MIAMI, Estados Unidos. – Siete militares cubanos objetores de conciencia remitieron esta semana una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, Rubén Remigio Ferro, a quien pidieron que respetara e hiciera respetar la Constitución vigente en la Isla desde 2019.
A raíz de las multitudinarias protestas registradas en Cuba el pasado 11 de julio y la posterior represión desatada por el régimen de la Isla contra los manifestantes, los militares recordaron al presidente del Tribunal Supremo Popular que la Constitución era “la norma jurídica suprema del Estado” y que “todos están obligados a cumplirla”.
“Las disposiciones y actos de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, así como de las organizaciones, las entidades y los individuos se ajustan a lo que esta dispone”, mencionaron.
“¿Por qué usted permite que el artículo séptimo de la vigente Constitución se vulnere y los militares que ordenan sancionar, se burlen de jueces y fiscales y sean utilizados como elementos de coerción, coacción y control social, si en ella no se exceptúa de su obligatorio cumplimiento a ninguna persona residente o no, que se encuentre en territorio nacional?”, también preguntaron a Remigio Ferro.
E insistieron: “¿Dónde está la independencia de la judicatura en Cuba que, permite que manos militares sean los que dispongan, cuando se sanciona y a quienes se sanciona?”.
Los siete firmantes de la carta abierta también condenaron los procesos penales llevados a cabo contra cientos de jóvenes que supuestamente incurrieron en el delito de “propagación de epidemias” el pasado 11 de julio, y que fueron arrestados o sometidos a la medida cautelar de prisión domiciliaria.
En ese sentido, recordaron que el Decreto-Ley 31 de 2021 establece “bien claro” que se aplicarán multas a las personas que no hayan usado (o no hayan usado correctamente) el nasobuco; y que se hayan aglomerado en espacios públicos.
“¿Por qué sancionar como delito dichas infracciones, si el Decreto Ley ya mencionado establece que, solo se iniciaran acciones penales vencido el termino de los 30 días naturales posterior a la duplicación de la multa?”, se preguntan.
Más adelante aseguran que “es imposible hablar de la igualdad ante la ley y la protección que gozan todos los ciudadanos, cuando vemos como el presidente designado del país, señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó para el día 17 de julio a cientos de sus seguidores a la Plaza de las Banderas, o como la marcha que en número de cientos de jóvenes fue convocada para el pasado 5 de agosto. ¿Por qué no aplicarles a ellos y a sus organizadores el artículo 187 de la Ley Penal como lo hicieron con los jóvenes que pacíficamente marchaban pidiendo libertad? ¿En qué mundo se cree el señor Díaz-Canel que está viviendo? ¿Dónde está la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de la que habla el artículo 7 de la vigente Constitución cubana?”, volvieron a preguntar.
En ese sentido, los firmantes también cuestionaron al presidente del Tribunal Supremo “con qué moral privar de libertad, por el delito de propagación de epidemias a los que pedían libertad y expresaban su inconformidad de forma pacífica por demás, en juicios amañados y violando el debido proceso y no aplicar el mismo delito a los convocados por el gobierno. ¿Dónde está el respeto a los derechos de reunión y manifestación pacífica del que habla la Constitución en su artículo 56?”.
Finalmente, emplazan a Remigio Ferro: “Usted tiene hoy la responsabilidad histórica de ponerle fin a todos estos actos violatorios de las leyes cubanas; de no hacerlo para no perder su cargo o por miedo a represalias del Gobierno, renuncie, no continúe siendo cómplice de una dictadura que ha mantenido oprimido a nuestro pueblo por 62 años”.
La misiva aparece firmada por el general de Brigada Rafael del Pino Díaz, por los tenientes coroneles Máximo Omar Ruiz Matose, Raúl Luis Risco Pérez, Mario Rivas Morales y Alfredo Lima Pérez; por el teniente Ángel Madrazo Giro y el suboficial Carlos Anaya.
No obstante, los militares objetores de conciencia aseguran que firmaron y dirigieron la carta abierta “en representación de decenas de militares activos y en la reserva” cuyos nombres no fueron incluidos “por seguridad”, pero que “en su momento prestarán sus declaraciones”.
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