MADRID, España.- Una joven cubana fue asesinada en el habanero municipio San Miguel del Padrón presuntamente por su pareja, quien la apuñaló en mitad de la calle en la madrugada de este miércoles, según revelan reportes en redes sociales y medios independientes.
La mujer, identificada como Dianny Caballero y de unos 23 o 24 años de edad, vivía junto a su pareja y su hija (de una relación anterior) de cuatro años en el municipio Vertientes, en Camagüey, pero viajaban a la capital en busca de mercancía para vender en su lugar de residencia, según reveló una fuente a Cubanos por el Mundo.
Su presunto victimario se nombra Jorge Socarrás Guerra y se encuentra prófugo. De acuerdo al creador de contenido Almakki Díaz, quien fue uno de los primeros en denunciar el crimen, este ocurrió en la calle Martí, en El Diezmero.
Vale destacar que la plataforma de apoyo a personas en situación de violencia de género YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) aún no se han pronunciado al respecto.
Este crimen sería el sexto feminicidio registrado en 2024 en Cuba, de acuerdo al registro de estas plataformas.
El 2023 fue testigo de un alarmante aumento de feminicidios en Cuba, con 88 casos reportados, la cifra más alta desde que grupos como YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) comenzaron a recopilar datos en 2019. Las estadísticas revelan un perfil de las víctimas: mujeres de 37 años, residentes en zonas rurales, con al menos un hijo y asesinadas por sus exparejas.
En diciembre pasado, el propio Gobierno cubano reconoció que en 2023 habían tenido lugar 117 hechos por “muerte violenta de mujeres”. Sin embargo, el régimen se negó a reconocer que se trataba de feminicidios, desligándose de cualquier responsabilidad en estos hechos violentos.
La visibilidad e inmediatez de los casos de feminicidio en medios independientes y en redes sociales llevó al régimen a proponer un Registro Administrativo Interoperable, “que permita contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”.
No obstante, las organizaciones feministas consideran que esta medida es insuficiente y que el Gobierno debe tomar acciones concretas para prevenir y sancionar la violencia machista.
Asimismo, demandan que se tipifique el delito específico de feminicidio, la creación de refugios y sistemas de rescate para mujeres y sus hijes en peligro, la legalización del activismo y la aprobación de una ley integral contra la violencia de género.
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