LA HABANA, Cuba. – El juicio de las hermanas Lisdany y Lisdiany Rodríguez Isaac se celebrará presuntamente este 15 de diciembre, aunque el abogado ni la madre de las jóvenes, Bárbara Isaac, han sido notificados. Las hermanas, de 23 años, se enfrentan a una petición fiscal de 10 años de privación de libertad por haber salido a manifestarse el 11 de julio en la ciudad de Placetas, provincia de Villa Clara.
Los juicios de los manifestantes del 11J en esa región han sido planificados para los días 14, 15 y 16 de diciembre. Al menos la familia de Demis Valdés Sarduy, uno de ellos, asegura haber sido informada como corresponde, aunque no haya garantía ninguna de justicia. La esposa de Valdés Sarduy, Yanela Sánchez Manso, dijo a CubaNet que “el 14 se presentan los casos, el 15 será para los testigos y el 16 se darán las conclusiones”.
Sin embargo, a menos de 24 horas del presunto juicio contra sus hijas, Bárbara Isaac permanece en total incertidumbre sobre lo que sucederá.
Los supuestos delitos que se les imputan a las dos hermanas son los de desorden público, propagación de epidemias, desacato, atentado e instigación a delinquir. A ambas, les ha sido negado un cambio de medida y se les ha aplicado desde el inicio la prisión preventiva como medida cautelar.
“Citaron a uno de los testigos de las trillizas [así las llama su madre porque nacieron tres hermanas y una murió siendo bebé]. El abogado no sabe nada; inclusive en la última visita, la guardia esa de allí que la atiende a ellas me dijo que no tenía conocimiento de nada de juicio y que regresáramos el jueves a la visita”, denunció Isaac en entrevista con CubaNet después de haber regresado de la prisión de Guamajal (Santa Clara), donde se encuentran encarceladas sus hijas.
Los demás testigos también se han comunicado con la madre para hablarles de la fecha; sin embargo, ella sigue sin haber sido notificada oficialmente.
Bárbara Isaac denuncia que el delegado del MININT de Placetas, Héctor de la Fe, ha ido amenazando a algunos testigos lo mismo para obligarlos a testificar que para que testifiquen en contra de sus hijas.
Es el mismo delegado que una de sus hijas en una llamada desde la prisión denunció por estar presuntamente empeñado en acusarlas de delitos que no han cometido. La madrugada de la detención, De la Fe sacó a las jóvenes a golpes de su casa junto a otros hombres que dijeron ser oficiales de la Seguridad del Estado.
La ley exige a los testigos, una vez notificados oficialmente, que se presenten en los tribunales para ofrecer testimonio. Sin embargo, es arbitrario que reciban visitas de la Policía o de cualquier autoridad y sean interrogados o amenazados con ser expulsados de sus trabajos si no incriminan a los acusados, justo lo que ha estado sucediendo en el caso de las dos jóvenes de Placetas y otros, según denuncias de sus familiares.
A Lisdany y a Lisdiany les piden 10 años en el que posiblemente sea el único país donde gritar en la calle constituya un delito tan grave que deben esperar juicio en prisión, mientras su madre es acosada o secuestrada por la Seguridad del Estado, tal como le sucedió el 15 de noviembre al salir de su casa vestida de blanco para exigir la libertad de sus hijas. De hecho, un método de tortura para doblegar a las dos hermanas ha sido intimidar a su madre, quien ahora está sola a cargo del cuidado de su nieto.
En el Auto de Imposición de Medida Cautelar dictado por la Fiscalía Municipal de Placetas y firmada por la licenciada Belinda Rosmery Monteagudo Valdivia, también aparecían los nombres de Jorge Modesto Valdivia León, Yasmani Noel Pupo Soto, Yaimary de la Caridad Regalado y Juvier Jiménez Gómez, cuya situación legal se desconoce actualmente.
Las irregularidades en los procesos judiciales contra los manifestantes del estallido social del 11 de julio han sido el factor común a todos: testimonios construidos, testigos que no conocen a los acusados, fiscales y jueces condenando en juicios sumarios basados en sesgos raciales, sociales y de género, así como peticiones fiscales draconianas.
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