MADRID, España.- El régimen dictatorial cubano podría condenar entre 4 y 10 años de privación de libertad a quienes, según sus consideraciones, reciban financiamiento extranjero para apoyar acciones antigubernamentales.
La nueva regulación se incluyó en un anteproyecto del Código Penal publicado recientemente por el Tribunal Supremo Popular en su sitio web y que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de 2022.
Bajo el título “Otros actos contra la seguridad del Estado”, la disposición se incluye en el Capítulo V del Código Penal.
Según el artículo 143 de este capítulo, “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
Mientras que el artículo 144 plantea que “quien al tener conocimiento de la preparación o ejecución de cualquier delito contra la seguridad del Estado, no lo denuncie, sin perjuicio de tratar de impedirlo por todos los medios a su alcance, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años”.
Según el Código Penal, estas medidas son para proteger a la sociedad, a las personas y al orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República de Cuba.
De aprobarse esta legislación, el Gobierno cubano contará con otra herramienta legal represiva, señaló el abogado Eloy Viera, quien además recordó que el régimen castrista recurre “al financiamiento extranjero como principal argumento para descalificar a personas e iniciativas no alineadas a su disciplina partidista”.
“La filantropía y el financiamiento a organizaciones e individuos que pretenden desarrollar labores lícitas no es considerado delito en la mayor parte del mundo. Al contrario, la aplicación a fondos públicos o privados, nacionales o extranjeros es una forma muy común de sostener actividades tan diversas como la promoción de los derechos humanos o la investigación científica”, dijo Viera.
Como ha venido ocurriendo, entre los más perjudicados estarían los periodistas independientes que ejercen su profesión en la Isla, a quienes el Gobierno cubano reprime y acusa constantemente de estar financiados por potencias extranjeras.
Un informe publicado por Artículo 19 este mes denunció que “en Cuba, la prensa vive bajo un asedio sistemático por parte del gobierno”, así como se refirió a “las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, que ocurren de manera sistemática y generalizada”.
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