pacífica en las decisiones políticas, económicas y sociales del país mediante agrupaciones esparcidas por toda la Isla, así como haber logrado un respaldo creciente al Proyecto Varela, promovido por Oswaldo Payá. Ellos recibieron sentencias de hasta 28 años de cárcel y fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Gracias al apoyo internacional y la mediación de la Iglesia Católica y el Gobierno español, muchos fueron excarcelados en 2011 mediante licencia extrapenal, no sin antes haber atravesado por grandes sufrimientos. Los que se quedaron en Cuba han sido (como José Daniel Ferrer) ―o aún pueden ser― devueltos a prisión. No obstante, el Gobierno pretende enmascarar el carácter político de sus procesos, como ocurre en el caso de Félix Navarro, sobre quien aún pesa una condena de 25 años de cárcel y ahora está siendo procesado por su presunta participación en las manifestaciones del 11J.
Las desproporcionadas condenas por supuesta incitación a protestar han sido el común denominador en estos casos. La sumatoria de 1 916 años de cárcel recibidos por 128 personas acusadas de hurto y sedición durante las protestas en Toyo y La Güinera se conoció oficialmente este 17 de marzo. Pero aún se desconoce cuándo la Fiscalía Militar celebrará el juicio del policía que mató a un joven el 12 de julio.
Los reclamos pacíficos que inundaron las calles el 11J han sido enturbiados por las autoridades, que han usado ciertos actos vandálicos para intentar ocultar el amplio descontento existente. Para preservarse en el poder, el Gobierno emprendió el “mejoramiento” de los barrios, con gran despliegue mediático de las visitas del gobernante Miguel Díaz-Canel y su comitiva.
Por su parte, la Unión Europea calificó de desproporcionadas y duras las sentencias impuestas por los tribunales, e instó a las autoridades de la Isla a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.
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