LA HABANA, Cuba. — “Te puedo dar un chance para que vayas y la pagues. De lo contrario tengo que llamar a la patrulla, y se están llevando a todo el mundo preso”, fueron las palabras de una funcionaria del Ministerio del Interior (MININT) que, según contó a CubaNet el ciudadano Duniel Orta, escanea el carnet de identidad a los cientos de clientes que pasan diariamente por la tienda Harris Brothers (HB), de la Habana Vieja.
En la puerta de ese Centro Comercial, ubicado en la céntrica calle O’Farrill de la Habana Vieja, un grupo de trabajadores encargados de ordenar las colas que dan acceso a los diferentes departamentos confirman que a lo largo de la semana otras personas no han tenido la misma suerte de Orta, quien pudo saldar la deuda en la Oficina Municipal de Cobro de Multas (OMCCM) y retornar a comprar. Cada jornada, aseguran, “algún que otro cliente sale por la puerta de atrás, con las esposas puestas”.
Hace dos años que las autoridades escanean la identificación de las personas que acuden a los comercios en Moneda Libremente Convertible (MLC) con el propósito de detectar a coleros y revendedores. Desde noviembre pasado, el mecanismo de control también incluye la búsqueda de personas con multas pendientes de pago. Los deudores con multas duplicadas son arrestados mediante la “vía de apremio administrativo”, obligándolos a pagar o comparecer ante los tribunales.
En la Comandancia General de la Brigada Especializada de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), conocida en la ciudad como la estación de Cuba y Chacón, miembros de ese cuerpo represivo dieron a conocer que los detenidos cuentan con 72 horas hábiles para efectuar el pago de la multa. De no traer consigo el dinero requerido, el pago puede ser efectuado por un familiar. Vencido el plazo se formula la denuncia que da inicio al proceso penal.
“Si tienen dinero para comprar en MLC, tienen que tener para pagar la multa. No se justifica que no lo hagan. Si realmente existe algún motivo para no haber pagado, no tienen de qué preocuparse, porque en el juicio se van a poder defender”, explicó un Sargento de Segunda en la unidad de Cuba y Chacón.
Nora Hierrezuelo, trabajadora de la OMCCM en Regla, explicó que el impago de una multa impuesta por infringir las normas de higiene comunal y sanitaria durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 redunda en un presunto delito de Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Comisión de Contravenciones dispuestas en el artículo 170 del Código Penal.
“Pasarían —los infractores— a disposición de un proceso penal, de competencia de los Tribunales Municipales”, dijo Hierrezuelo, quien aclaró que el procedimiento no aplica de la misma manera para los deudores de multas por decretos no derivados de la pandemia.
“Con estas personas se omite el paso de notificación, la advertencia de que si no pagan van a quedar en manos de los tribunales. No es lo mismo que los multados por contravenciones, donde la autoridad competente puede usar el modo de compensación que estime. O sea, actuar de manera profiláctica o aplicar la ley al extremo“, destacó Hierrezuelo.
No obstante, la “vía de apremio administrativo“ se aplica a todos por igual. Ángel Ramos, quien fuera arrestado de manera violenta mientras aguardaba para entrar al mercado de la tienda Rosseland, narra haber tenido que pasar la noche del 21 de noviembre en la estación policial de la calle Zanja —municipio de Centro Habana— por deber una multa —de tránsito— cuyo monto duplicado era de 40 pesos.
“El carnet saltó —se detectó la multa impaga— y no quisieron devolvérmelo para que me fuera, a pesar que lo imploré. Llamaron a la policía y en menos de quince minutos ya estaba esposado, dentro del patrullero -comentó Ramos-. En las horas que estuve -preso- en Zanja conocí a otro muchacho que habían cogido en La Época, por una multa de 150 pesos. Es una cacería ilógica, abusiva, y sin derecho a réplica”.
La multa pendiente de Ramos correspondía a un Decreto-Ley aplicado en septiembre, por transitar en una motorina sin licencia de conducción. Durante la detención, atendiendo a sus reclamos, los agentes del orden le reiteraron que “sin importar el motivo” -de la multa- “la orientación es que todo el que deba va directo al calabozo, hasta que pague lo que debe”.
En la Plaza Carlos III, un oficial de la PNR -que se identificó como el Capitán Raudel- explicó que “no existen motivos para la morosidad” en los pagos, pues, “para mayor facilidad”, en las unidades municipales de la PNR se habilitaron espacios para que gestores designados por la OMCCM puedan cobrar las multas.
Impagos por rebeldía… y por necesidad
En la OMCCM de la Habana Vieja, Duniel Orta pudo conversar con la gestora de cobro que tramitó el pago de su multa. Según la funcionaria, las detenciones y la coerción sobre los deudores es el resultado de una cadena de impagos que, reconoce, va en ascenso debido a la agresividad de las autoridades a la hora de aplicar la ley.
Aún así, Orta destaca que la mujer recalcó la necesidad de recaudar dinero para el país: “Es mucho el billete que anda regado en la calle, de alguna forma tenemos que recogerlo. Son millones que nuestra oficina puede aportar a los planes del Estado”.
Más de un año pasó desde la aparición de la COVID-19 en la Isla y la creación de un primer paquete de contravenciones -contenidas en el Decreto 14 específicamente para la capital-, en agosto de 2020, estableciendo sanciones administrativas -multas de entre 150 y 500 pesos- que sustituyeron la utilización del delito de propagación de epidemia como método preferencial de sanción.
“Fue un período donde lo importante era crear conciencia, primero educar y luego poner la multa de ser necesario”, resaltó un agente del orden con identidad resguardada. “Muchos hicimos resistencia -a poner multas-, por las necesidades que pasa la mayoría de la gente”.
La aprobación del Decreto 31, en enero de 20121, además de ampliar las contravenciones y extenderlas al resto del país, incrementó el monto de las multas de 2 000 a 3 000 pesos. Como plus, la nueva regulación trajo un cambio de perspectiva en la interpretación de la norma y la severidad con que se comenzó a aplicar. La mayoría de contravenciones impuestas están relacionadas al uso de la mascarilla.
En medio de la severa escasez de alimentos que sufre la población, y el incremento del costo de servicios públicos como la electricidad y el transporte, a muchos sancionados les resulta imposible pagar una multa -de 3 000 pesos- que significa poco más del salario mínimo -2100 pesos- que devenga un obrero.
A tenor de las consecuencias, no pagar termina siendo la única forma de defensa que tienen una parte de los multados, confiesa Ofelia Cardoso, una exmaestra de 42 años que jubilada por peritaje médico tiene que aprovechar cada centavo de su chequera para cubrir sus gastos básicos y los de su hijo, un estudiante de segundo año de preuniversitario.
“En cualquier momento me tocan a la puerta, sabes, para pasarme la cuenta. Pero tengo que aguantar, somos muchos en la misma situación. Además, es demasiado dinero, 6 000 pesos por una multa -duplicada- que me pusieron arbitrariamente, a la fuerza, por bajarme el nasobuco unos segundos para tomar agua después de cinco horas parada en una cola para comprar pollo”, confesó Cardoso.
Por su parte, Rubén Rodriguez recordó que el gobierno había anunciado que las multas se podrían pagar por plazos, establecidos en dependencia de las posibilidades económicas de cada deudor. Sin embargo, en la práctica, la supuesta facilidad de pago jamás fue reconocida por las OMCCM.
“Fue una mentira, un engaño para calmar un poco los reclamos de la gente. Saben que lo que hicieron fue masacrar al pueblo. Párate en la calle y pregunta, para que veas, como yo todo el que tiene multas de estas, calientes –altas-, te va a decir lo mismo: Que me metan preso, pero no voy a pagar”, comentó Rodríguez.
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