LA HABANA, Cuba. – Desde el último trimestre de 2022 hasta lo que va de 2023 diversas organizaciones de derechos humanos han registrado en la Isla una escalada de delitos y crímenes violentos tales como asesinatos, agresiones y robos con fuerza en viviendas y negocios. No obstante, estos reportes, aunque preocupantes, podrían no ser más que la punta del iceberg, habida cuenta del tradicional secretismo gubernamental en relación a los altos índices de criminalidad (en relación a todo, en realidad) y sin olvidar que solo un pequeño porcentaje de las víctimas acuden a formalizar la denuncia.
“Ir a la Policía es dejarte robar tu tiempo, además de tus posesiones”, sentencia con amargura un conocido al hablarle del tema. “Aquí los delitos solo se resuelven en Tras la huella, en la televisión”. Y es que, a despecho de lo publicitado en la serie policíaca de turno producida por el Ministerio del Interior (MININT), demasiados cubanos hemos experimentado cómo policías, abogados, fiscales, especialistas de Planificación Física y demás funcionarios estatales se empeñan en desalentarnos y disuadirnos e incluso desestiman nuestras denuncias de asaltos, amenazas, difamación, robos, invasión de domicilio, violaciones de las regulaciones urbanas o cualquier otro delito o ilegalidad cometido en nuestra contra, por grave que este sea.
Así pues, los cubanos a merced del castrismo no tenemos dudas de que vivimos sumidos en la más absoluta desprotección. Desde hace ya al menos un par de décadas se nos ha hecho evidente a los habitantes de la mayor de las Antillas que los delitos e ilegalidades que se cometen contra personas naturales rara vez reciben la debida justicia, especialmente cuando la transgresión es causa de disputas (y por lo tanto, desunión) entre ciudadanos. Por el contrario, cuando es el Estado el afectado los infractores reciben todo el peso de la ley.
A esto se añade que en caso de cometer infracciones o incluso delitos (contra otros ciudadanos, se entiende) los allegados e incondicionales de la cúpula tienen prácticamente garantizado, cuando no absoluta impunidad, al menos un proceso más benévolo y condescendiente que quienes no gozan del amparo del régimen (como botón de muestra recuérdese el lamentable caso del agresor sexual Fernando Bécquer, que al saberse descubierto, habilidosamente atinó a escudarse tras aquella elocuente y socorrida frase: “Yo no creo nada, yo creo en la Revolución”).
Por otra parte, una serie de individuos inescrupulosos (de los que no faltan en mayor o menor medida en ninguna nación, pero sobreabundan en una sociedad descompuesta por el totalitarismo) llevan sus infracciones al extremo cuando los perjudicados son activistas de derechos humanos u opositores, y no precisamente porque apoyen al régimen, sino porque han comprendido que esos ciudadanos reciben aún menos respaldo de los representantes de la ley.
Simultáneamente, los feminicidios y la violencia doméstica y de género van en aumento, pues en una sociedad regida por la ley del más fuerte una gran parte de la población percibe como inevitable que cualquier hombre decida abusar de mujeres que no tienen “quien las represente”, de ahí que la mayor cantidad de atropellos e ilegalidades se cometen contra aquellas familias que carecen de integrantes del sexo masculino.
Otro fenómeno bastante alarmante es el aumento de la crueldad innecesaria aplicada durante la comisión de los delitos, algo que sin dudas apunta a un marcado deterioro en la psiquis de los malhechores, una de las innegables evidencias del daño antropológico causado por más de seis décadas de dialéctica artificial castro-estalinista.
Como trasfondo de nuestras inverosímiles cotas criminalísticas es fácil identificar la negligencia gubernamental en cuanto a servicios básicos como la vivienda, la alimentación, la educación y la salud. Para el castrismo no es una prioridad el nivel de vida de los cubanos, de manera que el presupuesto estatal se destina casi exclusivamente a su permanencia en el poder, en detrimento de la seguridad ciudadana. Y es que en Cuba ni las fuerzas del orden ni el sistema judicial han sido diseñados, entrenados ni educados para resguardar el patrimonio o la integridad física de las personas decentes, sino para reprimirnos y para ejecutar medidas encaminadas a perpetuar al grupo que hoy detenta el poder.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.