MIAMI, Estados Unidos. – El Parlamento del régimen cubano está a punto de aprobar su ley de Comunicación Social, una norma que se espera regule el funcionamiento de los medios de prensa en la Isla. Poco antes de que el proyecto legal sea aprobado por los diputados este miércoles, periodistas y diversas organizaciones no gubernamentales expresaron su temor de que la ley represente un endurecimiento de las restricciones sobre los medios digitales independientes que operan en el país sin ser reconocidos por el régimen y cuyos periodistas están sometidos al acoso y las amenazas de cárcel de las autoridades.
El proyecto de ley solo reconoce la legalidad de los medios que están, de una forma u otra, vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en el país. Esta estipulación se alinea con la Constitución aprobada en 2019, que establece que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Sin embargo, el proyecto de ley va un paso más allá al establecer directrices sobre el contenido, restringiendo cualquier información que pudiera “desestabilizar el Estado socialista”.
La propia “Fundamentación” de la ley asegura que la norma está inspirada en el legado de “Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución”. Esta afirmación, junto con otras disposiciones de la ley, ha provocado la preocupación de organizaciones internacionales que temen un aumento de la presión sobre periodistas y medios no oficiales/oficialistas.
Los defensores gubernamentales del proyecto de ley destacan su importancia como la primera legislación de su tipo y enfatizan que el borrador que se votará es el número 34, lo que, según ellos, refleja un intenso debate interno. También destacan ciertas novedades, como la inclusión por primera vez de la posibilidad de financiación a través de publicidad.
Sin embargo, Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, criticó en una entrevista con EFE que la ley no garantiza la libertad de prensa ni permite la difusión de contenidos independientes de los producidos por el Estado.
Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, concuerda con esta posición, afirmando que la ley no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes ni del periodismo ciudadano.
En declaraciones a EFE, Peña consideró que la ley de Comunicación Social “cierra el círculo” que comenzó con la “tolerancia a regañadientes” del Gobierno cubano durante el “deshielo”, un período en el que florecieron los medios digitales críticos. Ahora, varios años después, muchos de estos periodistas y redacciones se han visto forzados a trabajar desde el exilio, principalmente desde Miami, Madrid y México, debido a las presiones y amenazas de la Seguridad del Estado.
