MADRID, España.- La primera jornada del juicio que decidirá la continuidad o no del programa de parole humanitario implementado por la administración de Joe Biden se desarrolló este lunes de manera positiva para los defensores del programa, según los especialistas.
De acuerdo al periodista experto en temas migratorios Mario J. Pentón y el abogado Jesús Novo, los estados demandantes no mostraron casi evidencias ni, como se suponía, nuevas pruebas ante el tribunal y el juez federal Drew B. Tipton.
Mientras que el gobierno federal “salió muy bien”, presentó nuevos testigos que contaron historias afirmando que el programa funciona y que ha tenido éxito en la reducción de la crisis humanitaria en la frontera.
De acuerdo a la agencia AP, citada por Pentón, los estados demandantes señalaron que el parole está aumentando los costos asociados con el cuidado de las calles, que está deprimiendo los salarios y las economías de los estados, saturando los servicios.
Sin embargo, señala Pentón, el centro de leyes y política de emigración dijo al juez que nada de esto es cierto, sino que el programa está ayudando a cubrir la escasez de mano de obra en el país.
Según informó el abogado de inmigración José Guerrero a Noticias 23, el juez puso como fecha el 29 de septiembre próximo para que ambas partes presenten sus argumentos finales.
“De ahí el juez se va a tomar su tiempo, puede ser un mes, puede ser dos meses para que tome una decisión sobre si el programa es ilegal o no”, dijo Guerrero.
El juicio, que se desarrolla en Texas, estaba programado inicialmente para el 15 de junio pasado, pero su comienzo fue pospuesto por Drew B. Tipton para este 24 de agosto debido a solicitud de ambas partes: tanto los 20 estados republicanos demandantes como el Gobierno federal, quienes necesitaban más tiempo para desarrollar sus argumentos.
Los demandantes argumentan que el presidente no tiene la facultad por ley de crear un programa de visados que debería haber pasado por el Congreso; así como que ha causado daños a sus territorios, debido a la gran cantidad de personas que están llegando y por ello la saturación de los servicios públicos. Ambos argumentos son refutados por el Gobierno, que destaca que el programa de parole humanitario ha permitido salvar decenas de millones de dólares pues han disminuido considerablemente las entradas ilegales por fronteras.
Los estados demandantes son: West Virginia, Wyoming, Louisiana, Mississippi, Missouri, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Texas y Florida.
El pasado viernes Estados Unidos informó que más de 41.000 cubanos han sido beneficiados con el parole humanitario.
